Daniel Ortega celebra un nuevo aniversario de la caída de Somoza

El problema nicaragüense ha quedado algo relegado en los últimos meses debido al deterioro de la Venezuela de Nicolás Maduro, en donde están puestos todos los reflectores de la comunidad internacional.

Pero la realidad de Nicaragua no es mucho mejor que la de Venezuela, que empeora día a día y por las mismas razones: un régimen autoritario de izquierda, ilegítimo, corrupto y de un deplorable estado económico y social que no ceja –4% de caída de la economía en 2018 y unas 400 mil personas perdieron su puesto de trabajo, según gremios empresariales-.
Ortega, de 73 años, fue un símbolo de la lucha victoriosa contra el dictador Anastasio Somoza y que lo llevó a la presidencia en 1985. Pero muchos creen que los últimos 12 años contiguos en el poder lo transformaron en una figura tan innoble como la que él enfrentó y por eso se niega a convocar a elecciones anticipadas como se pide a gritos en las calles de Managua. 

La debacle nicaragüense es paralela a la venezolana. Durante el período de esplendor del chavismo, Ortega supo sacar réditos políticos y económicos. Pero cuando empezaron a escasear los petrodólares, el presidente nicaragüense quedó desnudo: la economía comenzó una pendiente barranca abajo y con la crisis se profundizó el gobierno de garrote, desesperado por contener masivas protestas que empezaron por una reforma de la seguridad social pero luego se extendieron contra todo el régimen de Ortega.

Según organismos de derechos humanos, las protestas iniciadas en abril de 2018, han dejado 325 muertos, centenares de detenidos y dos mil heridos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima hoy en 70 mil el número de nicaragüenses que han solicitado asilo en países como Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos desde el inicio de la crisis hasta mayo pasado.

Agencias de noticias informaron esta semana que en las principales ciudades son muy visibles los hombres armados con fusiles que realizan patrullajes, ocupan espacios públicos, vigilan comercios, iglesias, universidades y detienen a manifestantes opositores. Es un imponente despliegue policial para evitar cualquier protesta o forma de manifestación.

Es por eso que el jueves 11, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la “continuación de la represión” en Nicaragua después de casi cinco meses de instalada la mesa de negociación con la que se espera superar la crisis que estalló hace más de un año. Y también su dolor por la falta de voluntad de Ortega para el restablecimiento de las libertades y derechos de toda la población, así como para superar la situación de impunidad respecto a las graves violaciones de derechos humanos.

En un contexto nefasto, Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, preparan los festejos por el 40 aniversario de la revolución sandinista, el próximo viernes 19, en la emblemática Plaza de la Fe Juan Pablo II. Esperan delegados de unos 30 países y rezan para que no ocurra lo mismo de la celebración del año pasado en la que no participó ningún jefe de Estado.