De la cadena perpetua a la castración química: proponen penas para los violadores

En 1895, tras una serie de casos policiales que estremecieron a la sociedad uruguaya, Pedro Figari, quien además de ser un emblemático pintor y político colorado, ejercía como defensor público, advirtió a los que impartían Justicia que no se dejaran llevar por "la alarma pública" en el momento de tomar sus decisiones.

A esa anécdota se remitió el historiador Daniel Fessler –estudioso de la evolución del crimen y el castigo en Uruguay– para describir cómo, a lo largo de toda la vida del país, los casos policiales han despertado fuertes pasiones entre la población. Los recientes asesinatos de las niñas Brissa y Valentina no fueron la excepción y, además de sumir a la sociedad en un aparente estado de congoja generalizado, provocaron pedidos de mano dura desde el sistema político que abarcaron desde la prisión perpetua hasta la castración química para los violadores.

No habían pasado 24 horas desde conocida la muerte de Brissa, cuando el senador nacionalista Jorge Larrañaga llamó a estudiar la posibilidad de imponer la cadena perpetua para delitos de esa especie. "Sé que con esto puedo tener un lío con los penalistas –avisó Larrañaga antes de enunciar su propuesta en el programa Todo Pasa de Océano FM– pero estoy de acuerdo en que hay que estudiar, analizar y discutir la cadena perpetua para hechos de esta impactante situación".

En Uruguay la pena máxima son 30 años de prisión y prácticamente nadie llega a cumplirla ya que obtienen el beneficio de poder salir antes si estudian y trabajan en prisión. "Realmente lo que impacta, lo que lo mueve a uno a hablar en estos momentos es el dolor, más allá de que como político reciba recriminaciones de por qué no se hace nada al respecto", sostuvo Larrañaga.

Tras otro hecho trágico, el asesinato del niño Felipe Romero en Maldonado en abril pasado, el diputado Guillermo Facello (Partido de la Gente) presentó un proyecto de ley para considerar como "agravante" de homicidio el hecho de que la víctima sea menor de 13 años. Por esos días se discutía en el Senado la ley de femicidio, actualmente en vigencia, que concibe mayores penas a los homicidios perpetrados contra las mujeres. "Consideramos que era importante agregar un inciso al artículo 312 del Código Penal para establecer como agravante ese tipo de homicidios, sin distinción de sexos", explicó Facello a El Observador.

Más atrás en el tiempo, la diputada colorada Cecilia Eguiluz había presentado otro proyecto de ley referido a delitos sexuales. Lo hizo en agosto de 2016, días después de que se diera a conocer que un fiscal de Rivera había archivado un caso de incesto porque no provocó un "escándalo público". Aunque el fiscal de Corte, Jorge Díaz, señaló que se trató de un error del funcionario, ya que debía imputarse el delito de violación, la difusión del caso llevó a que algunos legisladores propusieran rever la redacción dada por el Código Penal. El proyecto de ley de Eguiluz, proponía quitar el "escándalo público" de las condiciones para la configuración del incesto. Además, un segundo artículo establecía la imprescriptibilidad de los delitos sexuales.

El senador blanco Luis Lacalle Pou (Todos) ya presentó en dos oportunidades distintas (2008 y 2010) un proyecto para crear un registro de violadores y acosadores sexuales. Este jueves, al conocerse la muerte de Brissa, Lacalle Pou recordó ese proyecto en su cuenta de Twitter. "Da bronca e impotencia el asesinato de una niña. Hoy pedimos QEPD Brissa. Mañana hablaremos de proyectos que presentamos hace tiempo", escribió. Por su parte, el senador de ese mismo sector Alvaro Delgado dijo a El Observador que "a la luz de estos últimos acontecimientos, sin caer en el oportunismo, hay que empezar a dar señales" políticas.

La propuesta de Lacalle Pou pretende recabar información sobre las personas condenadas por los delitos de violación, de atentado violento al pudor, y otros que vayan contra la "integridad sexual" de los menores. Si bien el proyecto propone obligar al Ministerio Interior a dar información a la ciudadanía sobre los individuos registrados, Delgado dijo que "la publicidad" es un punto que "se podrá debatir".

En tanto, la senadora blanca Verónica Alonso se manifestó a favor de retomar ese proyecto, aunque planteó agregar otro elemento a la discusión: la castración química de los violadores. "Debemos tomar medidas inmediatas para evitar que haya una sola víctima más" declaró la legisladora.

El otro líder del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, había presentado en dos ocasiones un proyecto de ley para crear un registro de violadores. El texto propone incluir en un mismo registro toda la información sobre las personas condenadas por delitos sexuales (como violación o atentado violento al pudor). En Estados Unidos funciona un sistema similar.

Otro proyecto vinculado a los delitos sexuales fue el presentado por la diputada colorada Cecilia Eguiluz, quien propuso establecer la imprescriptibilidad de ese tipo de crímenes. Además, el texto de la legisladora incluía una modificación al delito de incesto, quitando al "escándalo público" de las condiciones necesarias para que se tipifique esa figura penal.

En medio de la discusión por la ley de femicidio, el diputado del Partido de la Gente, Guillermo Facello, presentó un proyecto para que los homicidios de niños menores de 13 años (sin importar el género) también sean considerados como agravante. Facello observó que "la mayoría de los abusos" se cometen contra niños menores de 12 años.