El gobierno presentará mañana lunes la estrategia nacional para enfrentar el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, donde, entre otros aspectos, se hará hincapié en los controles en sectores pasibles de ser utilizados por los narcos para blanquear sus activos, como las sociedades anónimas, las asociaciones público-privadas, y las organizaciones sin fines de lucro, ya sean ONG, clubes deportivos o iglesias que recogen donaciones, informaron a El Observador fuentes oficiales.
El control de esas organizaciones sin fines de lucro fue una nueva recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lanzada en febrero pasado. Si bien el foco se pondrá ahora en esas actividades, fuentes de la Secretaría Antilavado señalaron a El Observador que por el momento no detectó nada ilícito en esas áreas aunque tienen sospechas por los antecedentes en otros países.
“El corazón de la estrategia será despojar de sus bienes a las empresas criminales para desmantelarlas”, explicó la fuente. Por ello, entre los objetivos estará reforzar la investigación sobre los patrimonios ilícitos para lo cual se preparó personal con cursos dictados por el Departamento del Tesoro de EEUU. Las autoridades especializadas en el tema entienden que los principales agentes generadores de riesgo en Uruguay “parecen ser criminales internacionales”, según un documento de la Secretaría Antilavado al que accedió El Observador.
Los expertos sostienen que la fuerte persecución de los narcos que se da en otros países de la región los obliga a “moverse hacia el sur” en busca de plazas más seguras para actuar. La Policía y la Justicia uruguaya también detectaron una creciente presencia de organizaciones criminales mexicanas y colombianas y temen que estén operando en el país.
La estrategia nacional, que apunta a analizar el riesgo de las distintas actividades, también prevé “fortalecer la transparencia de personas y estructuras jurídicas para evitar que sean utilizadas con fines ilícitos”, según el documento oficial. Por otro lado se reforzará la protección a testigos así como de todos los funcionarios involucrados en la lucha antilavado. No obstante, expertos consultados por El Observador señalaron que esa medida “es poco aplicable” en un país pequeño como Uruguay donde es difícil “esconder a un colaborador de la Justicia” sin llamar la atención.
El primer sector en controlarse en Uruguay fue el financiero y es el que más reportes anuales realiza al Banco Central de casos sospechosos de lavado. Otro sector de “alto riesgo” es el inmobiliario. Es allí y en los demás obligados a reportar (escribanos, inmobiliarias, casas de venta de antigüedades, rematadores, casinos y zonas francas) donde se “profundizarán” los controles.
El sector no financiero debe ser controlado por la Auditoría Interna de la Nación (AIN).
El documento oficial que mañana presentará el presidente José Mujica y sobre el que se trabajó más de un año con el sector privado al que se considera “un aliado”, estableció que las actividades de riesgo de lavado en Uruguay son bastante similares a las identificadas en otras partes del mundo “y no aparecieron modalidades novedosas o especiales que ameriten controles diferentes a los establecidos por las recomendaciones internacionales. De la evaluación al país se desprende que el único sector con controles fuertes es el financiero, mientras que los demás (casinos, inmobiliarias, por ejemplo) tienen controles medianos; y las asociaciones, fundaciones y ONG (clubes deportivos e iglesias, entre otros) tienen controles débiles”. El Fondo Monetario Internacional, que junto a GAFI evalúa a los países, estableció que comercio exterior, turismo, construcción, el sector agroindustrial y deportes figuran “en las mediciones de riesgo” y por ello deberían ser abordados.
Leonardo Costa, experto en antilavado y ex presidente de Gafisud (organización intergubernamental que agrupa a los países de América del Sur) afirmó a El Observador que de los casos investigados en Uruguay y que terminaron con procesamientos de la Justicia por lavado de activos, 90% involucró a la compraventa de inmuebles.
Por su parte, Ricardo Sabella, codirector del certificado de prevención de lavado de activos de la Universidad Católica, dijo a El Observador que “Uruguay tiene las mismas vulnerabilidades que los países de la región”. Una región que definió como “geográficamente complicada, con economías con alta informalidad, una fuerte corrupción y una triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, que son limítrofes o cercanos a Uruguay”.
A pesar de ese entorno, Gafisud valoró mejor a Uruguay que a Argentina y Brasil, por su política antilavado y el cumplimiento de las observaciones. El experto señaló que antes el lavado se vinculaba a los bancos y hoy se involucró a la economía real. “Ahí, Uruguay es vulnerable por tener sectores poco controlados”, afirmó. l
