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Autos incautados de narcotraficantes

Nacional > DELINCUENCIA

Cifras récord de procesados por lavado en los últimos dos años

El año pasado fueron a prisión 47 personas y este año 40; en 2005 habían sido 10

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28 de septiembre de 2013 a las 19:18

Algunos manejan glamorosos autos y compran edificios en Punta del Este, pero todos pisotean por igual la ley. Cada año, más personas terminan en prisión por lavar dinero. El año pasado Uruguay batió su récord en procesamientos por este delito. Terminaron tras las rejas 47 personas. Este año, las autoridades prevén que se batirá un nuevo récord. En los primeros nueve meses de 2013, la Justicia procesó a 40 personas por lavado de activos.

En total, desde 2005 la Justicia uruguaya ha dictado 283 procesamientos por lavado de dinero, según datos proporcionados por la Secretaría Antilavado a El Observador. En 2005, año desde el que se tiene registro, hubo 10 procesamientos. A pesar de los altibajos, la tendencia en los últimos ocho años ha sido ascendente. En 2006 hubo 26; en 2008, 37; en 2012, 47.

El incremento en el número de procesados coincide con la tendencia mundial, explicó una fuente de la Secretaría Antilavado. Esto no significa que en Uruguay y el mundo se lave cada vez más dinero, sino que los organismos que trabajan en la prevención y represión de este delito se han ido especializando para combatirlo, señaló.

Uruguay creó la Secretaría Nacional Antilavado, dependiente de Presidencia de la República, en 2009. Ese año también comenzaron a funcionar los dos juzgados especializados en Crimen Organizado y el Parlamento aprobó una nueva ley antilavado que transformó a los escribanos, los casinos, las inmobiliarias, los rematadores en sujetos obligados a denunciar operaciones sospechosas.

La operación Campanita, por la que fueron procesados más de 30 delincuentes integrantes de una banda liderada por el narco colombiano Alexander Pareja, marcó un mojón en el combate al narcotráfico y el lavado de dinero.

Por esa causa fue procesado y condenado a la pena de 10 años de penitenciaría el contador Ruben Weiszman como responsable de “un delito continuado de lavado de activos”. También fue procesado el abogado Carlos Curbelo Tammaro y la Justicia incautó las torres Tamaro, Jardín del Mar y Torre Eiffel, todas en Punta del Este. Además, incautó joyas por un valor US$ 43 mil.

Estos bienes son administrados por la Secretaría Nacional de Drogas (SND), que los lleva a remate judicial. Por causas de lavado de dinero, vinculadas a narcotráfico, la Justicia ha incautado –desde 2005 a la fecha– 100 vehículos aproximadamente, informó a El Observador la SND. La lista incluye tres Mercedes Benz (entre ellos uno modelo 350 y otro SLK), tres BMW 325, un Volvo 540, un semirremolque y un Chrysler Cherokee. Los últimos dos ya fueron rematados.

La Justicia incautó 31 inmuebles, entre ellos una casa en Carrasco y una en Ciudad de la Costa, además de los edificios en Punta del Este. También incautó dinero en efectivo: US$ 70 mil, € 120 mil y $ 500 mil.

Los expertos aseguran que para este tipo de delincuentes es más doloroso perder sus bienes que ir a prisión, porque mientras mantengan sus bienes, la organización puede seguir funcionando.

“No dejan mal de boca”

Los expertos en lavado de dinero coinciden en que una de las mayores dificultades para combatir el delito es que la sociedad no ve a quienes lavan dinero como delincuentes. “El problema de la violencia económica es que no deja suficiente mal de boca a la ciudadanía; sin embargo, los delincuentes de cuello blanco compran poder, contaminan el sistema y potencian al delincuente, que además se infiltra en la sociedad ordinaria y es cada vez más difícil detectarle y atacarle”, dijo Gonzalo Gómez de Liaño, jefe de Estudios de Enseñanzas Especiales del Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda de España, en diálogo con El Observador.

El director de la Secretaría Antilavado y presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), Carlos Díaz, comparte esta visión, tal como la ha expresado en varias entrevistas.

Pero no todos los procesados por lavado de dinero estuvieron vinculados al narcotráfico. La ley 18.494 prevé 22 delitos precedentes a lavado de dinero, entre ellos, el contrabando superior a US$ 20 mil, el tráfico ilícito y la trata de personas, el proxenetismo y la estafa. No es delito precedente de lavado de dinero en Uruguay la evasión fiscal, aunque organismos internacionales han recomendado que lo sea.

Los dos juzgados especializados en Crimen Organizado investigan unas 20 causas de lavado de dinero en Uruguay, entre ellas, la compra del campo El Entrevero; las cuentas en Uruguay del extesorero del Partido Popular de España, Luis Bárcenas; y el enriquecimiento de oficiales de la armada a través de compras falsificadas. Además, la Justicia uruguaya colabora con la argentina en una causa sobre lavado de dinero que investiga la transferencia de futbolistas.

CASOS PENDIENTES

El Entrevero

Jueza: Adriana de los Santos
Fiscal: Juan Gómez

Daniel Pérez Gadín, contador del empresario Lázaro Báez, socio del difunto expresidente argentino Néstor Kirchner, compró, a nombre de la sociedad anónima Jumey, 152 hectáreas del campo El Entrevero, en José Ignacio por US$ 14 millones. Para el pago del campo se utilizaron seis bancos, lo que genera sospechas de lavado, según los expertos. La Justicia aguarda saber qué delito se indaga en Argentina para avanzar.


Bárcenas

Juez: Néstor Valetti
Fiscal: Mónica Ferrero

El extesorero del Partido Popular de España (PP), Luis Bárcenas, fue procesado con prisión en su país como medida cautelar por un caso de corrupción y lavado de dinero. En 2009, luego de quedar implicado en el caso, Bárcenas transfirió al menos € 800 mil desde el banco suizo Lombard Odier al Discount Bank de Montevideo. La Justicia uruguaya investiga, además, su vínculo con el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou.


Pases de futbolistas

Juez argentino: Norberto Oyarbide
En Uruguay, cooperan la jueza De los Santos y el fiscal Gómez

En Argentina la Justicia investiga transacciones de futbolistas que encubren presuntamente casos de evasión fiscal y lavado de dinero. Varios clubes uruguayos de fútbol eran utilizados para concretar la operación, puesto que en Uruguay los impuestos por las transacciones son menores en relación con los argentinos. Crimen Organizado coopera en este caso.

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