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8 de marzo 2023 - 14:15hs

El gobierno de Daniel Ortega dio un nuevo paso en su escalada represiva contra cualquier atisbo de oposición y pensamiento independiente. Mediante un decreto publicado en el diario oficial La Gaceta ordenó las cancelaciones de las personerías de la Universidad Juan Pablo II, con sede en Managua y otras cuatro ciudades, y de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, con sede en León y casas de estudios en otras cinco ciudades del país.

Las cancelaciones se conocieron pocas horas antes que mediante otro decreto ordenara los cierres y las quitas de las personerías jurídicas de Cáritas Nicaragua y Cáritas Jinotega, las dos filiales locales de la oenegé católica Cáritas, según informó el diario local La Prensa, en todos los casos por supuestos “incumplimientos de sus obligaciones de las leyes que las regulan”, señala el decreto firmado por la ministra de Gobernación, Amelia Coronel Kinloh.

Según el argumento oficial, el mismo desde que comenzó la escalada represiva contra medios de comunicación y entidades civiles, ambas universidades "han obstaculizado el control y la vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro". La medida agrega que los estudiantes de las dos universidades serán integrados en otras casas de estudios y los bienes de instituciones confiscados por el Estado.

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Según informó la prensa local adscripta a Ortega, las autoridades de las dos universidades tendrán que entregar al oficial Consejo Nacional de Universidades (CNU) que depende del Poder Ejecutivo toda la "información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones”. “De nuevo el régimen orteguista cercena del derecho a la educación en una muestra más de autoritarismo y del temor a un pueblo que lo rechaza”, denunció el dirigente opositor en el exilio Félix Maradiaga.

Las medidas contra las casas de altos estudios vinculadas a la Iglesia Católica siguen a las condenas a prisión del obispo de la ciudad de Matagalpa, Rolando Álvarez,  y otros sacerdotes y seminaristas, como así también a la expulsión de una docena de religiosas de congregación fundada por la Madre Teresa de Calcuta, escalada denunciada por el Vaticano y ante la cual el papa Francisco expresó su “preocupación” durante una oración dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Desde la crisis política y social iniciada en 2018 que se expresó en las principales ciudades del país con una serie de protestas callejeras cuya represión dejó más de 400 muertos y centenares de heridos y detenidos, Ortega redobló los ataque contra la oposición proscribiendo a los principales líderes y espacios opositores, ofensiva que incluyó hace un mes el destierro y el quite de la ciudadanía a 222 presos políticos que estaban recluidos en el penal de Chipote, y más recientemente el retiro de la personería jurídica a 18 asociaciones empresariales, entre ellas el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que aglutina a otras cámaras patronales.

En este último caso, la resolución, también publicada en el diario oficial La Gaceta, canceló la personería a prácticamente todas las asociaciones empresariales del país bajo el reiterado argumento que las entidades afectadas “no completaron el proceso de convalidación de registro” y presentaron “inconsistencias en la información” de sus estados financieros, “sin detalles de ingresos y gastos o sin soporte de ellos”.

Entre las instituciones sancionadas figuran las asociaciones de Exportadores de Café, de Productores Agropecuarios, de la Industria Textil y Confección; así como las cámaras de Urbanizadores, de la Construcción, de Pesca, Microfinanzas, Comercio y Servicios, e Industrias y de Turismo, entidades agrupadas a la Cosep, organización está última que acompañó la gestión de Ortega desde que este volvió al gobierno en 2007 y del que se distanció a partir de la crisis que se inició iniciada en 2018.

El presidente del Cosep, Adán Aguerri, fue detenido en 2021, en el contexto de la ola de arrestos que llevó a más de 200 opositores a la cárcel, mientras el gobierno iniciaba el cierre de más de 2.000 organizaciones no gubernamentales. Aguerri, de 62 años, fue uno de los 222 opositores a los que el gobierno de Nicaragua excarceló, deportó a Estados Unidos, les quitó la nacionalidad y confiscó sus bienes el 9 de febrero pasado, tras haber sido condenado a 13 años de cárcel por “traición a la patria”.

Con argumentos similares a los esgrimidos el 3 de febrero pasado, cuando el gobierno canceló la personería jurídica de la Asociación de Bancos Privados y otras 16 asociaciones empresariales, Coronel Kinloh insistió en que las entidades clausuradas “no promueven políticas de transparencia en la administración y el manejo de sus fondos” y se reiteró al señalar que “no han reportado estados financieros en el periodo fiscal 2022”.

En ocasión de la quita de la nacionalidad y el destierro de los 222 presos políticos que estaban en el penal de El Chipote, símbolo de la dictadura de la dinastía somocista, la jurista Vilma Núñez de 83 años, veterana dirigente por los derechos humanos reconocida a nivel nacional e internacional y que fuera detenida y torturada por el somocismo poco antes del triunfo de la revolución sandinista, evaluó la situación señalando que Ortega busca la “muerte civil” de sus opositores.

“Este régimen ha sobrepasado ya todos los límites conocidos en las dictaduras latinoamericanas. La estrategia que siguen en mi caso es ignorar y subestimarme como si fuera una vieja loca que habla de más. Pero yo sigo ofreciendo entrevistas a todos los medios independientes internacionales. No podemos callarnos”, dijo desde Managua en una entrevista vía telefónica con el diario El País de España desde Managua.

También al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CNIDH) que fundó en la década del 90 y que presidió hasta hace poco le fue retirada la personería. Sin oficinas y bajo un constante hostigamiento,  Núñez asegura que el futuro del país es “muy incierto”.

“Sí, me siento traicionada. Durante los años ochenta no supimos ver bien lo que se venía gestando. Creímos en gran medida que nos enfrentábamos a un enemigo invasor (Estados Unidos) y eso hacía que se justificaran muchas cosas. Pero yo, como magistrada entonces de la Corte Suprema, intenté mantener la neutralidad e independencia, lo que me granjeó muchos problemas con el gobierno a la hora de defender los derechos humanos”, resumió Núñez, quien al igual que muchos nicaragüenses que integraron o adhirieron al Frente Sandinista de Liberación Nacional ahora son perseguidos, encarcelados o expulsados del país.

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