13 de diciembre de 2020 5:00 hs

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Presupuesto, luego de los cambios realizados en el Senado, y de esta forma termina el periplo legislativo presupuestal. Si bien la discusión no tuvo grandes sobresaltos para el gobierno, algunos temas quedaron por el camino porque no lograron el respaldo de los partidos de la coalición. 

Muchos artículos fueron modificados y se aprobaron con cambios respecto a lo que el gobierno había enviado inicialmente pero fueron pocos los temas que no pasaron el filtro parlamentario –ni tampoco fueron desglosados para estudiar aparte-.

Asentamientos

A pesar de los intentos hasta último momento en la Cámara de Diputados, el Programa de Mejoramiento de Barrios quedó en la órbita del Ministerio de Vivienda. El proyecto inicialmente redactado por el gobierno pasaba ese programa a Presidencia, para ser coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 

Se trata de una de las herramientas que tiene el gobierno para intervenir en asentamientos. 

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Sin embargo, ni Cabildo Abierto ni el Partido Colorado –ambos partidos representados en el Ministerio de Vivienda por la ministra Irene Moreira y el subsecretario Tabaré Hackenbruch respectivamente– acompañaron esta iniciativa y el Partido Nacional decidió, finalmente, tampoco votar el cambio para el programa sobre asentamientos. Fue el artículo que generó más debate y, finalmente, los cabildantes y los colorados le ganaron la pulseada a Presidencia.

De todos modos, el presidente tomó cartas en el asunto e inició negociaciones con el Ministerio de Vivienda para tratar de acercar el programa a Presidencia. 

Una de las opciones que está arriba de la mesa, y convence a las autoridades de Vivienda, es que Presidencia esté al frente de la coordinación y planificación pero que sean los ministerios los que ejecuten las obras.

Salarios en empresas públicas

Fue uno de los primeros temas en quedar por el camino. El proyecto establecía un aumento de unos $ 60 mil –pasando de $ 175 mil a $ 235 mil– para los presidentes de las empresas públicas, pero no pasó de la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de la Cámara de Diputados. 

Si bien los legisladores de la coalición compartían el motivo de fondo, entendieron que no era el momento para aprobar este artículo por la situación de crisis sanitaria y económica que vive el país. Ningún partido acompañó esta iniciativa del gobierno. 

Dentro del tema salarial, el gobierno también tuvo que permitir que cargos que cobraban más que un ministro tuvieran aumentos en el período. El texto enviado por el Ejecutivo establecía que ningún jerarca que cobrara más de $ 277 mil por mes iba a ajustar el salario. 

Sin embargo, los ministros de la Corte y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que cobran más que los ministros de Estado, sí tendrán aumento porque fueron exceptuados del inciso que establecía el congelamiento salarial. Esta modificación se dio para no incidir en la escala salarial del Poder Judicial porque todos los salarios están enganchados y al congelar unos quedaban todos sin ajuste. 

Ferias vecinales

Uno de los artículos del proyecto de gobierno pasaba el control de las ferias vecinales a manos de las intendencias departamentales en un 100%. Además, se transfería a la Intendencia de Montevideo la “administración y todos los cometidos que sobre las ferias alimentarias vecinales” ejerce actualmente la Dirección General del Comercio del Ministerio de Economía. 

Pero ese artículo también quedó por el camino. Ni siquiera salió de la comisión de Hacienda de Diputados, el primer escalón por el que pasó la ley. 

Personal militar en misiones oficiales

El gobierno pretendía establecer que el personal militar y civil del Ministerio de Defensa que fuera designado en misiones oficiales y diplomáticas tuviera que permanecer “como mínimo” seis meses en territorio nacional luego de retornar de la misión. Ese artículo, el 104 en el proyecto del gobierno, tampoco fue votado en el Parlamento. 

Promociones comerciales

El Ministerio de Economía pretendía controlar “la realización de promociones comerciales de productos y servicios con otorgamiento de premios para cuya obtención intervenga el azar” y para eso establecía que fuera obligatoria su autorización. Tampoco prosperó en el Parlamento. 
 

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