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Cuando la clemencia es vista como una señal de impunidad
Fujimori, Pinochet y Ríos Montt: abusos, cárcel y la salud como atenuante
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28 de diciembre de 2017 a las 05:00
Fujimori en su cama de hospital, Pinochet en silla de ruedas, Ríos Montt y su demencia: a pesar de los crímenes cometidos bajo sus órdenes, estos gobernantes latinoamericanos de salud frágil se beneficiaron de una clemencia que es denunciada como impunidad por los defensores de los derechos humanos.
Si el anuncio de una gracia presidencial para el expresidente peruano, condenado por crímenes contra la humanidad, hizo que miles de peruanos encolerizados se apoderaran de las calles, también suscitó vivas críticas por parte de la ONU.
El representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, pidió "evitar cualquier situación que pueda llevar a la impunidad".
Tras pedir "perdón de todo corazón", Alberto Fujimori, de 79 años, reconoció este martes haber "defraudado también a otros compatriotas".
Un eufemismo en comparación con la severidad de su condena: 25 años de reclusión por el asesinato de 25 personas por un escuadrón de la muerte, en un combate contra la guerrilla de Sendero Luminoso ocurrido durante su presidencia (1990-2000).
En un vídeo publicado en Facebook se puede ver al antiguo hombre fuerte de Perú, visiblemente de capa caída, en su cama de hospital, con una bata blanca, hablando lentamente y rodeado de instrumental sanitario.
Hace 17 años, había sido el exdictador chileno, el general Augusto Pinochet, de 84 años, quien llegaba en silla de ruedas al aeropuerto de Santiago de Chile, recién puesto en libertad por razones de salud tras haber pasado 503 días detenido en Londres.
En cuanto descendió del avión, se levantó, saludó a los simpatizantes que habían acudido a recibirlo y se fue caminando acompañado de sus allegados. Una provocación, según sus opositores.
"La edad es un factor que funciona como una circunstancia atenuante", señaló Lissell Quiroz-Pérez, doctora en historia y especialista de América Latina en la universidad francesa de Rouen.
"Estos hombres son ancianos", añadió. "Y se aprovechan de eso: Fujimori siempre aparece en la cama y Pinochet era similar; siempre parecía muy débil. Esto crea en la población un sentimiento de compasión", afirmó.
En tanto, en Guatemala, el exdictador Efrain Ríos Montt, de 91 años, espera para conocer el veredicto del proceso abierto en su contra el pasado mes de octubre por la masacre de más de 1.770 indígenas, acusados de apoyar a las guerrillas de izquierda bajo su régimen (1982-1983).
Pero ya sabe que no irá a la cárcel, una opción descartada por la justicia a causa de sus problemas mentales.
"Tiene muy pocos momentos de lucidez", aseguraba en octubre su exabogado Jaime Hernández.
"Es lamentable que aquellos que abusaron de los derechos humanos de otros sean protegidos por esos mismos derechos humanos, pero en eso consiste la democracia", observó Patricio Navia, consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), que rechaza, sin embargo, el término de inmunidad para Alberto Fujimori, que pasó 12 años de prisión.
Para este politólogo chileno, "lo de Fujimori es un retroceso, pero en un contexto de crecientes niveles de justicia para los violadores de derechos humanos en toda América Latina".
En su opinión, existe "mucha menos impunidad ahora que antes". Hace 30 años, ningún expresidente de América Latina iba preso, y ahora varios exgobernantes, en Guatemala (Otto Pérez Molina) y en Perú (Ollanta Humala) particularmente, están entre rejas por casos de corrupción, recordó.
Gaspard Estrada, director del Observatorio Político de América Latina y del Caribe de la Universidad de Ciencias Políticas de París, incluyó otros matices.
"Fujimori fue condenado, purgó una parte de su pena, pero si queremos que la impunidad disminuya y que el estado de derecho progrese, crear excepciones puede abrir brechas a otras excepciones", señaló.
A pesar de los 3.200 muertos o desaparecidos atribuidos a su régimen, el 12% de los chilenos considera a Pinochet como "uno de los mejores presidentes que conoció el país", según una encuesta reciente, al valorar su herencia económica, marcada por un liberalismo muy fuerte.
"Es la segunda vez que confié en un presidente y que me ha fallado", dijo con pesar Rosa Rojas, quien perdió a su marido y a su hijo de 8 años en la matanza de Barrios Altos, perpetrada en Lima por un escuadrón militar el 3 de noviembre de 1991.
Varias agrupaciones políticas y de víctimas del gobierno de Fujimori (1990-2000) convocaron a una marcha este jueves en Lima, mientras una organización peruana dijo que pedirá la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.
"Creemos que es un indulto ilegal porque no reúne las condiciones que la propia norma peruana establece para otorgar indulto", declaró Gisela Ortiz, hermana de uno de los nueve estudiantes y un profesor secuestrados por un escuadrón militar desde la universidad La Cantuta y asesinados en una zona rural cercana a Lima, el 18 de julio de 1992.
Fujimori, de 79 años y quien se encuentra desde el sábado pasado en una clínica por problemas circulatorios, fue condenado a fines de 2007 a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, además de los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.
Alcanzó a cumplir 12 años de su condena, pues la justicia considera también el período que estuvo bajo arresto domiciliario en Chile, mientras se tramitaba su extradición a Perú.
También fue condenado por otras causas, entre ellas por corrupción, pero estas sentencias no se suman a los 25 años de la mayor pena, según la ley peruana.
