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9 de junio 2022 - 5:00hs

Un fiscal de turno único reconoce que archivará un delito menor, sobre el que tiene pruebas para perseguir a la persona. "Tengo pruebas, pero lo que no tengo es tiempo", relató. Otro fiscal propone a otros dos colegas embarcarse en una investigación de largo aliento para recabar pruebas sobre una red de contrabando que pudo detectar investigando otro caso. Pero sus colegas le dicen que deben rechazar la propuesta porque no tienen recursos humanos.

Estos son tan solo dos ejemplos de las decenas de delitos que no se pueden investigar, según los fiscales, por la falta de recursos que los encuentra sobrepasados. El presidente de la Asociación de Fiscales, Willian Rosa, confirmó que en varios casos los fiscales se ven privados de perseguir delitos. "Es una frustración permanente por parte de los colegas", contó a El Observador

Si bien suele pasar en casos considerados de baja prioridad, las limitaciones alcanzan a todos los delitos. "Lo peor es cuando pasa en casos muchísimo más graves, por ejemplo, de abusos sexuales. A veces no se puede recoger la prueba o diligenciarla como se debería y casos quedan en la nada", reconoció. 

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La semana pasada Rosa estuvo recorriendo varias fiscalías del interior del país para conocer su realidad y sacó en limpio que los fiscales hoy día "atienden la urgencia".

"En Rivera, por ejemplo, me decía una fiscal: 'El infierno es la vorágine porque terminás, lamentablemente, siempre con la urgencia. Cuando me siento a ver los abusos y veo que ya pasó determinado tiempo, que la evidencia es difícil de colectar, que no se activó todo lo que se debía activar, que no se realizaron las diligencias que se debían realizar, me vuelvo loca'. Eso me decían las fiscales, porque la mayoría son mujeres. Pero era demasiado recurrente. La psiquis del trabajador que necesita hacer las cosas, por más de que no esté la infraestructura, se termina afectando. Es una frustración constante", contó. 

En los casos de baja prioridad también se les presenta un dilema, porque si bien muchas veces son los que más fácilmente pueden tener acceso a las pruebas, al no tener tanta importancia "terminan pasando al final de la fila" y se archivan "por principio de oportunidad". Eso implica que si se hubieran abordado en el momento muy probablemente hubieran llegado a resolverse. 

Rosa informó que el promedio de imputaciones por mes al que debe apuntar una fiscalía es de 15, pero hay varias formas de llegar a esa cifra. "Yo puedo llegar a esa cifra con 15 hurtos, y hurtos siempre van a haber. Pero quizás tendría que haber imputado 10 abusos y no puedo. Los números son muy embarulladores y son un indicador que a veces nos obnubila. Una fiscalía que sea eficiente tiene que tener en cuenta que hay casos en los que se genera mayor daño", reflexionó. 

Antes del 30 de junio el Poder Ejecutivo deberá enviar el proyecto de Rendición de Cuentas al Parlamento y será esa casa la que definirá si habrá o no incremento presupuestal y para qué rubro. En ese sentido, el dirigente gremial afirmó que "es un contrasentido insistir en perseguir el delito sin destinar los recursos, porque así termina siendo solo una expresión de deseo". 

Las prioridades de la Fiscalía de Corte para la Rendición de Cuentas

Para la Fiscalía General de la Nación la prioridad es poder terminar con las fiscalías de turno único. Que no haya más de un turno implica que los equipos fiscales nunca puedan detenerse a investigar con tiempo casos de gran complejidad, porque siempre deben estar abiertos a recibir casos de flagrancia que exigen resoluciones rápidas, tal como informó El Observador el 13 de mayo. Actualmente en el país hay 11 fiscalías de turno único, entre ellas las de Colonia del Sacramento, Rosario, Fray Bentos, Chuy, Bella Unión, Paso de los Toros y Río Branco. 

Además, otro asunto a resolver es el auge de las denuncias por abuso sexual, y para eso se pretenden abrir tres fiscalías de delitos sexuales: una en Rivera, otra en San Carlos y una última en Salto. 

Para negociar el presupuesto, la Fiscalía deberá sentarse junto con el Ministerio de Economía. De todas formas, una de las propuestas del ministerio público no implica costo: la eliminación de los pases en comisión. El fiscal general Juan Gómez ha dicho en reiteradas oportunidades que la Fiscalía tiene un déficit en la cantidad de funcionarios –entre licencias y pases en comisión el número se reduce a alrededor de 620 personas– y no se encuentra en posición de poder cederle recursos humanos a otras entidades del Estado. 

A pedido de otros integrantes del Poder Ejecutivo, ya están confirmados los rubros para abrir una cuarta fiscalía de estupefacientes y la primera en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

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