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El directorio del INC definirá qué hace.

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Colonización discute consulta externa para dirimir la situación legal de Manini Ríos

Los directores del oficialismo se habían comprometido a darle "todas las garantías" al líder de Cabildo Abierto

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20 de junio de 2022 a las 05:00

Mientras espera por un nuevo informe de su asesoría letrada, el directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) discutirá este miércoles si contrata una consulta externa que releve y dirima jurídicamente la polémica en torno a si Guido Manini Ríos, su esposa y su suegro tienen o no la condición de colonos en relación a un campo de su propiedad en el departamento de Artigas. 

Se trata de una posibilidad que será dirimida por votación entre todos sus integrantes, que está lejos de generar unanimidades y que, de aprobarse, postergará por varios meses la resolución final del asunto. 

La posibilidad de encargar un estudio externo para dilucidar el caso había sido puesta sobre la mesa por los directores que responden a la coalición de gobierno. Así lo señaló a El Observador el presidente del instituto, Julio Cardozo. La intención, precisó, partió de un compromiso de brindarle a Manini Ríos "todas las garantías" del caso. "Lo vamos a definir en el próximo intercambio", señaló.

Los cuestionamientos a Manini surgieron luego de que el semanario Búsqueda divulgó en marzo los resultados de una inspección técnica realizada el año pasado a pedido del director frenteamplista de INC, Andrés Berterreche. Ese trabajo determinó que Manini Ríos, su esposa la ministra de Vivienda Irene Moreira y el padre de ella, Roque Moreira, explotan allí 4.350 hectáreas, de las que 2.586 está afectadas a la ley de Colonización. La conclusión fue que todos son colonos pero incumplen la normativa al no vivir en el predio ni trabajarlo en forma directa. 

El líder de Cabildo Abierto siempre cuestionó esas conclusiones. Afirmó una y otra vez que ni él ni su familia son colonos, que ese campo nunca estuvo afectado al INC y que tanto la inspección técnica como la asesoría letrada respondieron a los dictados de Berterreche con el objetivo de perjudicarlo políticamente. 

Cardozo admitió que el camino de un estudio externo supondrá una extensión sensible del proceso, si se tiene en cuenta que deberá relevar "desde cero" todas actuaciones relativas a ese campo desde que en 1970 fue adquirido por el suegro de Manini Ríos, el entonces teniente coronel del Ejército Roque Moreira. Para comparar, señaló que la inspección técnica del campo llevó cuatro meses y el primer informe de la asesoría letrada insumió unos 50 días. 

Luego de concluir que los propietarios del predio son colonos, esa oficina comenzó la semana pasada a analizar los descargos presentados por Manini y los suyos. Según Cardozo, fueron dos escritos. El senador presentó uno relativo a su situación, ya que se integró en 1997 a la sociedad que administra el campo. Irene Moreira y su padre presentaron otro. Ambos, de todas formas, fueron presentados ante el INC por el mismo abogado, Ignacio Curbelo, actual director general del Ministerio de Turismo. 

No existe un plazo establecido para que la asesoría llegue a un nuevo dictamen. Si no se resuelve una consulta externa, será la última etapa para que el directorio esté en condiciones de tomar una determinación.

Esta situación también plantea divergencias. Consultado por El Observador, Cardozo señala que la definición de si Manini Ríos es colono o no puede ser tomada por mayoría. Esta tesis se basa en que la situación legal del senador cabildante es incierta, en cuanto a que no se puede determinar si el predio de su propiedad estuvo o no afectado en algún momento al instituto. 

En el directorio existe otra interpretación, que se remite a lo establecido en la ley que dio origen al  Instituto Nacional de Colonización, en cuanto que la desafectación de un campo o la habilitación a un colono para deje de serlo debe ser refrendada en forma unánime por la institución. 

"Nadie es colono sin su conocimiento"

Manini Ríos hace valer en su favor un informe que encargó a Enrique Guerra Daneri, catedrático en Derecho Agrario. Según dijo el excomandante en Jefe del Ejército, el expediente de Colonización sobre su caso demuestra un "cuadro muy fragmentado de la realidad". El escrito del especialista apunta que el campo en discusión fue adquirido por el INC el 19 de mayo de 1970. En ese momento eran 2.900 hectáreas que, según el catedrático, no eran aptas para colonizarse y que luego el instituto fraccionó en dos lotes. Uno de 1.600 hectáreas y otro de 1.300, en ambos casos "áreas superiores a las permitidas para los colonos" por la ley. 

Luego, prosigue, fueron vendidas a través de una licitación a las ofertas más altas, una de ellas presentada por Roque Moreira, "sin considerar si los compradores reunían los atributos exigidos por la ley para ser colonos". Una condición que para Guerra Daneri tampoco importaba, dada la naturaleza de la venta. "La sola consideración de estos aspectos indica que la operación no respondía a la acción colonizadora oficial", precisó. 

En definitiva, “se omite toda consideración sobre los antecedentes del caso y los equívocos cometidos por el INC y sus servicios en los años 70 y 71”, lo cual “explica toda la situación creada”, por lo cual “los argumentos expuestos en lo dictámenes emitidos no son de recibo para acreditar que los inmuebles estén comprendidos en las disposiciones del artículo 70 de la ley 11.029” que crea el INC, define el concepto de colono y establece cometidos.

Guerra Daneri apela allí al artículo 70 de la ley de Colonización que establece que "la propiedad, uso o goce de las parcelas que formen las colonias estarán afectados a los fines de interés colectivo que por esta ley se promueven" y que "toda enajenación, gravamen o subdivisión, o la cesión en cualquier forma de disfrute debe hacerse con la autorización previa del Instituto Nacional de Colonización (INC) aún en el caso en que el colono haya satisfecho íntegramente sus obligaciones". 

Las conclusiones del informe del catedrático, descritas el jueves por Manini Ríos en conferencia de prensa, señalan que en diciembre de 1981 a Moreira le otorgan el certificado de compra-venta definitivo "en plena propiedad y posesión, libre de obligaciones y gravámenes". Luego, según esta explicación, las fracciones fueron enajenadas a través de diversos negocios y adquiridas por El Palomar S.A, presidida por Moreira. A esa sociedad se integró después su hija Irene y, a partir de 1997, Manini Ríos. 

Para ser definido como colono, agrega, "legalmente, siempre es menester un acto administrativo que así lo designe y reconozca" ya que "nadie es colono sin su conocimiento, voluntad o atributos para hacerlo, y sin que tampoco lo sepa el propio ente colonizador por más de 50 años". 

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