Opinión > EDITORIAL

Derecho a la privacidad en riesgo

Nadie escapa a estar incluido en alguna base de datos oficial o privada

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18 de mayo de 2018 a las 05:00

Preservar el derecho a la privacidad en la era informática es una necesidad que se tambalea por incumplimiento de las normas contra el uso indebido de las bases de datos. Uruguay no ha caído en excesos como el de Cambridge Analytica, que recurrió ilegalmente datos de Facebook para incidir en forma decisiva en votaciones como la salida británica de la Unión Europea o el triunfo presidencial de Donald Trump sobre Hillary Clinton. Pero renguea en el control de las bases de datos personales. La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (Uredp) admitió en el Parlamento que, además de las 15.000 que tiene registradas, hay gran cantidad de bases, incluyendo las de varios organismos del Estado, que no cumplen esa exigencia, lo que las coloca en una situación ilícita.
Esta negligencia se agrega al riesgo siempre presente de que los datos puedan ser mal utilizados. Ya se registró un caso cuando la Presidencia de la República filtró al público información sobre el colono Gabriel Arrieta que había sostenido una ríspida discusión callejera con el presidente Tabaré Vázquez. Nadie escapa a estar incluido en alguna base de datos oficial o privada, excepto tal vez algún rebelde indocumentado que se refugie en un monte remoto sin contacto con la sociedad. Pero todos los asalariados formales o quien hace cualquier trámite o llena algún formulario quedan automáticamente incorporados a una base de datos. Pese a que una ley de 2008 protege contra el uso incorrecto de esa información, la garantía se diluye en el caso de bases no registradas en la Uredp o cuando es ignorada. La ley establece como datos personales la información de cualquier tipo sobre personas físicas o jurídicas y como sensibles las que revelan origen étnico o racial, preferencias políticas, religiosas o sexuales.
La Uredp recibió entre 2010 y 2016 un total de 417 denuncias por alegado mal uso de datos personales, que condujeron a la aplicación de 95 sanciones. Incluyeron el caso del colono y la Presidencia y al Banco de Previsión Social. El aspecto más preocupante de la situación actual es el alto número de bases que no están registradas en la Uredp, anomalía que urge corregir para facilitar el control por ese organismo en defensa del derecho legal de las personas a la privacidad de sus datos. En una sociedad transformada por internet todos están cada vez más expuestos al escrutinio y la interferencia de agentes externos, que frecuentemente utilizan para sus propios fines la información existentes en miles de bases.
No se avizora por ahora el peligro de que los datos acumulados sobre los uruguayos vayan a ser usados por algún organismo para orientar campañas electorales, basándose en las características personales de cada votante, como sucedió con Cambridge Analytica y Facebook en Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero ya ha habido en los años recientes casos de utilización indebida. Agregados a las bases no registradas, conforman una doble necesidad de severo control por la Uredp en defensa de un derecho en riesgo constante de ser vulnerado. La expansión de la informática a todos los aspectos de la actividad humana es un elemento altamente valioso para el desarrollo cuando es bien utilizada. Pero conlleva aspectos negativos que, como la violación injustificada de la privacidad, exige un control estricto que todavía no se ha logrado en nuestro país.
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