América latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo. El 10% más rico de la población concentra el 77% de la riqueza total de los hogares, mientras que el 50% menos favorecido por la distribución del ingreso ni siquiera posee el 1%. Además, los países de la región pierden el equivalente al 6,1% del Producto Bruto Interno (PBI) debido al fraude, la evasión y la elusión fiscal; al tiempo que el 27% de la riqueza que genera la región se encuentra en paraísos fiscales.
En este contexto, representantes de 16 países de Latinoamérica acordaron trabajar de manera alineada en el desarrollo de políticas fiscales “justas y sostenibles” en el marco de la Primera Cumbre Ministerial de Latinoamérica y el Caribe para una Tributación Global, foro que se desarrolló en la ciudad de Cartagena de Indias convocado por Colombia, Brasil y Chile.
“Es un hecho histórico lo que tenemos aquí. Hay 16 países reunidos para generar una posición unificada y no ir aislados a los organismos internacionales cuando se discuten temas relacionados con las normas de tributación”, afirmó durante el discurso de apertura el ministro de Hacienda colombiano Ricardo Bonilla. “Es imprescindible analizar cómo recuperar la progresividad del impuesto a la renta, que se ha venido perdiendo”, agregó.
La inequidad es evidente. Según los informes de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal), el 10% más rico paga una tasa efectiva en concepto de impuesto sobre la renta personal excepcionalmente baja comparada con la tasa aplicada al ingreso de los trabajadores asalariados. Según los estudios de la Cepal, el tributo apenas alcanza entre el 1% y el 10% del ingreso bruto, cuando en algunos países europeos incluso excede el 20%.
Por lo pronto, los países reunidos en Colombia acordaron crear una Plataforma Regional de Cooperación Tributaria, un espacio de diálogo en el que puedan participar los ministros de Economía de América latina y el Caribe “para desarrollar políticas fiscales internacionales y regionales más inclusivas, equitativas, sostenibles y favorables al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, indica el comunicado final de la cumbre, iniciativa que incluirá a representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado.
“La región enfrenta importantes brechas estructurales que obstaculizan su desarrollo. Para hacer frente a estos retos, nuestros países cuentan con una potente herramienta pública, que es la política fiscal”, señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, organismo en la órbita de Naciones Unidas (ONU) que también promueve la iniciativa.
Según diversos estudios, la recaudación de impuestos en América latina y el Caribe es, en general, demasiado baja, por lo que la gran mayoría de los países no recaudan lo suficiente para suplir las necesidades mínimas de la población en materia de salud y educación públicas, por ejemplo. Mucho menos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lo cual, según la Cepal, se requería una recaudación mínima del 20% del PBI.
En la actualidad, el sistema fiscal de la región favorece la recaudación de impuestos al consumo, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que pone a las personas con menores ingresos en una gran desventaja frente a las personas ricas y las empresas, que además suelen beneficiarse de múltiples exenciones tributarias y echar mano a mecanismos para eludir impuestos.
El encuentro contó con la participación, entre otros economistas, del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. También con organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (Icrict); además de representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según los analistas, en las últimas dos décadas, las más grandes fortunas de América latina y el Caribe crecieron en promedio a una tasa anual de 21%; es decir: un aumento seis veces superior a la expansión del PBI de la región. No sólo eso: gran parte de esa riqueza se mantiene exenta del pago de impuestos, o bien en paraísos fiscales.
Con el objetivo de conseguir una mayor equidad, los países firmantes declararon su compromiso para “generar conocimiento, compartir experiencias, aportar a la construcción de posiciones comunes y soluciones concretas no vinculantes que orienten a la toma de decisiones ministeriales para atender los desafíos en materia de política tributaria de la región”.
Aunque difícil de calcular, la Cepal estima que la evasión de impuestos sobre la renta personal, corporativa y del IVA le cuesta a América latina y el Caribe más de US$ 320.000 millones al año, monto equivalente el 6,3% del PBI. Esto significa que los países latinoamericanos pierden más del 50% de sus ingresos por impuestos sobre la renta a individuos.
En lo inmediato, la iniciativa acordada en Cartagena busca consolidar un bloque regional para incidir en las políticas tributarias internacionales en función de las necesidades de la región y de cada país, espacio que contará durante los próximos 12 meses con la presidencia pro tempore de Colombia y la asesoría de la Cepal, organismo que asumirá la Secretaría Técnica de la nueva plataforma.
“Es fundamental pensar y rediseñar la política fiscal de manera tal que compatibilice los requerimientos de estabilidad de corto plazo con los del crecimiento y el bienestar de largo plazo”, enfatizó Salazar-Xirinachs.
Diversos estudios también coindicen en que los gobiernos de la región otorgan un trato favorable a las compañías multinacionales en materia de impuestos por medio de reducciones excesivamente generosas de las tasas de los impuestos que gravan a las sociedades. De acuerdo con algunos cálculos, la carga impositiva para las empresas nacionales equivale al doble de la carga efectiva soportada por las compañías multinacionales.
“La región requiere de una profunda revisión de sus pactos fiscales, sobre la base de marcos de sostenibilidad de las finanzas públicas, pero centrados en una combinación que permita un aumento de los ingresos públicos y una mejora en la calidad y asignación del gasto”, agregó el titular de la Cepal.
En este sentido, Salazar-Xirinachs apuntó que “ambos elementos son esenciales para poder avanzar en la transformación de los modelos de desarrollo hacia modelos que sean más productivos, inclusivos y sostenibles”. Un objetivo que requiere, como mínimo, reducir en un 75% la evasión y la elusión fiscal en los próximos 10 años, pero también poner fin a los paraísos fiscales.
(Con información de la Cepal)
