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Diputados se saca un problema de encima y le deja al Senado la derogación de la ley de medios
Los diputados de la coalición de gobierno optaron este martes por diferir el problema y dejaron en manos del Senado la definición sobre si se votan o no los artículos de la Rendición de Cuentas en los que el Poder Ejecutivo proponía una derogación tácita de la vigente ley de medios. La decisión fue motivada por las diferencias y la falta total de acuerdo entre los diputados del oficialismo en cuanto a los caminos a seguir.
Así, los artículos previstos serán votados negativamente este miércoles por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja. En todo caso, será del otro lado del Palacio Legislativo donde se definirá, eventualmente, si son reincorporados al mensaje presupuestal en forma de aditivos. Algo que a esta hora es solo una opción y que, de no tomarse, echaría por tierra la intención de la Torre Ejecutiva.
Los diputados negociaron hasta última hora pero no pudieron llegar a un consenso. Los partidos Nacional e Independiente apoyaban lo planteado por el Poder Ejecutivo. Los colorados, a su vez, estaban divididos entre sí. Batllistas había propuesto derogar solo los artículos de la vigente ley objetados por inconstitucionales, pero Ciudadanos se inclina por promover la aprobación del proyecto de nueva ley de Medios empantanado desde hace dos años en la Comisión de Industria de Diputados.
El mayor sector del Partido Colorado mantenía ciertas coincidencias con la propuesta de Cabildo Abierto: modificar el artículo 56 de la normativa actual y así permitir que los cableoperadores del interior puedan prestar servicios de internet y datos y, con más tiempo, abocarse a discutir el resto del amplio articulado.
Hay US$ 39 millones para repartir
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados comenzará a votar este miércoles la Rendición de Cuentas con varias incógnitas. Una de ellas es cuánto dinero podrá otorgarse a la Universidad de la República para compensarla por lo que perderá a partir de la derogación, planteada en el propio articulado, del impuesto adicional al Fondo de Solidaridad. Un tributo que le significa a esa casa de estudios US$ 13 millones anuales y que se propone eliminar en forma gradual de aquí a 2023. Por el momento, según pudo saber El Observador, no existe una fórmula definida ni tampoco la fuente de la que saldrán esos recursos.
La Universidad será atendida de todas formas dentro de una reasignación global de US$ 39 millones, según el complejo entramado diseñado por los legisladores oficialistas. De esa cifra, US$ 24 millones irán para los incrementos salariales diferenciales a policías y militares, a partir de fondos propios de los ministerios involucrados, Interior y Defensa.
El resto, unos US$ 15 millones, serán reasignados dentro del presupuesto hacia varios destinos y la principal beneficiada será el área de ciencia, tecnología e innovación. Serán repartidos en el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el Pedeciba y otros programas. También irán a tres proyectos que viene desarrollando el Hospital de Clínicas.
Habrá otras partidas reasignadas puntuales, como los $ 50 millones que irán como complemento a la Junta Nacional de Drogas (JND).
Todos los legisladores consultados declinaron informar cuáles serán las áreas que deberán, necesariamente, perder dinero para permitir todas estas reasignaciones, definidas "con criterios muy amplios" luego de una nueva reunión con el director de Finanzas del Ministerio de Economía, Fernando Blanco. Allí, se evalúa hacerlo directamente en sala, cuando el 15 de agosto el texto comience a ser votado en el Plenario de la Cámara Diputados. La intención es clara. "Si yo digo ahora de dónde vamos a sacar los recursos, en media hora tengo a los jerarcas perjudicados reclamándome", expresó un diputado.
El MSP y la agencia de control
Otra de las incógnitas a despejar en las últimas horas será el destino de la Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud, incluido en la Rendición de Cuentas por el Ministerio de Salud Pública con el objetivo declarado de ejercer un mayor control sobre las distintas entidades prestadoras de asistencia. La mayoría de la coalición se oponía a la creación de un nuevo organismo que, además de girar en la órbita pública no estatal, iría a asumir funciones propias de la Junta Nacional de Salud (Junasa).
A última hora de este martes el ministerio planteó la posibilidad de enviar al Parlamento una redacción alternativa y así contemplar las inquietudes de los legisladores. Si así no sucede, los artículos correspondientes serán retirados del proyecto y derivados a la Comisión de Salud Pública.
