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Defensa de la Competencia investigará legalidad de acuerdos de precios en carne y huevos
A comienzo de abril el economista especializado en competencia, Sebastián Fleitas, consultó a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia —un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— sobre la legalidad de acuerdos de precios alcanzados entre competidores nacionales de la cadena de carne vacuna y de la cadena avícola.
La consulta se dio a partir de las noticias de prensa y anuncios públicos realizados en marzo, donde se informó que se habría alcanzado un acuerdo sobre los precios de comercialización de cortes de carne como asado y otros, y otro para congelar el precio de venta de los huevos.
Fleitas expresó en la ocasión que “no parece haber duda que se está ante una práctica concertada entre competidores, cuyo objetivo es establecer de forma directa o indirecta precios u otras condiciones comerciales o de servicio”, dice el informe de la comisión.
La comisión respondió a la consulta este lunes y afirmó que los acuerdos de precios son una práctica prohibida por más que participe el Estado, si no están basados en una ley de interés general o decreto que cite una ley de interés general.
En segundo lugar, la Comisión entendió que todavía no hay suficiente evidencia para determinar si en los ejemplos planteados hubo o no acuerdos de precios -pese a las declaraciones explicitas de las autoridades y los audios- en tanto deben desarrollarse los procedimientos para la investigación otorgando a las partes interesadas las garantías del debido proceso, explica el informe.
Aunque dado el punto anterior, cabe aclarar que, si existieron esas prácticas, la comisión los consideraría ilegales, explicó Fleitas a El Observador.
En tercer lugar, la comisión del MEF decidió iniciar una medida preparatoria (investigación) para analizar y recolectar información complementaria vinculada a los mercados mencionados en la consulta, y determinar si esta vez hubo acuerdos ilegales, o si las declaraciones públicas de varios actores, “incluido presidente, ministros, senadores y actores económicos eran un mal entendido”, explicó el economista.
"Aunque hayan sido prácticas ampliamente anunciadas en las notas de prensa y mencionadas por presidente (Luis Lacalle Pou), ministros y otros actores, es muy importante esta resolución de la comisión y su voluntad de investigar", escribió Fleitas en un hilo de Twitter.
Sin embargo, aun si se hacen d forma legal, vale aclarar q el principal peligro de los acuerdos es q generen colusión, es decir, las empresas en vez de competir se acostumbran a fijar precios en conjunto (d forma explícita o d forma tácita).
— Sebastian Fleitas (@sebafle) May 24, 2022
"El principal peligro de los acuerdos es que generen el músculo para que las empresas fijen precios en conjunto (de forma explícita como ahora o de forma tácita en el futuro si acuerdan subir precios)", alertó el economista.
"Si el sistema político quiere seguir utilizando este mecanismo, quizás podría revisar la legislación de competencia para incluir cláusulas de minimis, que dejen fuera de la prohibición estas prácticas, o crear leyes específicas para estos acuerdos", sugirió Fleitas.
Sin embargo, acotó que "aun si se hacen de forma legal —vale aclarar q el principal peligro de los acuerdos es que generen colusión—, es decir, las empresas en vez de competir se acostumbran a fijar precios en conjunto (de forma explícita o de forma tácita)".
"Se ha insistido con esta práctica como instrumento para contener la inflación. Sin embargo, ni en ese terreno ha demostrado ser eficaz. Malo por donde lo mires", respondió a ese hilo de Twitter de Fleitas el economista y docente de macroeconomía ,José Licandro.
