El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo,
Pablo Inthamoussu, se refirió
al proyecto del Poder Ejecutivo que regula el servicio de transporte a través de las
aplicaciones y, en ese sentido manifestó que se busca tener herramientas "coercitivas" para el control del transporte irregular.
"No somos una república bananera, somos un país serio, somos un país serio", dijo Inthamoussu en diálogo con El Observador. "Mi obligación es hacer respetar las reglas de juego. Tenemos que partir de esa base, vamos a hacer respetar esas leyes a quien sea", agregó.
El Poder Ejecutivo redactó un proyecto de ley para sancionar el servicio de transporte no regulado, como las aplicaciones Uber, EasyGo o Cabify. El proyecto, que será recibido por la bancada de Diputados del Frente Amplio, se basa en el cumplimiento de la normativa vigente para el transporte de pasajeros.
"Somos un gobierno municipal, la gente eligió al intendente y cualquier empresa medianamente seria tiene que venir y sentarse a conversar. Lo que diga Uber, la empresa que sea, para nosotros primero lo primero. Es cumplir con las leyes de nuestro país y después analizar todo lo que sea. No podemos arrancar por la base de la imposición", expresó Inthamoussu.
Por otra parte, señaló que lo que aportaría la ley en caso de ser aprobada es que "la fiscalización se pueda hacer". "Lo que precisamos son otras herramientas que permitan también generar reflexión en quienes de alguna forma dan ese servicio. Pegar más arriba no solamente a quien da sino tener una herramienta que sea más coercitiva en el funcionamiento de la estructura y en esta metodología que se usa por una empresa que ni siquiera está en el país", manifestó el director de Movilidad con respecto a las aplicaciones como Uber.
El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo prevé quitar la licencia de conducir por un año a los conductores que transporten pasajeros sin las habilitaciones correspondientes. Si el conductor es reincidente la licencia se retirará por dos años.
Además, establece que el
Banco Central podrá dar información a las autoridades para la "detección, conocimiento y control" de la normativa sin que sea necesario una orden judicial previa.