Una mujer con los ojos vendados sostiene una espada en una mano y una balanza en la otra. Es la imagen de la Justicia —coercitiva por un lado y equitativa por el otro— que la humanidad ha construido desde antes del Renacimiento. Pero en la práctica —lejos de toda simbología y de intenciones edulcoradas— los problemas que enfrentan los uruguayos y sus capacidades para resolverlos por la vía legal varían según el contexto.
Una investigación liderada por los sociólogos Henry Trujillo y Santiago Escuder, de la Universidad de la República, demuestra que en Uruguay las mujeres, jóvenes, del interior y, sobre todo, más pobres tienen menos acceso a la Justicia en comparación con los varones de contextos más favorecidos.
Mientras el 53% de los más pobres cuenta con un abogado conocido, familiar o amigo que lo asesore, entre los más favorecidos ese porcentaje asciende al 65%. No solo eso: aquellos que pertenecen a los estratos más desfavorecidos son los que más frecuentemente inician un proceso judicial, pero porque “es más probable ser denunciado antes que denunciante”. Son ellos, entonces, los que más recurren a defensores de oficio (que cuentan con menos tiempo y recursos para dedicarle a la defensa).
“No hay ningún servicio público que carezca de desigualdad: pasa en la salud, la educación y también la Justicia”, explica Trujillo, uno de los autores de la investigación publicada en la Revista de Ciencias Sociales. En el caso concreto de la Justicia, existen diferencias de acceso, pero también de identificación y aparición de problemas. Algo así como: dime cuán pobre sos y te diré qué tipo de problemas es más común que te aparezcan.
Los problemas de crédito, por ejemplo, son tres veces más altos entre los más pobres que los más ricos. El 43% de los más desfavorecidos admite estar recibiendo visitas o llamadas telefónicas de empresas con las que tiene deudas, o está en el clearing de informes, o se le han negado créditos, o ha tenido problemas relativos a haber salido como garantía de deudas de otras personas, o algún organismo público le ha reclamado el pago de deudas por morosidad en impuestos. Entre los sectores medio ese guarismo cae al 29%, y entre los más favorecidos se desploma al 13%.
“Puede estar vinculado a la existencia de mercados informales de crédito, y eso a su vez a problemas de violencia. Pero, por el momento es especulativo” y será parte de futuras investigaciones, admite Trujillo.
En este sentido, los problemas varían por dos motivos: la desigualdad de condiciones acentúa unos problemas en desmedro de otros (como los problemas de crédito en los pobres o de consumo en los más ricos), o bien por la capacidad de percibir al problema como un problema.
La literatura científica ha demostrado que muchas de las personas que trabajan en condiciones insalubres no perciben a su trabajo como insalubre. Aparecen respuestas del estilo: “Es así…”, “Al menos tengo trabajo…”, “No está tan mal…”. A la inversa, en quienes tienen mayor capacidad de apartarse del árbol, levantar la cabeza y observar el conjunto del bosque, el problema se aprecia con más claridad.
Al respecto, la investigación de Udelar da cuenta de que “la desigualdad no estaría tanto en diferencias en la prevalencia de los problemas, sino más bien en el daño que estos causan”. En esta línea, el estudio revela que la mitad del sector de los más pobres admite que la pandemia agravó los problemas, mientras que entre los más ricos eso ocurrió solo en el 39%.
El método
El año pasado se publicaron los resultados de la Encuesta de Necesidades Legales que realizó la Facultad de Derecho de Udelar. En ella se reveló que más de la mitad de los encuestados (54%) admitió haber padecido un evento justiciable en los 12 meses previos a que fueran entrevistados. De ellos, casi la mitad no intentaba resolver el problema por “pensar que no obtendría resultados satisfactorios” y cerca de un tercio además “por los costos y/o por el tiempo que tendría que invertir”.
Trujillo y Escuder tomaron los microdatos de esa encuesta, y, mediante técnicas estadísticas, jerarquizaron y agruparon las categorías para analizar. Es así que pudieron representar en un mapa cómo se ordena la gravedad de los problemas (eje Y), y cómo varía el estrato socioeconómico, la región y demás (eje X).
El mapa de categorías
Esa jerarquización les permitió a los investigadores darse cuenta de cómo los tipos de problema varías en los distintos agrupamientos de contexto económico.
