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Defensores públicos en conflicto: no se entrevistan con fiscales ni con los detenidos

Los abogados reclaman por mejores condiciones de trabajo y mejoras en la infraestructura del carcelaje del edificio de la Fiscalía

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20 de mayo de 2019 a las 17:12

Los defensores públicos de Montevideo decidieron en la noche de este domingo no concurrir a la sede de la Fiscalía Nacional de la Nación de Cerrito y Misiones como protesta por las condiciones de trabajo y edilicias. De este modo, los abogados participan de las audiencias judiciales pero no se entrevistan con los fiscales ni con los detenidos, y no acceden a las carpetas de investigación, por lo que en muchos casos pedirán que las audiencias de sus casos sean prorrogadas por la Justicia

Entre los motivos de la protesta plantean que las cinco salas que tiene el carcelaje del edificio son muy escasas para la cantidad de trabajo que hay y que además son muy chicas, no tienen ventilación y no cumplen con condiciones mínimas de higiene o de seguridad. Por ejemplo piden poder usar tapabocas a la hora de entrevistar a los reclusos para evitar contagios de enfermedades.

Patricia Marquisá, la coordinadora de la implementación del sistema penal acusatorio, concurrió en la mañana de este lunes a la Fiscalía en cuanto se enteró de la medida que tomaron los defensores. "Vine a ver lo que estaba pasando, pero no sabemos si hay un reclamo porque no ha habido ninguna comunicación oficial todavía", aseguró la jerarca.

Los defensores tomaron la decisión luego de que Búsqueda comunicara este jueves la respuesta de la Fiscalía a sus reclamos, que según dijeron data de enero de este año.

De acuerdo al semanario, la Suprema Corte de Justicia recibió las quejas de los abogados públicos y las transmitió a la Fiscalía General de la Nación. A su vez, el fiscal Jorge Díaz se le entregó su respuesta al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak el lunes 13, en la última reunión de coordinación que tuvieron las autoridades. La Fiscalía aseguró que cuenta con la habilitación de bomberos, con un sector dedicado a que los indagados se atiendan con un médico y con personal de limpieza suficiente, y que está en proceso la contratación de un servicio para el control de plagas.

Verónica Acuña, directora nacional de la Defensoría Pública, dijo a El Observador que se encontraba reunida analizando la situación, y confirmó que los defensores "están cumpliendo su tarea desde la OPEC", es decir, la Oficina Penal Centralizada. Eso significa que si la policía detiene a una persona que no puede pagarse a un abogado, los abogados irán a la audiencia, pero no hablarán previamente con los fiscales, como es costumbre, para negociar posibles acuerdos o conocer cuáles son las pruebas que hay en contra de sus defendidos.

Como el nuevo proceso penal establece que los defensores deben tener acceso a la carpeta de investigación de los fiscales, cuando el juez pregunte si eso ha ocurrido los defensores plantearán que no y pedirán un cuarto intermedio, dijeron los informantes.

 

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