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Cuatro juicios millonarios que afronta el Estado
Negocios mal cerrados, cambios en las condiciones y malas decisiones expusieron al Estado en los últimos a un montón de juicios con empresas.
Aquí cuatro casos de compañías extranjeras que demandan a Uruguay.
Exor
US$ 7 millones
La Justicia falló este miércoles en primera instancia contra ANCAP por el incumplimiento de un contrato de intermediación que debía realizar la empresa Exor con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Exor había participado, durante la gestión del expresidente Raúl Sendic, del armado de una ingeniería financiera que le permitiría a ANCAP pagar anticipadamente la deuda que mantenía con Pdvsa por US$ 800 millones, y al mismo tiempo lograr una quita que se tradujera en ahorro para la empresa uruguaya. Sin embargo, a último momento, se decidió prescindir de los servicios de Exor. La empresa había reclamado US$ 34 millones.
Italba
US$ 100 millones
La firma Italba Corporation presentó en noviembre de 2017 una demanda al Estado uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ya que alega que a su subsidiaria uruguaya, Trigosul S.A, se le revocó en 2011 en forma irregular el permiso que se le había concedido en el 2000 para brindar servicios de banda ancha. Según la empresa, eso implicó una violación al Tratado de Protección de Inversiones vigente entre Uruguay y Estados Unidos. En 2011 la Ursec había detectado irregularidades en el funcionamiento de la empresa y por eso liberó las ondas del espectro radioeléctrico que Trigosul SA tenía asignadas.
Hyundai
US$ 332 millones
La empresa coreana presentó a fines de 2017 una demanda a UTE ante la Justicia uruguaya por el incumplimiento de la adjudicación que se le había hecho por la construcción de la central de ciclo combinado en Punta del Tigre (San José), informó El País. Sostiene que la empresa estatal demoró un año en entregar el sitio donde que debía instalarse la central, que también demoró en presentar los planos, que no cumplió con los pagos parciales y que tampoco cumplió un compromiso de entregar gas natural para las pruebas de una turbina de gas.
Aratirí
US$ 3.536 millones
La minera formalizó el 3 de julio una demanda internacional contra Uruguay ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. La empresa afirma que “el gobierno implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva”, en relación a la ley de megaminería que fijó nuevos topes al negocio minero”. Luego de que los inversores gastaran decenas de millones de dólares diseñando el puerto en ese lugar, el gobierno decidió unilateralmente que el puerto del proyecto debía ubicarse en otro lugar”.
