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Detuvieron al presunto autor de amenazas del comando Barneix y declara ante la Justicia
La policía detuvo al presunto responsable de las amenazas del comando Barneix y la fiscal Sylvia Lovesio pedirá a la Justicia su imputación esta tarde. Según supo El Observador, se trata de un hombre joven, de unos 30 años, estudiante avanzado de Medicina al que además se le encontró pornografía infantil y vínculos con grupos neonazis.
De acuerdo con la evidencia que logró reunir la policía se cree que es el autor de los mensajes enviados en enero de 2017 en nombre del autodenominado comando Barneix, con amenazas de muerte a jerarcas y a otras personas públicas vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
El joven había sido identificado a fines de junio luego de una serie de allanamientos vinculados a la causa. La Fiscalía estuvo este tiempo analizando el material incautado para reunir las pruebas que permitieran detenerlo.
El autodenominado Comando Barneix tomó el nombre de Pedro Barneix, procesado con prisión por la jueza Beatriz Larrieu en 2015 por su responsabilidad en el asesinato de Aldo Perrini en 1974 durante la dictadura uruguaya (1973-1985). El militar se suicidó en su casa al enterarse de su procesamiento antes que la policía lo detuviera.
"El suicidio del general Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más, mataremos a tres elegidos al azar de la siguiente lista", decía el correo enviado que circuló en 2017.
Entre los 13 destinatarios del mensaje estuvieron el exministro de Defensa Jorge Menéndez, el fiscal de Corte Jorge Díaz, el exjuez Federico Álvarez Petraglia, la exfiscal Mirtha Guianze y abogados promotores de causas de derechos humanos como Óscar López Goldaracena y Pablo Chargoñia.
Se investigaba también si los mensajes enviados en 2017 tenían relación con otros que se hicieron públicos el 21 de noviembre de 2019, en el que se llamaba a votar al presidente Luis Lacalle Pou “con el apoyo del general Guido Manini Ríos”. Ese caso había sido asignado a la fiscalía de Flagrancia de 6º turno.
Por este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado uruguayo a “desarrollar investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes de los hechos, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables”.
A través de un tuit del 3 de febrero señaló que “los actos de intimidación a las personas actuantes en la defensa de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos de la dictadura, así como a las que imparten la Justicia en tales causas, pueden aumentar el riesgo de que queden en la impunidad”.
También Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos señaló su preocupación por un eventual archivo de la causa y por la falta de avance en la investigación. "Estas amenazas atentan contra la democracia, que tanto sacrificio costó a nuestro pueblo recuperar”, señalaba el comunicado.
