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20 de abril 2022 - 5:01hs

El presidente Luis Lacalle Pou lo dijo gráficamente: el objetivo del gobierno era “poner más plata en los bolsillos de los uruguayos” para asegurarse de que “no pierdan poder adquisitivo” en los meses venideros.

Antes que cualquier otro análisis, como una posible focalización de las medidas o la atención a la población más vulnerable, en este caso en el núcleo del gobierno pesó la voluntad –y necesidad política– de mantener a tiro el compromiso asumido a comienzos de la gestión, cuando se aseguró que los uruguayos no perderían poder de compra durante el período a pesar de la pandemia.

Pasado el referéndum del 27 de marzo, la carestía se instaló como tema principal en la agenda. Ante esa situación, que motivó a socios de la coalición como Cabildo Abierto y el sector Ciudadanos a pedir que se actuara sobre los precios con medidas como exoneraciones tributarias o acuerdos voluntarios, la conclusión compartida por el presidente y los equipos del Ministerio de Economía (MEF), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) fue que debía buscarse una forma de adelantar los incrementos salariales previstos para 2023 de forma de "no perder el tren" de la recuperación salarial que se había comprometido para los trabajadores, fueran de alto, medio o bajo poder adquisitivo. 

"Lo que más pesó fue la necesidad de cumplir con ese compromiso del gobierno. Entendíamos que ante esta suba de precios iba a ser más difícil concretar la recuperación el año que viene si no adelantábamos algo ahora", resumió uno de los participantes del diseño de la medida.

Según fuentes de gobierno, esa preocupación estuvo arriba de la mesa antes de Semana Santa en los acuerdos ministeriales que Lacalle Pou mantuvo con Azucena Arbeleche (Economía) y con Pablo Mieres (Trabajo), así como en otras reuniones de trabajo entre ambos ministerios.

Camilo dos Santos

La discusión y el diseño fino de las medidas involucró también al presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat, responsable de una política monetaria que busca reducir la inflación (la coyuntural y la estructural) y que recientemente había dispuesto para ello una política menos expansiva al aumentar la Tasa de Política Monetaria. 

De acuerdo a los consultados, parte de los números se sometieron a discusión durante una reunión por Zoom en Semana Santa, de la que participaron Azucena Arbeleche, Marcela Bensión y Fernando Blanco por el MEF, Pablo Mieres, Mario Arizti y Federico Daverede por el MTSS, Isaac Alfie por OPP y Diego Labat por el BCU.

Ya en las estimaciones iniciales, tanto Arbeleche como Alfie plantearon que había margen para un aumento en el orden de los que terminó anunciando Lacalle este lunes.

Para ello se basaron en dos argumentos. Por un lado, que había margen fiscal para adelantar el gasto en el caso de los funcionarios públicos y pensiones. En esa dimensión, gobierno y analistas privados coinciden en que la mayor recaudación junto al aumento de la inflación llevaba a sobrecumplir nuevamente las metas de la administración, por lo que en ese frente no se avizoraba un "compromiso". 

Por otro lado, desde el equipo económico señalaron que el impacto de los aumentos en la inflación eran "acotados", una lectura que reiteraron este lunes ante los líderes de los partidos de la coalición y que ratificaron este martes tanto Lacalle Pou como Alfie y Mieres en declaraciones a la prensa. A diferencia de la anterior, en esa dimensión los analistas privados son más escépticos y advierten que existe un riesgo de que los aumentos salariales "echen nafta" al fuego inflacionario.

Entrevistado en La pecera (Azul FM), Alfie dijo que la inflación anual "no va a cambiar prácticamente" nada con esta medida. "Si cambia una décima de punto, puede ser. Dos décimas a reventar. El aumento de los precios ya está. Dentro de los formadores de precios, los precios ya se están internalizando. No les va a cambiar que el sector público suba un poco los salarios o las pasividades. esto, para empezar, son adelantos", afirmó.

El jerarca fue más allá y dijo que no adelantar el aumento podría incluso "ser peor" más adelante. "Supongamos que la inflación empiece a caer en el mundo, y (al momento del ajuste de 2023) tengas una inflación de 8% o 9%, con la recuperación comprometida. Ahí sí podés quedar bastante desalineado y la señal es más complicada. Acá estás diciendo: esto ya está y no tiene sentido práctico hacer una cosa muy distinta", argumentó Alfie, que concluyó que ante ese escenario y un frente fiscal más "consolidado", no tenía sentido completar un nuevo año con pérdida de poder adquisitivo.

El componente político

Más allá de los fundamentos económicos sobre eventuales efectos de la decisión, las medidas anunciadas el lunes tienen su componente netamente político.

Para empezar, al tratarse de una medida pensada antes que nada para cumplir con el compromiso de gobierno de que los bolsillos de los uruguayos no se achiquen, atiende a los trabajadores y jubilados sin distinguir su poder adquisitivo y sus dificultades o no para llegar a fin de mesDe hecho, a diferencia de lo que ocurrió con los anuncios de este lunes, en el caso de las respuestas para la población más vulnerable el gobierno sí está pensando en políticas "focalizadas" que lleguen directamente a los que más lo precisen.

Por otra parte, algunos integrantes del gobierno asumen que de tener algún impacto aunque sea relativo en una mayor inflación, el adelanto de los aumentos supone poner como primerísima prioridad de la política económica en este momento la recuperación del poder adquisitivo.

Si bien desde el equipo económico se sigue subrayando la importancia y el compromiso de reducir la inflación, el objetivo inicial –que quedó plasmado por ejemplo en la frase de Arbeleche a El Observador en 2020, cuando dijo que su gestión debía ser juzgada por el cumplimiento de las metas fiscales y las inflacionarias– pasó a un escalón relativamente inferior en la escala de prioridades ante el nuevo contexto internacional.

Por último, en el oficialismo se percibe la decisión también como un gesto de economía política que "da más aire" para encarar discusiones y reformas de aquí en adelante y descomprimir posibles reclamos y descontentos sociales, que ya da por descontado que van a existir en los próximos meses.

Al respecto, varios dirigentes de la coalición consultados en los estos días por El Observador manifestaban su preocupación por la posibilidad de cerrar un tercer año seguido con pérdida salarial, y cómo eso podía repercutir en la evaluación del gobierno tanto para imponer su agenda como de cara a las elecciones de 2024.

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