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Cómo se aplicará el nuevo impuesto covid-19 a funcionarios públicos y jubilados

El tributo será durante dos meses y por una escala progresiva para las remuneraciones y pasividades a partir de $120 mil

El presidente Lacalle Pou habló sobre el tributo con el secretario general de COFE Joselo López

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10 de abril de 2021 a las 16:34

El Poder Ejecutivo definió la redacción del proyecto de ley que crea un impuesto transitorio y progresivo por mayo y junio a los salarios de funcionarios públicos que ganen más de $120 mil, así como a las pasividades superiores a ese monto ejecutado en el caso de los jubilados a través de un adicional mensual del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).

Tanto el impuesto para los públicos como para los jubilados "se determinará mediante la aplicación de tasas progresionales" a partir de cuatro franjas generadas por la escala de remuneraciones. "A tales efectos, la suma de las citadas remuneraciones y prestaciones se ingresará en la escala, aplicándose a la porción comprendida en cada tramo de la escala la tasa correspondiente a dicho tramo", dice el texto.

Franja en pesos uruguayosMás deHaastaTasa
No tributan0120.0000%
1120.001130.0005%
2130.001150.00010%
3150.001180.00015%
4180.001En adelante20%

El articulado complementó que una vez realizadas las deducciones sociales, en ningún caso el monto líquido de los salarios públicos podrá ser inferior a $80 mil para los sujetos pasivos de este impuesto y de $100 mil para los jubilados. El personal de la salud que desempeña tareas por las que está expuesto al coronavirus fue exceptuado de la deducción, según la propuesta del Ejecutivo.

La principal diferencia al tributo aplicado el año pasado es que el descuento a los trabajadores estatales será "sensiblemente inferior", afirmó el secretario general del sindicato de estatales (COFE), Joselo López. Según explicó el sindicalista a El Observador, antes el descuento era siempre igual dentro de una franja y ahora va a ser incluso progresivo dentro de la franja.

López ejemplificó que con la deducción aplicada el año pasado una persona que ganaba unos $180 mil pesos recibía un descuento de unos 27 mil, pero ahora será de $7 mil. El líder de COFE también afirmó que le planteó al presidente Luis Lacalle Pou que lo generado por el tributo sea destinado como un bono a los funcionarios de la salud que trabajan en la pandemia.

El impuesto a los funcionarios públicos que ganen más de $120 mil será por franjas para las remuneraciones generadas a partir de servicios personales al Estado, gobierno departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados generadas en los meses de mayo y junio de 2021.

Lo generado por el impuesto a los funcionarios públicos será destinado al Fondo Solidario Covid-19 mientras que lo percibido por el tributo a los jubilados será destinado al Banco de Previsión Social.

Dentro del tributo a los estatales, estarán comprendidos los servicios dentro y fuera de la relación de dependencia, y "cualquiera sea la naturaleza jurídica de la relación", lo que incluye los subsidios a cargos políticos y de particular confianza.

El texto también facultó al Poder Ejecutivo "a prorrogar la aplicación de los tributos hasta por un máximo de dos meses, dando cuenta a la Asamblea General".

Los motivos del gobierno y el reclamo de COFE

Sobre el tributo a los funcionarios públicos, el Ministerio de Economía y Finanzas aseguró en la exposición de motivos del proyecto de ley que "varias son las razones que motivan la diferenciación de esta clase de trabajadores como sujetos pasivos del impuesto que se crea a efectos de contribuir con las cargas públicas". El gobierno señaló que los trabajadores públicos "gozan de garantías que les permiten un alto grado de estabilidad laboral y por ende económica, que les otorga la capacidad contributiva suficiente para afrontar este tributo de aplicación excepcional y transitoria". 

"La estabilidad económica del funcionario público le otorga una mayor capacidad de previsión y le permite enfrentar la disminución transitoria de sus ingresos tal como se dispone en este proyecto de ley", señaló la exposición de motivos.

En ese sentido el Poder Ejecutivo aseguró que el funcionario público "no corre riesgo de ver afectada su seguridad laboral e ingresos", mientras que en la actividad privada los trabajadores "enfrentan el riesgo permanente de ver afectados sus ingresos por razones de salud o disminuciones de la actividad económica".

Sobre los gravámenes a las jubilaciones a partir de $120 mil, el Ministerio de Economía argumentó que los jubilados que reciben las pasividades más altas deben "contribuir solidariamente" con "el sostenimiento de la salud pública y la economía nacional".

Pese a que las deducciones serán menores, COFE planteó al Poder Ejecutivo su rechazo a la iniciativa. “No estamos de acuerdo con el impuesto porque es un impuesto injusto que no abarca a los sueldos de la actividad privada que en algunos casos se multiplican por 10. Y tampoco estamos de acuerdo porque al gran capital tampoco se le pone ningún impuesto”, dijo López.

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