Crisis pesquera arrastró empresas y empleos

Cuando tenía entre 16 y 17 años, Luis Soria empezó a entrar al mar para trabajar. Hoy, con 51, tiene una barca en la zona de Santa Catalina, en Montevideo, una de las 200 que se dedican a la pesca artesanal entre Punta del Este y la barra del río Santa Lucía. Soria comparte la tarea con su hijo –lo que más sacan es corvina, pescadilla y brótola, cuenta– y lo que ingresa a su casa "depende mayoritariamente de la pesca".

Ahora, dice, los pescadores como él tienen un problema "gravísimo": las cámaras están llenas de producto como consecuencia de las dificultades para colocarlo en el extranjero. Eso hace que los intermediarios –quienes levantan el pescado y lo trasladan hacia las plantas– tengan terreno fértil para bajar los precios, comenta Soria, quien explica que mientras que en agosto pasado por una caja de 23 kilos recibía $ 750, hoy esa cifra bajó a $ 530 "en el mejor de los casos". A eso se suma que muchos de los intermediarios no compran más de 40 cajas, por lo que muchas veces los números no cierran.

"Estamos saliendo diariamente, pero cuando hay poco pescado miramos muy bien, porque no podemos seguir perdiendo: si agarramos cinco o seis cajas, no nos da ni para pagar el combustible", dice.

La situación que describe Soria no se ciñe solo a la modalidad artesanal, sino que el sector pesquero en su totalidad atraviesa momentos turbulentos en Uruguay. Las cifras de exportaciones del año pasado son elocuentes: descendieron los millones de kilos colocados en el exterior, así como el ingreso de divisas y el precio que se paga por tonelada de producto (ver infografía en página siguiente).

El director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), Daniel Gilardoni, habla de una "crisis importante", donde juegan factores tanto internos como externos. Entre estos últimos, Gilardoni señala que algunos de los principales compradores de pescado uruguayo –países africanos exportadores de petróleo– están sufriendo la caída del precio del crudo, lo que limita sus ingresos de divisas y, por ende, su capacidad de compra. En 2015, de los 10 primeros destinos de exportación, cuatro fueron naciones de África productoras de petróleo: Nigeria, Benin, Gabón y Congo.

Las dificultades para ingresar al mercado africano se suman a la caída, en 2014, de las preferencias arancelarias que el sector tenía para entrar a Europa. La supresión de ese régimen encareció los productos uruguayos y, comenta Gilardoni, es una de las causas detrás del cierre del Frigorífico Pesquero del Uruguay (Fripur) –uno de los pesos pesados del sector–, que bajó cortina en agosto del año pasado y cuyo futuro todavía es incierto. Europa era un mercado fundamental para la empresa, explica Gilardoni, que no pudo sortear la pérdida de competitividad en ese destino.

Según los datos que maneja la Dinara, a nivel de pesca industrial de una flota cercana a los 50 barcos, hoy están trabajando en el agua solamente 10. Eso, de acuerdo a los empresarios, responde a los stocks que tienen y que no pueden vender afuera.

Gilardoni señala que en este escenario hay varias propuestas, algunas "difíciles" de atender, otras sobre las que se está trabajando (ver apunte). A pesar de que califica la situación como "muy compleja", el director de la Dinara también apunta que "hay que buscar con el máximo de imaginación cómo zafar de este momento", porque muchas veces los obstáculos son "cíclicos".

En noviembre del año pasado, la producción de la industria pesquera tuvo una caída de 47,4% frente a igual mes de 2014, de acuerdo a los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cantidad de horas trabajadas descendió de manera todavía más violenta: 60,7% interanual. Fruto de eso, creció la cantidad de trabajadores en seguro de paro en el sector procesamiento y conservación de productos de pescados, crustáceos y moluscos, que en enero de 2015 eran 45 y para diciembre habían trepado a 646, según información del Banco de Previsión Social (BPS).

El jueves, el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) salió a la calle para hacer oír su malestar por el momento que vive el sector.

"Hoy los barcos no salen, no se produce, los pescadores artesanales tienen dificultades de colocar su materia prima, porque al estar las plantas cerradas no hay empresas que las reciban", resume el secretario general del Suntma, Carlos Vega.

El dirigente sindical habla de un "lockout patronal", y dice que los empresarios argumentan que "los costos son muy altos y por lo tanto no pueden competir con otros productos que tienen subvenciones".

Mercado "siempre hay", plantea Vega, pero los precios no son atractivos para las empresas, que deciden no sacar los barcos.

De acuerdo a los números que maneja el sindicato, el 90% de las empresas está parada hoy, y de un total de 67 barcos, hay ocho (cuatro barcos costeros y otros cuatro barcos de altura) en el agua. A nivel de pesca industrial, unas 600 personas trabajan embarcadas. Otras 150 hacen tareas de carga y descarga en tierra, y alrededor de 1.000 son empleados de las plantas procesadoras, según cifras del Suntma. "En ese escenario, solamente de lo que depende de la captura y la industrialización, tenés casi 3.000 trabajadores sin trabajo", plantea Vega.

Pese a que sostiene que el contexto es "muy crítico", el dirigente se muestra confiado en que el esfuerzo conjunto de trabajadores y empresas pueda "salvar esta industria", a la que considera importante no solo a nivel de puestos de trabajo sino también como generadora de divisas para el país.

Uno de los "aportes" que hizo el sindicato, cuenta Vega, fue congelar su salario por un año: el convenio colectivo vence el 30 de abril y en asamblea se votó no denunciarlo, sino prorrogarlo por un año, hasta 2017. "Creo que eso también genera tranquilidad y estabilidad", indica el secretario general del Suntma.

Otro de los ingredientes que se suman a ese cóctel es la discusión acerca de cómo han impactado en la pesca diferentes actividades que se desarrollan en el medio marino, como las prospecciones sísmicas en busca de hidrocarburos, la instalación de cables submarinos o la construcción de la regasificadora.

Esta última obra en concreto provocó la creación de la Coordinadora de Pescadores Artesanales, agrupación que reclama al consorcio Gas Sayago –conformado por UTE y ANCAP y responsable del emprendimiento– una indemnización por la zona de exclusión que la obra generó y que inhabilitó la navegación y la pesca allí.

Soria integra la coordinadora y dice que pese a que han hecho este planteo ante varios jerarcas del gobierno, por ahora no han sido escuchados. "Se han negado rotundamente a indemnizarnos, inclusive a hablar con nosotros en los últimos tiempos", afirma.

Lo que buscan es que el paquete de beneficios que fue otorgado a 22 embarcaciones del puerto de Santa Catalina –US$ 1.330 por mes, vales de combustible y un motor– se extienda también a otra cantidad de embarcaciones que, sostienen, "están igual de afectadas".

Por su parte, el director de la Dinara explica que hasta hace unos años la pesca era la única actividad, y que ahora se "juntó" con otras, las que se impactan mutuamente. Es una "sumatoria", manifiesta, que "merece otro tipo de enfoque", y también la fijación de reglas para el uso. "Espero que ahora que se empieza a hablar a alto nivel del tema de la explotación petrolera este tema también empiece de alguna manera a ser tenido en cuenta", sostiene.