Martín Mutio, condenado a 15 años de cárcel por el envío de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo en 2019, denunció nuevamente a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, entonces fiscal de Estupefacientes, junto a los integrantes de su equipo de investigación de Aduana y Prefectura, Raúl Carneiro, Santos Marichal y Sergio Díaz.
La denuncia presentada ante la Policía, deberá ahora ser derivada a la Fiscalía y la DPA tendrá que resolver si le designa un nuevo fiscal. La anterior denuncia fue archivada por el fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez y luego por la fiscal Sandra Fleitas en diciembre pasado, al concluir que no existían méritos ni pruebas nuevas que permitieran alterar la condena vigente.
La condena de Mutio fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia en junio de 2024.
La defensa de Mutio, integrada por los abogados Juan Williman y Gonzalo Uriarte, había anunciado que pedirían la revisión del caso a la Suprema Corte pero ahora fueron por la presentación de una nueva denuncia penal.
Mutio pide que se investigue a los denunciados por delitos de falso testimonio, asociación para delinquir, certificación falsa, falsificación material, abuso de funciones y omisión contumacial de los deberes del cargo. El condenado ha sostenido desde que recibió la condena que existió un continuum criminal basado en la ocultación de documentos relevantes y la prestación de declaraciones falsas para inducir a error a los tribunales y lograr la condena de Mutio por exportación de estupefacientes.
La nueva denuncia, a la que accedió El Observador, incluye hechos que involucran a las autoridades de Bélgica. Se afirma que la información proveniente del Puerto de Amberes, en ese país, cuestiona las pruebas utilizadas en su contra.
Entre esos elementos se vuelve a mencionar la controversia sobre el pesaje de la carga. En el juicio, la Fiscalía utilizó un informe de las autoridades belgas que consignaba un "peso bruto" de 25.580 kg para demostrar que la droga ya estaba en el contenedor al salir de Uruguay.
Mutio afirmó que los denunciados engañaron al tribunal al afirmar que el “peso bruto” en ese informe incluía el contenedor, cuando en la nomenclatura internacional y para las autoridades belgas, el término "carga" se refiere exclusivamente a la mercadería.
Surgió información nueva que indica que "no existe un registro documental de ese pesaje en Bélgica; el dato habría llegado a Uruguay de forma telefónica desde Alemania, y el correo electrónico presentado como prueba de Bélgica carecería de genuinidad o base documental real".
Tanto en el juicio como luego en la denuncia presentada el año pasado, la defensa ha sostenido que el contenedor original no era inaccesible y que, basándose en la investigación de otros casos similares en Europa, la contaminación ocurrió en el trayecto hacia el puerto de Amberes.
Ahora aporta como hecho nuevo el hallazgo en el puerto de Amberes de otros dos contenedores contaminados con cocaína, pertenecientes a la empresa Global Trading S.A., que salieron de Montevideo en condiciones similares a los suyos.
Según actas de la policía judicial de Bélgica, facilitadas por el fiscal belga Misch Rolf-Peter, la metodología de contaminación de esos otros contenedores fue idéntica a la del caso Mutio.
"La metodología de la contaminación fue idéntica a la de mi contenedor, mismos bolsos negros, misma marca de la droga y casi idéntica numeración de precinto. Al ser detectado por las autoridades belgas al momento que la organización criminal intentaba recuperar la carga ilegal, hallaron en el maletero del vehículo con el que se movilizaban un sello clonado del precinto en cuestión el cual comparte como vengo de decir la numeración con el precinto de mi exportación".
La denuncia afirma que la fiscalía uruguaya recibió esta información sobre los otros contenedores contaminados en Bélgica mediante un exhorto antes del juicio, pero decidió no incorporarla al proceso, alegando de forma falsa que el resultado era "neutro" para la teoría del caso.
"Esta segunda contaminación, obviamente vinculada a mi contenedor no fue siquiera investigada por la fiscalía, pese a la información brindada por Bélgica, la que debió investigar la exportación de Global Trading S.A., así como la participación tanto de Lobraus S.A. como de Murchinson S.A.", afirma la denuncia.
Otro punto que menciona es que acusa al equipo fiscal de ocultar planos de estiba de los puertos intermedios que demostrarían que el contenedor pudo ser movido y abierto durante el trayecto, contradiciendo la versión oficial de que era inaccesible
Además incluye testimonios de funcionarios del Ministerio de Ganadería que indican que se sabía de "problemas" con el contenedor semanas antes de que se descubriera oficialmente la droga en Alemania, sugiriendo una coordinación u operativo previo no declarado.
