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Derecho, Justicia y Libertad

Si bien es preciso defender los derechos de árbitros, jugadores y gremios, debe hacerse en el marco de la ley

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22 de octubre de 2017 a las 05:00

Un país libre es aquel en el que lo jurídico predomina sobre lo político y no al revés. Una sociedad libre es aquella en la que los ciudadanos, en mayor o menor grado, entienden la importancia de la Constitución como norma suprema, la vigencia de la ley como forma de conducta, y el respeto a la decisión de la Justicia cuando surge un conflicto o cuando la ley se violenta. Sin derecho legítimamente establecido de acuerdo a la Constitución y a las convenciones y declaraciones internacionales de derechos humanos –la de la ONU de 1948 y, para nuestro continente, también el Pacto de San José de Costa Rica de 1969– no se puede edificar una sociedad libre y justa.

Las definiciones anteriores no son pensadas para una clase de Derecho Constitucional o de Filosofía del Derecho, sino que tienen una veta práctica muy clara: deben aplicarse en la vida diaria de ciudadanos, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y empresas mercantiles. Y por tanto, su conocimiento, al menos general, es algo que corresponde a todos los ciudadanos. De lo contrario, muchos comenzarán a comportarse como si estuviéramos regidos por la ley del más fuerte.

En las últimas semanas han ocurrido en nuestro país algunos hechos que muestran desconocimiento o desprecio de estos principios generales que gobiernan la vida en sociedad. Por un lado, los árbitros de fútbol, luego de que uno de ellos sufriera una agresión, se declararon en huelga porque, entre otros aspectos, consideraron que la Justicia penal no actuó con la severidad debida respecto de los autores de la agresión. Se pusieron por encima de la Justicia. También esperaban el fallo de los tribunales deportivos de la AUF, y solo reconsideraron su postura una vez que recibieron la certeza de que el fallo contra el club agresor sería ejemplificante.

La semana que termina, los jugadores disidentes de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales decidieron hacer paro ante un fallo judicial que no les dio la razón en su petición de remover al presidente de la Mutual. Y también se quejan de la no resolución de un recurso administrativo planteado ante el Ministerio de Educación y Cultura, que aún sigue su trámite. Sin entrar al fondo del asunto, en ambos casos una resolución judicial adversa fue desconocida por los demandantes que dejaron la vía judicial y pasaron a la vía de la acción: la huelga, como medio para conseguir más rápida y eficazmente sus objetivos, por loables que sean. Tampoco parece, por lo que se ha visto hasta el día de ayer, que la comisión directiva de la Mutual actúe con demasiado apego a lo que establecen los estatutos de la entidad.

Tampoco parece preocuparse demasiado por la plena vigencia de la Constitución, la comisión de Industria de la Cámara de Diputados que, como señalamos en esta columna la semana pasada, se empeña en total y sorprendente unanimidad partidaria, en votar una ley interpretativa para obligar a transmitir en directo por televisión abierta los partidos de las selecciones uruguayas de fútbol y básquetbol, expropiando así, sin justa ni previa indemnización, derechos patrimoniales que pertenecen a la AUF y a la FUBB.

Debo señalar que los argumentos que se dieron a este hecho en las redes sociales dejan una impresión bastante triste. Fueron muy pocos quienes apoyaron la defensa de la Constitución. Más bien, se generó una discusión acerca de que la AUF tenía otros ingresos, que el fútbol era patrimonio nacional y había como "un derecho natural e inalienable del pueblo uruguayo" de ver a su selección por TV abierta. En definitiva, un enorme desconocimiento de la Constitución y una minusvaloración del derecho de propiedad, en este caso.

Pero esto no es patrimonio exclusivo de los uruguayos. La devaluación de la Constitución como faro y guía de conducta y del respeto por el cumplimiento de las normas emanadas de la autoridad legítimamente constituida y de acuerdo a los parámetros establecidos para su ejercicio, ya sea en la sociedad civil o en sociedades más pequeñas, ocurre también en países vecinos y no tan vecinos. Basta ver cómo se pone permanentemente en duda el ejercicio legítimo de la autoridad, cómo se festeja el saltarse las normas o incumplir tratados o contratos, cómo se erige en órgano supremo de poder político a una Asamblea Constituyente, cómo se ignoran compromisos comerciales como los que establece el Mercosur o el Nafta.

Frente a este virus demoledor de la vida social nadie está vacunado, y por ello es preciso velar siempre por la separación de poderes, reforzar la independencia del Poder Judicial y de sus miembros, y estar alerta ante la defensa de los derechos individuales, en todos los ámbitos. Y si bien es preciso defender los derechos de los árbitros y de los jugadores y de los gremios, ello debe hacerse dentro del marco de la ley y bajo la custodia de la Justicia. Si no, volvemos a la época de las cavernas, donde imperaba quien tenía el garrote más grande.

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