Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Así funciona, en los hechos, el uso y distribución de obras intelectuales en la actualidad
Los productores buscan leyes para controlar a los consumidores y estos reclaman que la industria se rinda ante la realidad. En el medio, el majestuoso internet.
La facilidad con la que circulan los materiales a través de internet alarmó y sensibilizó a los editores, encarnizó la postura de los consumidores que buscan un acceso total y gratuito, generó cambios en leyes y culturas, provocó cuestionamientos y dudas. Sobre todo, dudas
Cuestión de números
Económicamente el nudo parece claro. Las productoras quieren seguir cobrando por cada usuario que accede a lo que ellos distribuyen, mientras que los individuos consiguen los materiales sin pagar y quieren que la situación se mantenga (algunos por oportunistas, otros porque lo creen justo). Es innegable que las nuevas tecnologías convirtieron los contenidos en algo intangible y, por ende, casi imposible de retener para jugar con la demanda. Por lo tanto, no importa ya si es justo lo que exigen las productoras ni si es bueno que las obras circulen como agua; lo determinante es que resulta imposible excluir el acceso a obras que ya tienen todos (los que las quieren tener).
Lo más recomendable sería que las empresas cambien el enfoque y se dediquen a generar ingresos por donde hasta ahora no lo hacen, teniendo en cuenta que sus esfuerzos por evitar lo inevitable solo suman en la columna de las pérdidas. En la actualidad, son millones de dólares los que se (mal) invierten por concepto de “lucha contra la piratería” y entre los planes hay campañas publicitarias, cursos gratuitos o subvencionados, lobbies de presión a favor de cambios legislativos, desarrollo de programas excluyentes y acciones legales contra presuntos infractores.
Cada cambio de paradigma tiene su precio. Ayer, nuestra forma de concebir el mundo era funcional a los intereses de algunos; hoy, les toca a otros. Estas modificaciones también afectaron los derechos de autor: la propiedad intelectual dejó de ser una propiedad. El precio del cambio de paradigma se puede considerar de diferentes formas: es muy caro si se tiene en cuenta sus efectos en el mercado, pero es una ganga si se toma en cuenta el beneficio social que produce. Cada nueva herramienta tecnológica que llegó al mundo (radio, televisión, casetes y videos, por ejemplo) fue rechazada con violencia por las industrias que dominaban en ese entonces. Sin embargo, bajo la premisa de no prohibir lo que no se puede controlar, han pasado a la legalidad. Y tras ese paso, la legislación ha sido más productiva. Tras el boom de las grabaciones en casete, por ejemplo, varios países europeos decidieron legalizarlo y, al tiempo, establecer un impuesto en torno a esa actividad, cuyos fondos se distribuían entre los titulares de los derechos.
En los últimos años, con la posibilidad de tener información inmediata sobre los artistas y autores (a veces proveniente de ellos mismos, como en Twitter), el fanatismo se ha exacerbado y los ingresos por espectáculos en vivo son mucho más importantes que los que llegan por concepto de venta de copias. En ese sentido, a mayor difusión (incluso gratuita y para todos), mayores posibilidades de convocatoria.
A su vez, y por estas mismas razones, el público está muy abierto a entender que para que haya contenidos interesantes que intercambiar (gratis o no) se necesitan creadores. Y si uno de los grandes estímulos con los que contaban los compositores (ganar dinero por generar obras) deja de existir, su continuidad estará en peligro.
En esta dirección, Francia sometió a votación la Licencia General Opcional (LGO) que proponía legalizar las descargas a través de internet y gravarlas con impuestos no arbitrarios. A su vez, especialistas destacados sobre propiedad intelectual, como William Fisher y Richard Stallman, propusieron marcar los contenidos que se puedan transmitir de forma digital, registrar el número de veces que se distribuyeron (que al no ser ilegal, no tendría sentido que los usuarios evitaran quedar registrados) y pagar a los titulares de los derechos mediante la distribución del dinero entrante por concepto de impuesto a la cultura.
Lo más recomendable sería que las empresas cambien el enfoque y se dediquen a generar ingresos por donde hasta ahora no lo hacen, teniendo en cuenta que sus esfuerzos por evitar lo inevitable solo suman en la columna de las pérdidas. En la actualidad, son millones de dólares los que se (mal) invierten por concepto de “lucha contra la piratería
Una sensación térmica
Más allá de opiniones personales, cuando las productoras dicen que las descargas provocan mermas en sus ingresos, nadie duda en aceptar ese escenario como muy probable. Sin embargo, aunque a simple vista parece obvio, los estudios científicos no siempre comprueban esa hipótesis. Un ejemplo de ello es el caso suizo. A fines de 2011, cuando Cuevana estaba en la mira en Argentina y la Ley Antidescargas española casi es aprobada, Suiza sacó a la luz un estudio que mostró una realidad impensada. Sin desoír las quejas de la industria, pero con la mirada puesta en sus ciudadanos y la integridad de la creatividad y la cultura de la sociedad, decidió llevar a cabo un estudio para determinar los cambios en las inversiones de los suizos volcadas a las arcas de esa industria. El trabajo reveló que los números se mantuvieron constantes. La conclusión principal explica que si bien se redujeron los gastos en compras de copias originales de obras, aumentaron los conceptos de entradas de cine, conciertos y mercadería temática, entre otros rubros que también pertenecen a la industria de los contenidos.
Liberar para innovar
La simpatía por los derechos de propiedad flexibles está sumando adeptos entre los economistas de prestigio. Puntualmente, el norteamericano Paul Romer contagió a sus discípulos Michele Boldrin y David Levine, que estudiaron el tema y cuyas conclusiones están resumidas en el libro La economía no miente del francés Guy Sorman.
Allí, se puntualiza que “las patentes perjudicaron más que favorecieron la innovación” a lo largo de la historia, y se establece como ejemplo el hecho de que el período más prolífero de la informática tuvo lugar antes de que los programas contaran con protección mediante patentes. A su vez, se explica que no es casualidad que la tecnología de software haya estallado en Silicon Valley, donde las normativas sobre el derecho de propiedad no son tan duras como en Boston, donde se esperaba que continuara la expansión informática. Por esta razón, muchos economistas se inclinan a favor de la innovación a costillas de los ingresos por derechos de autor y no al revés.