La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, transmitió ayer en cadena nacional que enviará un proyecto de ley para disolver la actual Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), a la que acusó de un complot de espías tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, en una causa que involucra también al gobierno que ha quedado en el ojo de la tormenta durante la última semana.
26 de enero de 2015 23:29 hs
Nisman apareció muerto en su apartamento el día previo a la presentación ante el Congreso de una denuncia contra la mandataria y su canciller Héctor Timerman, por encubrimiento de la posible responsabilidad de Irán en el atentado de la mutual judía AMIA, el 18 de julio de 1994 con saldo de 85 muertos y 300 heridos.
El caso rápidamente se tornó turbio y cayó en contradicciones, tanto por las pruebas que fueron surgiendo como por las conjeturas que se tejieron de parte del gobierno y de la oposición política.
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Más allá de dos cartas que publicó en las redes sociales, Fernández apareció en escena recién ayer, cuando en cadena nacional de radio y televisión defendió la firma del memorándum de entendimiento con Irán (por el que fue acusada por Nisman de encubrimiento) y comunicó su intención de disolver y sustituir a la ex SIDE por la Agencia Federal de Inteligencia, que aplicará un nuevo sistema en función del proyecto de ley que enviará al Parlamento en carácter de urgente. “El proyecto establece la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia”, cuyas máximas autoridades serán designadas por el Poder Ejecutivo pero con acuerdo del Senado, indicó la mandataria en su discurso.
Además, Fernández aclaró que “se cambian principios rectores vigentes” (…) “para la prevención de terrorismo, trata de personas, ciberdelitos, delitos contra orden económico y financiero”. Además, agregó que “la investigación interna solo quedará para delitos federales de orden complejo”.
El proyecto, que será enviado antes del fin de semana por el Poder Ejecutivo y que para ello convocó a ambas cámaras a sesiones extraordinarias el 1° de febrero, tiene como puntos destacados la creación de bancos de datos con el objeto de proteger información de seguridad nacional. Asimismo, se establecerán penalidades para quienes no cumplan con disposiciones legales, según detalló la mandataria al leer el proyecto de la nueva norma.
Fernández explicó que la reforma de los servicios de Inteligencia responde a la necesidad de “transparentar un sistema que no ha sido de diligencia y no ha servido a los intereses nacionales”.
Asimismo, dijo que “se establece también la transferencia a la Procuración General del Sistema de Observaciones Judiciales, conocido con el nombre de ‘ojotas’, que es el sistema de escuchas que ordenan los jueces y que hoy está en el ámbito del Poder Ejecutivo”.
Persecución
Según la mandataria, tras la firma del acuerdo de entendimiento alcanzado con Irán, en 2013, “se empezaron a observar como ciertos organismos, más concretamente la Secretaría de Inteligencia, comenzaron a bombardear el acuerdo”.
En ese sentido, agregó que se intensificaron “las denuncias contra la presidenta” expandidas “con ritmo de vértigo, con la complicidad de grupos de jueces, denunciantes anónimos y también de los periodistas amplificadores o los medios de desinformación amplificadores”.
Apuntó además que se presentaron “todo tipo de denuncias contra la presidenta, como nunca se vio en ninguna etapa de la democracia”.
En otro orden, la mandataria aprovechó su aparición pública, para hacer hincapié en su gestión para esclarecer el caso AMIA, deslindando la responsabilidad que le quería atribuir Nisman con su denuncia, que incluía escuchas telefónicas y una investigación de más de una década.
En ese sentido, Fernández resaltó: “Nadie puede dudar de todo lo que hicimos para que esta causa fuera para adelante”.
Imputado
En el ámbito de la investigación, ayer fue imputado Diego Lagomarsino, una de las últimas personas en ver con vida a Nisman cuando le entregó el arma que, según su testimonio, el fiscal le había pedido porque no se sentía seguro. Se trata de un revolver calibre 22 de donde salió la bala que mató a Nisman.
Según publicó el diario argentino El Cronista, la imputación es por prestarle el arma, ya que, de acuerdo con el Código Penal argentino, existe una pena de entre uno y seis años de prisión para “toda aquella persona que le entregue a otro individuo un arma, sin que este último tenga permiso para utilizarla”.
Nisman tenía vencida la autorización para portar arma, por lo cual tanto él como Lagomarsino estaban incurriendo en un delito.
Custodios
Otro elemento que se sumó a la causa ayer fue la declaración de los custodios de Nisman que, lejos de esclarecer, aportaron más contradicciones.
Ambos estuvieron ante el juez por varias horas, pero existen dudas acerca de la hora en que los custodios ingresaron al edificio de Nisman.
Además, se constató que recién una vez hallado el cuerpo del fiscal en el baño del apartamento dieron aviso a sus superiores de la Policía.
