Codicen admitió que se violó laicidad y pedirá se quiten carteles antireforma

El Codicen fue convocado por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes para dar explicaciones sobre los cuestionamientos que generaron las pancartas colocadas en las fachadas de las instituciones. 

Silva dijo que este miércoles se reunirían con los gremios del liceo 28 y la dirección del Consejo de Formación en Educación para obtener una respuesta. A ambos se les pidió que retiraran los carteles. "Las autoridades correspondientes están apostando a una instancia de diálogo que respaldamos", dijo Silva. 

Para el consejero las pancartas atentan contra "principios legales y normativos y constitucionales que tienen que ver con la laicidad y la prohibición de proselitismo" aunque entiende que "los estudiantes tienen derecho a debatir, a discutir estos temas y que el principio de laicidad comprende que estos temas se traten dentro del centro educativo". La diferencia principal que plantea es que el cartel no se encuentre en la fachada de la institución.

Facebook: Centro de Estudiantes de Magisterio

"El centro de educativo es para todos, no solo para los que tienen una posición, así que es por eso que se está pidiendo que lo saquen. Hay coincidencias en el Codicen en esta postura. Lo que falta es que se concrete, que los carteles salgan en los dos casos", sostuvo.

La directora del Consejo de Formación en Educación, Ana Lopater, dijo a El Observador este lunes, al ser consultada por el cartel, que no estaba al tanto de su existencia de pero señaló que "son estudiantes adultos y en un centro de estudiantes se pueden manifestar". "De todas maneras nos comunicaremos con el gremio, en principio, tal vez haya que restringirlo a la cartelera gremial y no hacerlo tan públicamente que compromete a todo el edificio", manifestó Lopater.

"Tenemos que verlo y conversarlo con el gremio, que es como nosotros siempre solucionamos las cosas, con el diálogo", añadió.

El Consejo de Secundaria ya había solicitado que se quitara el cartel, pero ante esa medida, el gremio estudiantil del liceo hizo una votación en la que los estudiantes decidieron que se mantendría, por 35 votos contra 13. Según una joven que concurre a la institución, para la decisión fueron convocados los estudiantes que quisieran votar.

El Observador intentó comunicarse con la directora de la institución que rechazó hacer declaraciones. Además, jóvenes que se identificaron como integrantes del gremio estudiantil del liceo también prefirieron callar al ser consultados.

“Entiendo que está bien que los muchachos se ocupen de estos temas, que los discutan, que haya actividades en el propio liceo, que utilicen la cartelera gremial eventualmente para promover sus opiniones, no se trata de cercenar la libertad de expresión a nadie. Pero embanderar a la institución ya es un paso demasiado largo que traspasa los límites de lo tolerable”, dijo a El Observador el diputado nacionalista Pablo Abdala al respecto, del sector de Larrañaga.

Larrañaga también respondió a los estudiantes -sin mencionarlos directamente- este domingo en un acto en Pocitos y calificó su accionar como "vergonzoso". “Rechazamos algunas calificaciones vergonzosas en donde se ha roto el principio de laicidad”, dijo luego de su discurso a la prensa. “La reforma es la forma de luchar contra la delincuencia y contra el gobierno que pudiendo combatirla no lo hace”, sentenció. 

Para la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, aquellos que cuestionan esta acción de los estudiantes “no comprenden el principio de laicidad”: “Nos preocupa este proyecto de reforma y nos preocupa la censura”, escribieron en su cuenta de Twitter.

El artículo 15 de la Ley General de la Educación establece que "la educación estatal se regirá por los principios de gratuidad, de laicidad y de igualdad de oportunidades" y que "toda institución estatal dedicada a la educación deberá velar en el ámbito de su competencia por la aplicación efectiva de estos principios".

Una de los últimos casos donde la laicidad estuvo en juego ocurrió en el liceo N° 1 de Salto, cuya directora permitió que un grupo de madres "comprometidas en la lucha contra el aborto" dieran una charla en el centro educativo presentando su perspectiva sobre el tema. La jerarca fue apartada del cargo con derecho a cobrar la mitad de su sueldo, pero seis meses después se reintegró a otro centro educativo dependiente de la ANEP, donde se le devolvió el derecho a percibir todo su sueldo.