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Cosse dice que su primer proyecto será eliminar la ley de Caducidad

La precandidata pidió a su equipo que encuentre "alguna forma" de "sacarse de encima" el "lastre de la ley de impunidad" 

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05 de junio de 2019 a las 16:53

La precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse dijo que de ser electa presidenta buscará “todos los caminos para eliminar la ley de Caducidad”. 

En declaraciones a Informe nacional de radio Uruguay, Cosse manifestó que “en el siglo XXI no se puede tener el lastre de la ley de impunidad”.

“No sé cómo vamos a sacarnos de encima esa ley, pero le he pedido a un equipo de trabajo que se ponga a estudiar las formas”, señaló la exministra de Industria, y anunció que si la solución es un proyecto de ley “será el primer proyecto de ley que mande”.

“Nos tenemos que sacar de encima la ley, porque no concibo en este momento histórico que nuestra democracia haya lugar para la impunidad. ¿Estamos hablando tanto de la seguridad? Bueno, vamos a mirar todo el paquete completo”, subrayó.

“Toda la doctrina legal de derechos humanos respalda esta posición, así que habrá alguna forma de hacerlo y en cuanto tenga la propuesta la haré”, agregó la precandidata. 

Consultada sobre los reclamos de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y otros grupos que ven retrasadas las causas de sus denuncias, Cosse dijo que “seguramente haya que reforzar (presupuestalmente)”, así como “ordenar la forma de trabajar y aplicar técnicas modernas de trabajo”. “De eso algo sé y lo veremos cuando lleguemos”, señaló, aunque aclaró que la “primera necesidad para la democracia” es “sacarse de encima” la ley de Caducidad. 

“Pondré todo de mí para que en el marco legal el camino de la verdad avance. Estoy convencida de que no podemos tener una democracia tutelada. Ya somos grandes”, sentenció.

La ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, votada en 1986 durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, ha sufrido varios intentos de anulación que quedaron por el camino. Dos consultas populares –primero en 1989 y luego en 2009– rechazaron su derogación, mientras que una ley interpretativa promovida por el Frente Amplio fue declarada inconstitucional y quedó sin efecto. 

La ley 15.848 estableció la caducidad del "ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto".

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