Fujimori fue indultado el domingo por Kuczynski invocando razones humanitarias debido a sus problemas de salud, pero muchos peruanos atribuyen la medida a una negociación política.
Si el anuncio de una gracia presidencial para el expresidente peruano, condenado por crímenes contra la humanidad, hizo que miles de peruanos encolerizados se apoderaran de las calles, también suscitó vivas críticas por parte de la ONU.
El representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, pidió "evitar cualquier situación que pueda llevar a la impunidad".
Tras pedir "perdón de todo corazón", Alberto Fujimori, de 79 años, reconoció este martes haber "defraudado también a otros compatriotas".
Un eufemismo en comparación con la severidad de su condena: 25 años de reclusión por el asesinato de 25 personas por un escuadrón de la muerte, en un combate contra la guerrilla de Sendero Luminoso ocurrido durante su presidencia (1990-2000).
En un vídeo publicado en Facebook se puede ver al antiguo hombre fuerte de Perú, visiblemente de capa caída, en su cama de hospital, con una bata blanca, hablando lentamente y rodeado de instrumental sanitario.
Hace 17 años, había sido el exdictador chileno, el general Augusto Pinochet, de 84 años, quien llegaba en silla de ruedas al aeropuerto de Santiago de Chile, recién puesto en libertad por razones de salud tras haber pasado 503 días detenido en Londres.
En cuanto descendió del avión, se levantó, saludó a los simpatizantes que habían acudido a recibirlo y se fue caminando acompañado de sus allegados. Una provocación, según sus opositores.
"La edad es un factor que funciona como una circunstancia atenuante", señaló Lissell Quiroz-Pérez, doctora en historia y especialista de América Latina en la universidad francesa de Rouen.
"Estos hombres son ancianos", añadió. "Y se aprovechan de eso: Fujimori siempre aparece en la cama y Pinochet era similar; siempre parecía muy débil. Esto crea en la población un sentimiento de compasión", afirmó.
En tanto, en Guatemala, el exdictador Efrain Ríos Montt, de 91 años, espera para conocer el veredicto del proceso abierto en su contra el pasado mes de octubre por la masacre de más de 1.770 indígenas, acusados de apoyar a las guerrillas de izquierda bajo su régimen (1982-1983).
Pero ya sabe que no irá a la cárcel, una opción descartada por la justicia a causa de sus problemas mentales.
"Tiene muy pocos momentos de lucidez", aseguraba en octubre su exabogado Jaime Hernández.
"Es lamentable que aquellos que abusaron de los derechos humanos de otros sean protegidos por esos mismos derechos humanos, pero en eso consiste la democracia", observó Patricio Navia, consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), que rechaza, sin embargo, el término de inmunidad para Alberto Fujimori, que pasó 12 años de prisión.
Para este politólogo chileno, "lo de Fujimori es un retroceso, pero en un contexto de crecientes niveles de justicia para los violadores de derechos humanos en toda América Latina".
En su opinión, existe "mucha menos impunidad ahora que antes". Hace 30 años, ningún expresidente de América Latina iba preso, y ahora varios exgobernantes, en Guatemala (Otto Pérez Molina) y en Perú (Ollanta Humala) particularmente, están entre rejas por casos de corrupción, recordó.
Gaspard Estrada, director del Observatorio Político de América Latina y del Caribe de la Universidad de Ciencias Políticas de París, incluyó otros matices.
"Fujimori fue condenado, purgó una parte de su pena, pero si queremos que la impunidad disminuya y que el estado de derecho progrese, crear excepciones puede abrir brechas a otras excepciones", señaló.
A pesar de los 3.200 muertos o desaparecidos atribuidos a su régimen, el 12% de los chilenos considera a Pinochet como "uno de los mejores presidentes que conoció el país", según una encuesta reciente, al valorar su herencia económica, marcada por un liberalismo muy fuerte.
Familiares de víctimas hacen marcha contra el indulto
Familiares de las víctimas de la represión bajo el régimen de Alberto Fujimori, organizaciones políticas y de derechos humanos se movilizaron este miércoles por la anulación del indulto al expresidente peruano, concedido por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski en la víspera de Navidad."Es la segunda vez que confié en un presidente y que me ha fallado", dijo con pesar Rosa Rojas, quien perdió a su marido y a su hijo de 8 años en la matanza de Barrios Altos, perpetrada en Lima por un escuadrón militar el 3 de noviembre de 1991.
Varias agrupaciones políticas y de víctimas del gobierno de Fujimori (1990-2000) convocaron a una marcha este jueves en Lima, mientras una organización peruana dijo que pedirá la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.
"Creemos que es un indulto ilegal porque no reúne las condiciones que la propia norma peruana establece para otorgar indulto", declaró Gisela Ortiz, hermana de uno de los nueve estudiantes y un profesor secuestrados por un escuadrón militar desde la universidad La Cantuta y asesinados en una zona rural cercana a Lima, el 18 de julio de 1992.
Fujimori, de 79 años y quien se encuentra desde el sábado pasado en una clínica por problemas circulatorios, fue condenado a fines de 2007 a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, además de los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.
Alcanzó a cumplir 12 años de su condena, pues la justicia considera también el período que estuvo bajo arresto domiciliario en Chile, mientras se tramitaba su extradición a Perú.
También fue condenado por otras causas, entre ellas por corrupción, pero estas sentencias no se suman a los 25 años de la mayor pena, según la ley peruana.
Fujimori fue indultado el domingo por Kuczynski invocando razones humanitarias debido a sus problemas de salud, pero muchos peruanos atribuyen la medida a una negociación política.
