Las compañías navieras que llegan al puerto de Montevideo trabajan en varios juicios contra el Estado uruguayo por el supuesto “cobro indebido” de los servicios de practicaje prestados a sus buques.
Según informó el sitio ComexLatam.com, y confirmó El Observador, el motivo de los reclamos tiene que ver con la mala aplicación de la paramétrica establecida por las partes para determinar el monto a cobrar.
“En los últimos días, varias de las empresas representantes de las navieras en Uruguay recibieron instrucciones de sus casas matrices para que (estas) avancen en la presentación de las demandas”, indicó ComexLatam.
En ese sentido, en diálogo con El Observador, la gerenta ejecutiva del Centro de Navegación (Cennave), Mónica Ageitos, confirmó la información.
“Por supuesto que el Cennave está enterado de esto. A nadie escapa que la institución reúne a las agencias marítimas y a las sucursales de las navieras en el país”, manifestó Ageitos, quien recordó que el Centro forma parte de la comisión del 125 (llamada así por el número del artículo que la crea), que trata todos los asuntos relativos al practicaje en Uruguay.
“Este tema está en la órbita del Cennave, máxime que en este particular refiere a una cuestión de seguridad jurídica del país”, agregó Ageitos.
Consultada acerca de si la institución está apoyando las gestiones, agregó que “las navieras y sus representantes han depositado en el Cennave algunas gestiones de organización y coordinación”, pero debido a “la importancia del asunto”, se reservó de “dar mayor detalle por el momento”.
El Observador también requirió la voz de la otra parte involucrada, comunicándose (vía telefónica primero y por correo electrónico después) con la Sociedad de Prácticos del Puerto de Montevideo, pero no hubo respuesta.
ComexLatam.com asegura que las navieras tomaron la decisión de iniciar acciones legales luego de no tener respuesta de parte de los prácticos tras conocerse por la prensa que durante años estuvo mal aplicado el cálculo para el cobro del servicio.
Cabe señalar, que el monto del cobro por practicaje surge de una paramétrica que figura en el decreto del Poder Ejecutivo 320/12 y que luego es recogido en el Reglamento General de Prácticos (RGP).
En noviembre pasado, el suplemento Comercio Exterior & Transporte, de El Observador, informó sobre el pedido de explicaciones de las navieras.
Según los reclamantes, la fórmula recogida por el RGP se transcribió mal del enunciado del decreto y de ahí es que el cálculo resulta erróneo.
El semanario Búsqueda también trató el asunto y ahondó más en las cifras. El cálculo por la paramétrica establecida en el decreto, arroja un resultado de US$ 691, mientras que si se aplica la del RGP, asciende a US$ 925.
La diferencia multiplicada por los servicios contratados desde 2012 arroja una cifra millonaria, igual que los juicios que deberá afrontar el estado ante las navieras que sigan adelante con la medida.
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