Carlos reconocía en Alicia aquella entrañable amiga con posiciones filosóficas muy distintas a las suyas. A lo largo de la vida se habían visto un sinnúmero de veces en veredas opuestas, aunque los lazos que los unían hacían que valoraran compartir puntos de vista diferentes. Alicia argumentaba fervientemente a favor de una posición que denominaba de no injerencia del Estado en la vida del ciudadano. Muy por el contrario, Carlos pensaba que existía un vasto espacio de acción del Estado en distintos ámbitos de la cotidianeidad.
“Por ejemplo, la sanidad animal es un bien público, si no se gobierna desde el Estado y queda a lo que cada uno decida jamás sería un valor para el país”, afirmaba Carlos. “Podría estar de acuerdo, pero los propios Estados definieron que los interlocutores válidos serían ellos y no otros”, respondía Alicia.
Carlos buscaba algún otro ejemplo para discutir y rápidamente recordó el impacto que había ocasionado en una delegación extranjera la trazabilidad implantada por Uruguay, según lo que se decía un caso único en el mundo que abarcaba el 100% del ganado bovino en el campo y continuaba dentro de la industria frigorífica. “¿Y bajo qué argumento se decidió obligar a todos los productores a caravanear el ganado?, ¿por qué debo tolerar la injerencia del Estado en cómo producir?”, provocaba Alicia. “Bueno, se parte de la base que genera un valor distintivo que no se alcanzaría sino abarcase a toda la producción”, declaraba Carlos.
Alicia miró fijo a su amigo, saboreando que la discusión se dirigiera al terreno que deseaba. “Carlos, ¿cuáles son las pruebas que eso fue efectivo?, ¿dónde se rinden las cuentas de lo que se invirtió y lo que ganamos?”, replicó Alicia. “No confundamos la generación de ventajas con la necesidad de demostrar cuánto a rendido una inversión en bienes públicos”, respondió Carlos. “Seguramente sea complejo cuantificar el valor generado por la trazabilidad, pero es factible pensar que haya incidido en la apertura de mercados como Corea o el poder gestionar una cuota especial a Estados Unidos”, aseveró Carlos con voz calma.
Carlos y Alicia son parte de nuestra sociedad, cada uno de ellos con su filosofía de vida, actuando y viviendo según sus valores. Aunque podamos identificarnos con una postura más que con otra, a priori ninguna de ellas puede considerarse mejor o peor, acertada o equivocada. Quizá sea mejor considerarlas posturas que tensionan favorablemente la discusión y construcción de bienes públicos. Una abre paso a que desde las políticas públicas se dé lugar a la construcción de bienes públicos y otra demanda los argumentos necesarios para que la cesión de libertades se justifique por la generación de ventajas que de otra manera no se lograrían.
Si lo miramos desde esta perspectiva, parecería óptimo contar con Carlos y Alicia, incentivarlos a defender sus posiciones y que no claudiquen en el intento. El sector agropecuario de Uruguay tiene una rica tradición en la construcción de bienes públicos, sin embargo siempre han habido voces en contra y a favor, visiones contrapuestas que brindaron la tensión adecuada para el éxito, o bien, para aprender de las frustraciones.
Hace más de 50 años se prohibió el uso de hormonas en la producción animal, resignando la posibilidad de producir usando este tipo de tecnología. Detrás de la decisión había motivos sanitarios y de posicionamiento internacional que se supone compensan los kilos que dejamos de producir. En materia de política de uso de suelos el Estado es convidado a ser parte de las decisiones particulares de producción, suponiendo se salvaguarda un recurso difícil de recuperar una vez dañado y que impacta en el potencial del conjunto.
Los bienes públicos y las políticas que se proponen para lograrlos no son deseables e indeseables, son instrumentos de generación de valor que sólo a través del conjunto se pueden alcanzar. El encuentro de visiones como las de Carlos y Alicia son las que aseguran que la expresión del colectivo a través de las decisiones de nuestros representantes sea sensata, estratégica y medible; después de todo construir bienes públicos podría verse como una cesión voluntaria de libertades bajo la promesa de mayores y mejores oportunidades en el futuro.
