Derrumbe del puente: MTOP tiene límites para fiscalizar pero intensificará controles

“Obviamente es muy grande el volumen de tránsito de mercadería en el país y no se puede estar presente en todos los viajes”, dijo Carlos Flores, director nacional de Transporte Carretero, la unidad a cargo del cumplimiento de la normativa de transporte de carga y de pasajeros en las rutas.

El jerarca señaló que la empresa de camiones involucrada “estaba en infracción desde todo punto de vista”, ya que no contaba con el Permiso Nacional de Circulación desde 2018, tenía un “exceso de altura, de ancho y de peso”, acumulaba multas impagas y no solicitó la custodia correspondiente para el traslado. 

Según dijo Flores a El Observador, la fiscalización a cargo del MTOP “es continua” pero a partir de ahora “se van a intensificar los controles, fortalecer el cuerpo inspectivo y reforzar la coordinación con otros organismo”. “Estamos ajustando porque a todos nos quedó el gusto amargo”, afirmó el jerarca, y añadió que si bien “siempre ocurren estas cosas, en esta ocasión lamentablemente costó la muerte de una persona”, dijo.

El director nacional de Transporte, Pablo Labandera, informó además que a comienzos de año la cartera contaba con 20 inspectores para esa tarea y que la actual administración sumó otros 11 que estaban en otra división. "Hoy contamos con 31 inspectores y diez autos. Lo que hay son controles aleatorios. No es muchísimo lo que podemos hacer, y evidentemente esta situación escapó a todos", afirmó.

Labandera remarcó que no quería que "suene a excusa" y dijo que buscarán "extremar los controles en algunas áreas", ya que con los insumos que hoy existen "no va a alcanzar". "La idea es incrementar dentro de lo posible el elenco de los inspectores, que tenemos poco margen para eso, y coordinar de manera más fluida con caminera en ruta", añadió el jerarca. 

Sanción y demanda civil

Por otra parte, este lunes el ministerio inició una investigación administrativa "de urgencia" para determinar las omisiones de la empresa involucrada y envió a Fiscalía un informe en el que se desarrolla toda la reglamentación vigente, así como la información correspondiente a la firma de los camiones. 

Labandera contó que "seguramente" ello culmine en una sanción que "no será leve". Las opciones van desde la amonestación hasta la suspensión definitiva.

Por otra parte, también se decidió citar a conciliación a la empresa por el "daño patrimonial" que causó la empresa. "Más allá de lo penal, hay también una responsabilidad civil de la empresa por haber generado un daño a un bien público", dijo el director de Transporte. 

Según contaron jerarcas del MTOP, la empresa contaba con unas 13 unidades y desde 2018 ninguna de ellas tenía permiso vigente. Flores dijo a El Observador que ello configura una "irregularidad total" por razones variadas. "La empresa no tenía el Permiso Nacional de Circulación. Al no tenerlo no había tramitado el permiso especial para circular con esa carga. Para hacer ese traslado tendría que haber solicitado el permiso acá en el ministerio, y le hubiéramos establecido una ruta adecuado, y hubiéramos ido con dos vehículos con custodia de funcionarios del MTOP y coordinados con móvil de policía caminera".

El director de Transporte Carretero añadió que la empresa contaba además con varias multas acumuladas sin pagar. "Para tener el permiso de circulación al día, es necesario renovarlo todos los años en el ministerio. Y para renovar ese permiso, hay determinados requisitos. Hay que estar al día con BPS, DGI, no deben haber multas pendientes de pago a ministerios, y deben tener las inspecciones técnicas vehiculares vigentes. Por eso a veces las empresas, por uno u otro motivo, terminan sin renovar el permiso. Y algunas de manera ilegal siguen circulando", expresó. 

Fuentes del MTOP dijeron que las multas acumuladas eran en el entorno de las 200 unidades reajustables (unos 5 mil dólares).

Flores afirmó que entre las multas había "algunas de tránsito y otras de controles hechos en rutas". Según explicó, al no haber renovado el permiso, y en función de los plazos que impone la normativa, la empresa "iba a ser suspendida ahora a fin de año". Eso implicaba la obligación de hacer todos los trámites nuevamente para poder circular. De todos modos, en los hechos podía circular irregularmente, como lo hizo el viernes con el desenlace trágico. 

Sictrac "no hubiera cambiado nada"

El accidente volvió a poner arriba de la mesa la discusión sobre los niveles de informalidad en el sector y reavivó algunos reclamos por la puesta en marcha de un mejor sistema de control. 

César Bernal, dirigente del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), dijo a El Observador que el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac) –conocido como el "Gran Hermano del transporte" y cuya implementación se frenó en la actual administración– "minimiza las posibilidades" de que ocurran este tipo de situaciones. 

Ese sistema establece que los camiones deberán contar con un rastreo satelital que brinda en tiempo real información sobre el recorrido del vehículo, datos de la carga, origen y destino del viaje, itinerario, entre otro tipo de datos.

Los jerarcas del MTOP, sin embargo, rebaten de plano la idea de que el Sictrac hubiera aportado algo a evitar la tragedia. "La pregunta que me hago es: ¿te parece que alguien que hace dos años no renovaba los permisos de circulación iba a ir voluntariamente a instalar un dispositivo que permitiera que lo controlaran en tiempo real? Seguro que no. La finalidad del Sictrac era otra y me parece una picardía asociar la eventualidad de que hubiera existido con la posibilidad de evitar esta desgracia, que es el resultado del actuar imprudente de un irresponsable", dijo Labandera. 

Flores también remarcó que con ese sistema "nada hubiera cambiado" ya que "si la empresa está fuera del radar no está en el Sictrac". Por otra parte, el jerarca señaló que cuando asumió el nuevo gobierno no había "ningún análisis serio y profundo acerca del grado de informalidad en el sector", y que por ello se encargó una auditoría con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos resultados están previstos para marzo. "Esperemos arrojen los datos reales de cuánto es la informalidad, para definir la continuidad del Sictrac o un sistema semejante". 

El sistema implementado por el anterior gobierno fue frenado por dudas sobre cómo fue la adjudicación.