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La defensa del dueño de Fripur pidió que no vaya a la cárcel por su estado de salud
El dueño de Fripur Alberto Fernández se entregó este lunes a las 8 ante la justicia, luego de que fuera procesado el viernes por ofrecer garantías al Banco República (BROU) y al BPS por US$ 10,3 millones sin tener luego la mercancía para ejecutarla. La defensa planteó que no puede ser recluido en prisión por sus condiciones de salud, por lo que fue trasladado al centro de derivación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para que los médicos definan si está en condiciones de ser encerrado o debe ser internado en una clínica.
Fernández llegó en un auto particular junto a uno de sus hijos y los dos abogados que lo representan desde este lunes, Andrés Ojeda y Fernando Posada. El empresario de 75 años requirió la ayuda de su hijo para bajar del vehículo y entrar al juzgado penal de la calle Uruguay.
Ojeda dijo en rueda de prensa a la salida del juzgado que Fernández "jamás estuvo ni cerca de ser prófugo", ya que le notificaron que fue procesado el viernes en la tarde y se presentó ante la justicia "en el primer horario hábil", este lunes a las 8 que es cuando abren los juzgados. El juez Nelson Dos Santos ordenó su detención el viernes pero cuando la policía fue a buscarlo a la casa no lo encontraron.
El abogado manifestó que es "evidente" que Fernández está en un "crítico" estado de salud, con "problemas psiquiátricos y oncológicos". "Prácticamente no pudo esgrimir palabra", sostuvo, y agregó que no está en condiciones de ir a una cárcel. "Entendemos que el juzgado lo entendió así también y veremos como lo valora ahora el centro de diagnóstico del sistema carcelario que entendemos que ya mismo lo tiene que enviar a un centro asistencial". Hasta este lunes en la tarde Fernández seguía en el centro de derivación del INR y le informaron a la familia que podría ser examinado por los médicos este martes.
Sobre el fallo del juez, Posada dijo que aún no pudieron ver el expediente para saber si hay mérito para apelarlo. "En principio habría, pero la urgencia ahora es solucionar el tema sanitario y de la reclusión. En las condiciones en las que está no puede pasar ni media hora en la cárcel", agregó. En este sentido, expresó que si desde el centro de diagnóstico no se resuelve la situación este lunes, el martes -último día hábil antes del comienzo de la feria judicial mayor-, los abogados enviarán un escrito solicitando la habilitación de la feria. "Esos tramites no demoran demasiado porque son informes médicos que respaldan la postura", explicó.
Dos Santos decidió procesarlo este viernes, cuando estaba prevista una audiencia ratificatoria en la cual el imputado iba a tener que confirmar sus declaraciones en presencia de un abogado, sostuvo en diálogo con El Observador. Sin embargo, puesto que volvió a faltar a la cita alegando motivos de salud, el magistrado interpretó que no era obligatoria esa instancia, y lo procesó por los delitos previstos en la ley de prendas en el grado de muy especialmente agravado "por el monto del perjuicio económico" en reiteración real, dijo el juez.
"No vino a la audiencia el viernes por razones extremadamente fundadas y ante su incomparecencia debió haberse pedido su conducción judicial para venir a otra audiencia a los efectos de ser procesado", manifestó Ojeda.
El defensor sostuvo que si a Fernández le dan prisión efectiva, "lo que le pase estando preso es responsabilidad de las autoridades judiciales y carcelarias porque no está en condiciones de salud para estar preso".
Ojeda resumió el estado de salud de Fernández como "dramático". "Firmó con la huella digital porque no estaba en condiciones de emitir su firma", expresó.
En el juzgado no se permite la presencia de acompañantes pero en el caso del empresario, su hijo lo ayudó a ingresar por el pasillo porque no puede caminar solo, según el abogado.
Luego de cuatro horas, salió del juzgado acompañado por custodia policial, y fue trasladado al Centro de Diagnóstico y Derivación de Personas Procesadas del INR para su evaluación.
"Terribles perjuicios causados"
Un día después que el juez Dos Santos lo procesara con prisión sus hijos divulgaron un comunicado titulado “La historia no contada sobre las ilicitudes cometidas en Fripur” en el que defienden a su padre, critican el procedimiento judicial por "irracional" y "direccionado", y señalan como responsables a la gerencia de la empresa y el síndico que se hizo cargo.
El comunicado señala que el pescado prendado "tenía un valor muy inferior” al monto que adeudaba porque era parte de otras garantías de “muchísimo mayor valor”, por lo que la mercadería era “casi simbólica con relación al valor de los otros bienes dados en garantía”.
Los hijos del procesado también manifiestan que el directorio formal la empresa estaba integrado por Máximo Fernández (presidente), Alberto Fernández (vicepresidente) y Magdalena Rodríguez -esposa de Máximo- (secretaria). “La empresa era gestionada, desde el año 2013 al menos, por una gerencia, que no integraba Alberto Fernández”, agregó el texto. Los integrantes de la gerencia eran Máximo Fernández, Adriana Fernández Rodríguez, Laura Fernández Rodríguez y Ricardo Fernández -hijos de Máximo Fernández y Magdalena Rodríguez-, y el contador Marcelo Molina.
“Alberto Fernández nunca pudo haber enajenado las 1.300 toneladas de pescado prendado faltante porque no era el dueño de ese pescado vendido y entonces el comprador nunca hubiera realizado la operación”, subrayan los hijos del empresario. A su juicio, eso solo lo podía hacer el directorio o la asamblea de accionistas, algo que “nunca” ocurrió.
Para los hijos, quien pudo haber adoptado la decisión y ejecutado la enajenación en nombre de Fripur fue la gerencia, siempre que dicha venta se haya hecho antes del 1° de agosto de 2014, fecha en que se decretó el concurso de la empresa. Si la venta fue después se debió hacer con el conocimiento al menos del interventor, y si fue después de agosto del 2015 la venta "la hizo el síndico dado que las autoridades ya no estaban en funciones".
