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Convenio del Mides con Cuba incluye pagar sábanas y toallas a técnicos
A mediados de 2008, el Ministerio de Salud Pública cubano y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) uruguayo firmaron un acuerdo para hacer un intercambio profesional entre el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y técnicos de Cuba. Ese convenio llevó a que desde 2013 el gobierno de la isla colabore con el diseño y reparación de prótesis ortopédicas para personas con amputaciones y capacite a recursos humanos uruguayos, mediante un contrato que fue considerado irregular por parte del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) las seis veces que se renovó desde que se firmó por primera vez por no tener la aprobación de la Asamblea General del Parlamento, como debería tenerlo.
El convenio observado el 12 de diciembre de 2018 por quinta vez incluye cláusulas que obligan al Estado uruguayo a pagarle a tres técnicos y licenciados en ortopedia un sueldo mensual de US$ 600, “garantizar alojamiento y asumir el gasto derivado (de la vivienda) con todas las comodidades y servicios necesarios”, según indican las condiciones del contrato, a las que accedió El Observador. Los “servicios necesarios” implican pagarles muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina, gas, climatización, transporte cuando tienen que ir y volver del trabajo y hasta lencería (sábanas, toallas, manteles, etc).
A su vez, el pago no se les pude realizar en dólares americanos ni ser depositado en ningún banco que tenga algún tipo de vinculación con Estados Unidos, por lo que se hace en euros y Uruguay se hace cargo de todos los gastos bancarios que se generen. El Estado también paga los pasajes aéreos para que puedan llegar a Uruguay.
A cambio de esos servicios, los expertos cubanos deben “prestar servicios técnicos especializados en el área de la ortopedia técnica”. El trabajo dura dos años, pero un mes antes se puede renovar el contrato, como sucede desde 2013.
Después de haber observador el contrato por primera vez, el TCR lo siguió observando porque no cumple con las formalidades que debería tener un convenio de ese tipo. El organismo indica en su resolución de diciembre que el Mides alegó motivos “de conveniencia” para renovar un contrato que no cumple con requisitos formales, pero no modificó la forma en la que se ejecuta, para que sea legal.
El 5 de noviembre, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, brindó una conferencia de prensa luego de un Consejo de Ministros en el que anunció con orgullo la renovación de la colaboración cubana. “El gobierno firmó un nuevo convenio con la República de Cuba para la continuidad de la colocación de prótesis”, dijo la ministra y destacó que gracias a esos contratos “las personas que sufrieron amputaciones pueden caminar”.
Ese mismo día, el TCR realizó la quinta observación por las irregularidades del contrato, según consta en una de sus resoluciones. La nueva firma del convenio implicó una transferencia de US$ 124.080, un monto similar a los que se venían manejando anteriormente. Como el Mides no corrigió los puntos observados por el TCR, el organismo tuvo que reiterar la irregularidad un mes después.
Reclamos vencidos
Cuando en mayo de 2018 el diputado del Partido Nacional Martín Lema accedió a los informes del TCR, realizó un pedido de informes en el que le pedía al Mides que explicara “las razones del incumplimiento” de notificar a la Asamblea General y “las razones de urgencia que lo llevaron a violar la Constitución”.
También pedía que informara “con detalle las evaluaciones realizadas para que el servicio no fuese realizado a través de un convenio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y los motivos que obligan a mantener el convenio con el Ministerio de Salud Pública de Cuba”. Lema sigue a la espera de una respuesta, pese a que el tiempo para responder ese pedido de informes ya caducó.
Para el diputado “si algo ha caracterizado a la gestión de la ministra Arismendi es la falta de transparencia y un profundo sentimiento de impunidad en el manejo de recursos públicos”. “Estamos ante un nuevo ejemplo de manejo irregular por parte del Mides. Más allá de seguir insistiendo para que brinden respuesta al pedido de informes que presentamos, también exigiremos que la ministra respete a la ciudadanía rindiendo cuentas sobre la gestión de los recursos públicos”, dijo al ser consultado por El Observador.
En junio, El Observador informó sobre las irregularidades de un contrato anterior al que está vigente y conversó con algunos técnicos uruguayos que aseguraban poder realizar la tarea que brinda el gobierno de Cuba. Entre ellos, por ejemplo, el licenciado en ortrosis y protesis Macelo García Bergantiños que se formó en en El Salvador y tiene una clínica que brinda los mismos servicios que da el gobierno de Cuba.
