El gobierno argentino busca capitalizar en lo político el default de la deuda
Aquellos que sostienen que Cristina Fernández de Kirchner se siente cómoda en la situación de default y que ve la pelea con los “buitres” como una oportunidad de rédito político habrán, sentido que el último discurso de la Presidenta justifica su tesis.
Al anunciar un nuevo plan de viviendas sociales, la mandataria argentina dejó en claro su nueva estrategia comunicacional: vincular al conflicto de la deuda con los problemas derivados de la recesión. Más precisamente, que los fondos NML, de Paul Singer y Aurelius, de Mark Brodsky, están detrás de una conspiración para perjudicar a la economía argentina. Así, el cierre de la imprenta Donnelley –que dejó a 400 empleados en la calle– fue mencionado por la presidenta como un cierre inducido por motivaciones geopolíticas, con la mano de Singer forzando una quiebra fraudulenta.
La imprenta, de capitales estadounidenses, es una de las más activas del mercado local, y tiene como cliente a las principales editoriales de revistas. El cierre fue sorpresivo y no sólo se transformó en la noticia de tapa de todos los diarios, sino que se erigió en símbolo del momento recesivo que atraviesa la economía argentina. Pero Cristina sorprendió al atribuir este cierre a una decisión política para castigar al gobierno argentino.
Denunció que “su situación patrimonial era buena y, sin embargo, pidió la quiebra”, por lo que consideró el cierre de la firma como un hecho “casi mafioso”, un caso “de manejo fraudulento, de intento de aterrorizar a la población”. La explicación, para Cristina es que esta imprenta está vinculada con el fondo de inversión Black Rock, también manejado por Paul Singer, el máximo ejecutivo del fondo “buitre” NML. De ahí a concluir que la empresa había creado “un estado de quiebra que no es tal, para estafar o generar temor en la población”, fue sólo un paso.
Un enemigo perfecto
Lo cierto es que esta situación terminó, igual que el propio default, por ser funcional al gobierno argentino. Ahora, el desplome de la inversión y las suspensiones de empleados, son presentados no como problemas reales de la economía sino a un manejo interesado de las expectativas, por parte de medios de comunicación y de asesores económicos que quieren sabotear al gobierno.
Esta no es, por cierto, una estrategia nueva en la política comunicacional del kirchnerismo: ante cada evidencia de problemas derivados de la política económica, el “relato” siempre se las ingenió para encontrar un nuevo culpable. Así, cuando el ajuste vino por la vía de la devaluación, se dijo que era una conspiración de los bancos que intentaban un “golpe de mercado”. Luego, cuando la caída en el nivel salarial fue por una aceleración inflacionaria, se argumentó que era por causa de “los grupos concentrados” y las cadenas retail que aprovechaban el contexto de nerviosismo para aumentar su tasa de ganancia.
Cuando el fantasma de la recesión se corporizó, se instaló un nuevo argumento: la culpa es de las empresas, que son desagradecidas porque antes ganaron mucho dinero y ahora se niegan a incrementar su nivel de inversión.
Parecía que ese punto ya no podía ser superado. Pero Cristina encontró la forma de que la teoría conspirativa ya no quedara dentro de fronteras sino que se globalizara. Fue inestimable, para esos fines, el aporte del fondo Aurelius, Mark Brodsky, con su declaración: “El pueblo argentino ya pagó un significativo precio por la desmesura de sus dirigentes. Con la Argentina defaulteando sus bonos otra vez, tememos que lo peor está por venir”.
La frase estaba en el contexto de un comunicado en el cual formalmente se daba por fracasadas las negociaciones para que un grupo de bancos privados comprara la deuda de los “buitres” y se pudiera así salir de la situación de default.
El tono amenazante vino como anillo al dedo para consolidar el “relato” conspirativo.
Al día siguiente, el fondo NML emitió un comunicado similar, también dando por fracasadas las negociaciones con los privados. Y el caso Donnelley fue un bálsamo: gracias a esta situación, la presidenta se las ingenió para dar un extenso discurso sobre la situación económica sin tener que hacer mención a que la siderúrgica Acindar suspendió su personal por segunda vez en un mes, o que Paraná Metal –propiedad del empresario oficialista Cristóbal López– suspenderá a 150 trabajadores durante tres semanas en las que la planta permanecerá cerrada, ante la caída de las ventas.
Polémica por ley antiterrorista
El punto que más preocupa ahora al ámbito político, y sobre todo a los empresarios es que, ante el caso Donelley, Cristina decidió aplicar por primera vez la nueva Ley Antiterrorista, dado que interpreta que la empresa se propone “alterar el orden económico y financiero”.
Esta ley, aprobada hace tres años, sustituye otra de la década de 1970, que había sido pensada para combatir a quienes financiaban las actividades guerrilleras. En esta ocasión, el foco estuvo puesto en el riesgo de que grandes empresas pudieran provocar desabestecimiento deliberado o forzar aumentos de precios con un objetivo de crear alarma social.
La ley habilita a aplicar penas más duras que las previstas para los casos de defraudación comercial. Los críticos la asimilan a la legislación que se aplicó en la Venezuela chavista y de inmediato salieron a advertir que el gobierno podría verse tentado a generalizar su uso, como forma de dar una respuesta política ante las suspensiones y despidos de personal en la industria.
“Puede servir en cualquier momento para ‘crear’ un terrorista. En este caso le toca a una empresa, en otro a trabajadores que molestan. Si la empresa cometió un ilícito o declaró una quiebra fraudulenta, deberá ser juzgada por las leyes específicas que contemplan esta figura”, afirmó Patricia Bullrich, diputada de la fracción opositora Unión Pro.
En tanto el diputado Francisco de Narváez consideró que la respuesta de Cristina implica “elegir el peor camino, que es meter miedo a quienes opinen distinto o actúen en forma diferente de lo que ellos quieren”. Así, el nuevo debate que se instaló en Argentina es hasta qué punto pueda llegar a generalizarse esta estrategia confrontativa. Lo que temen los más escépticos es que, en la medida en que Cristina Kirchner perciba rédito político, las probabilidades de salir del default van disminuyendo.