Un grupo de hermanos, dueños de cuatro casas ubicadas sobre la playa de Punta Colorada en Maldonado, iniciaron acciones civiles y penales contra el intendente Enrique Antía con el objetivo de detener la demolición de sus hogares.
Según supo El Observador, los hermanos –representados por el estudio Donnángelo, Durán y Sassón– entregaron este lunes un escrito ante el fiscal de Corte, Juan Gómez, en el que denunciaron a Antía por “abuso de funciones” ya que entienden que dispuso las demoliciones violando la ley de ordenamiento territorial.
En su petitorio, los abogados solicitaron que “se inicien las investigaciones pertinentes con la mayor urgencia y se adopten las medidas necesarias a fin de evitar la continuación de la afectación del bien jurídico atacado”.
Las demoliciones estaban previstas para el miércoles 15 a la mañana, pero desde la Intendencia de Maldonado dijeron a El Observador que se suspendieron porque la directora de medio ambiente, que es quien tiene que supervisarlas, está enferma.
A su vez, dos abogados presentaron un recurso de amparo con el objetivo de suspender las demoliciones.
Además de las casas, el padrón donde se realizarán las demoliciones incluye el terreno donde funciona la ONG SOS Fauna Marina. Desde la comuna señalaron que la idea siempre fue que esa organización pase a funcionar en un “mejor lugar” y no sobre la playa.
En el escrito, los hermanos aseguraron que el padrón fue comprado en 1752 a la corona de España y desde entonces han sido ocupadas por diversas personas que se dedicaban primordialmente a la pesca artesanal y diversos cultivos. En 1896, las tierras fueron compradas por el tatarabuelo de los hermanos y desde entonces permanecen en la familia.
“En dichas tierras existen construcciones precarias (ranchos) de alrededor de 150 años de antigüedad, que constituyen el hogar que hoy día poseen los hermanos que, a la sazón, se trata de personas adultas mayores que han sobrevivido a la estirpe originaria que adquirió y dedicó toda su vida a estas tierras”, expresaron.
De acuerdo con los denunciantes, en 2021 la comuna decidió intimarlos a que derriben las viviendas incumpliendo la normativa, que exige “concurrir a la Justicia ordinaria” y demostrar que las “construcciones incumplen con la normativa en materia de ordenamiento territorial”.
La disposición fue recurrida por los hermanos, que tras la denegatoria ficta –por pasar los 150 días sin que medie una respuesta– impulsaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) una acción de nulidad contra la resolución que fijó las demoliciones y pidieron su suspensión.
Si bien el TCA aún no se pronunció, el 7 de noviembre los hermanos fueron notificados de una resolución que establece el 15 como fecha de demolición de las viviendas, algo que los abogados consideran irregular.
“El intendente no puede ejecutar administrativamente la demolición de las construcciones existentes en el padrón, en ausencia de un previo pronunciamiento del Poder Judicial”, dice el escrito.
Los abogados señalaron que Antía podría haber incurrido en “abuso de funciones” por esta decisión. Este delito está tipificado en el artículo 162 del Código Penal, que señala: “el funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR ( diez unidades reajustables) a 3.000 UR”.
