La interceptación de teléfonos denunciada en el Parlamento por el diputado Germán Cardoso (Partido Colorado) lo enfrentó al Ministerio del Interior, que duda de la veracidad de ese hecho.
El tema lo investigará la Justicia a pedido del ministro de esa cartera, Eduardo Bonomi, y también de la Cámara Baja, dado que la denuncia fue votada por los legisladores la semana pasada. Se espera que la denuncia de Diputados se concrete en los próximos días.
Cardoso dijo este viernes a El Observador que está convencido de que venía siendo escuchado en forma ilegal en su teléfono celular y también sospecha que su cuenta de correo electrónico (que es gmail) fue hackeada.
La semana pasada durante la interpelación a Bonomi sobre la seguridad ciudadana, el diputado acusó a las autoridades de espiarlo.
También aseguró que tiene "una fuente", adentro del Ministerio, que le aportó información.
Las intervenciones legales de un celular o de una cuenta de correo electrónico se hacen con orden judicial a través del programa llamado El Guardián, que administra el Ministerio del Interior y en cuyo proceso también intervienen las compañías telefónicas que están obligadas a colaborar.
Además, desde diciembre pasado está plenamente operativo el programa Sail a través del cual los jueces con su firma electrónica ordenan las interceptaciones de comunicaciones.
Quienes más las solicitan son los juzgados especializados en crimen organizado que investigan casos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos, según se informó a El Observador desde la Suprema Corte de Justicia.
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El legislador de Vamos Uruguay afirmó que una intervención se puede hacer por la vía legal y también en forma ilegal con tecnología que se adquiere en el país.
El jerarca consideró "grave" que un legislador que se siente víctima de un delito no haya hecho "en su momento" la denuncia correspondiente que además, por su condición de funcionario público, "está obligado" a presentar.
Para Carrera se está ante un hecho "falso" pero el Ministerio del Interior "no puede quedar inactivo" y por eso presentó la denuncia para que la Justicia investigara.
"Como (Cardoso) tiene fueros se aprovechó de eso y cree que puede tirar cualquier bolazo. Actuó en forma irresponsable, pero esperemos que se esclarezca la situación", dijo Carrera en la emisora.
Consultado por El Observador, el diputado Cardoso afirmó que la denuncia la presentó "ante las máximas autoridades del Ministerio del Interior" durante la interpelación y cuestionó a Carrera que sale a opinar como "empleado a sueldo del ministro".
Cardoso reclamó no perder de vista el problema grande que es la "inseguridad que padecen los uruguayos". Para el legislador, el Ministerio del Interior intenta "distraer la atención de la población con cortinas de humo".
En el pasado otros legisladores como el diputado blanco Jaime Trobo en el año 2013 y el senador colorado Pedro Bordaberry en 2012 también denunciaron públicamente tener sospechas de que sus teléfonos estaban siendo intervenidos ilegalmente.
En ese entonces, quien era vicepresidente de Antel y perito en telecomunicaciones, Pablo Barletta, dijo que si bien "no es lo común" se ordenaron investigaciones administrativas por irregularidades de funcionarios que realizan escuchas ilegales.
En declaraciones al diario El País, Barletta comentó que es muy fácil adquirir dispositivos de bajo costo que permiten interceptar celulares o mail a través de la web.
El Ministerio del Interior presentó este martes una denuncia ante la jueza Beatriz Larriuex, especializada en Crimen Organizado, para notificarla de las expresiones del diputado Cardoso.
En el escrito presentado, luego de explicar el funcionamiento de El Guardián -sistema que puede ser auditado-, Bonomi señaló que "no es potestad ni se encuentra al alcance de este ministro disponer la vigilancia de canales de comunicación".
Mientras tanto, con fecha del viernes 17, el diputado colorado formuló dos pedidos de informes. Uno está dirigido al Ministerio del Interior y el otro a la Suprema Corte de Justicia, según los textos en poder de El Observador.
Cardoso consultó al Ministerio del Interior por su participación en el proceso de escuchas telefónicas dispuestas por la Justicia. Quiénes hacen esa tarea, qué jerarca supervisa y si tienen participación las jefaturas policiales departamentales son algunas de las preguntas.
Otras consultas son sobre el rol del ministro Bonomi y el director general de Secretaría en la designación de los funcionarios que hacen las escuchas, si imparten directivas, en qué momento el ministro tiene conocimiento del contenido de las intervenciones y cuál es el destino del material surgido en las escuchas que no tiene relevancia penal. En caso de que ese material sea destruido, preguntó cómo se procede para no vulnerar la intimidad de los ciudadanos.
La última pregunta es si existe algún protocolo para el uso de El Guardián y qué garantías tuvieron los ciudadanos desde 2016 a hoy de que no existen escuchas ilegales.
A la Suprema Corte de Justicia el legislador le preguntó sobre las auditorías a El Guardián que descarten la interceptación de llamadas sin orden judicial.
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