Los opíparos almuerzos gratis no existen para las naciones, como lo ha descubierto tardíamente Grecia, forzada ahora a una dieta de pan y agua para sobrevivir como miembro de la eurozona. Sucesivos gobiernos se embarcaron durante largos años en un carnaval fiscal, epilogado ahora con el durísimo ajuste que acaba de imponerle la trilogía formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero también hay una cuota de responsabilidad de esos organismos, e individualmente de algunas potencias europeas, que primero dispensaron a Grecia créditos sin garantías adecuadas y luego omitieron controlar el despeñadero en que seguía ese país pese a dos voluminosos rescates financieros previos, en 2010 y 2012.
Por tercera vez la comunidad europea ha corrido al salvataje, para evitar que la salida de Grecia del euro debilitara aun más a la moneda única y creara convulsiones en los mercados. Un total de € 86.000 millones será volcado durante tres años para evitar el colapso de la economía griega, apuntalando especialmente a un sistema bancario con arcas vacías y que hace dos semanas cerró sus puertas y le impidió a los griegos acceso libre a sus cuentas. El precio del rescate es ineludible pero enfrentará a la población a largos años de vida austera. Como lo reconoció el ministro de Reformas, George Kastrougalos, “o aceptamos estas medidas draconianas o habrá una muerte repentina para nuestra economía”.
Su rechazo hubiera sacado a Grecia de la eurozona e inducido a imprimir descontroladamente dracmas inflacionarios para evitar el cierre de sus bancos. Ahora se acaban las generosas jubilaciones a los 50 años y el clientelismo que engordó al funcionariado público con miles y miles de empleados que cobraban sin trabajar, en funciones que ni existían. Se agravará el ya alto desempleo y se reformará toda la estructura de la desordenada administración pública.
El duro despertar a la realidad agudizará seguramente las protestas sociales y crea incluso incertidumbre política. El primer ministro izquierdista Alexis Tsipras ha quedado en una posición de extrema fragilidad. Fue electo hace cinco meses para terminar con las previas medidas de austeridad y respaldó en un reciente referéndum el triunfante rechazo a las exigencias de la eurozona. Pero se contradijo a renglón seguido al presentar a las autoridades europeas un plan de ajuste virtualmente idéntico al que le exigían y que la votación popular había rechazado. Ahora deberá enfrentar el impacto de sus contramarchas en sus airados conciudadanos.
La desconfianza creada por los descuidos y engaños fiscales de Grecia y sus reiterados incumplimientos de compromisos asumidos han determinado que, bajo el acuerdo trabajosamente tejido durante el fin de semana, los organismos europeos y el FMI pondrán sobre el terreno comisiones que controlen estrictamente que esta vez no haya desvíos. Es una precaución elemental que debió tomarse, pero se omitió, hace cinco años, cuando el primer rescate.
El caso griego ilustra la necesidad del disciplinado orden fiscal. Este requisito es frecuentemente descuidado por muchos gobiernos que, al gastar en exceso, crean más tarde apremios financieros que terminan golpeando con más severidad a la población asalariada. Es una situación a la que no escapa Uruguay, aunque obviamente en grado mucho menor al de la tragedia griega.
