La confesión del director del INR: "Soy consciente de que todos entran droga a las cárceles"

"Soy consciente de que todos entran droga; todos los que vamos a la cárcel somos potenciales entradores de droga. No los culpo; nunca oirán de mi boca que yo culpo a la familia que va a visitarlos; no, la familia ingresa la droga en las partes íntimas, pero entra por todos lados. Y los funcionarios también lo hacen; por algo diez ya fueron formalizados y este año van tres", afirmó Mendoza el pasado jueves, en una comparecencia de las autoridades del Ministerio del Interior a la Comisión especial de seguimiento de la situación carcelaria de la Cámara de Diputados.

El jerarca reconoció que "la droga no solo es ingresada por la visita, sino a través de cualquier persona". "Todos los que entramos somos responsables. Inclusive, cuantas más actividades hay en la cárcel, más se abre, y cuanto más se abre, más posibilidades hay de ingresar droga", agregó.

Además, se refirió a la venta de celulares dentro de los recintos penitenciarios por parte de los operadores que trabajan en esos lugares. Relató que un operador formalizado por "ingresar elementos no autorizados" admitió ante la Justicia que "vendía cada teléfono nuevo a $ 25.000 en la Unidad N° 1 de Punta de Rieles". Por ello, Mendoza concluyó en que si uno de ellos "vende un teléfono por semana gana aproximadamente $ 100.000 en la mano por mes".

"En el día de ayer se recibieron alumnos, y lo primero que dije a la prensa fue: 'Les aconsejo que no se dejen agarrar por los tentáculos de la corrupción'. ¡Es la realidad! Yo, que vivo en las cárceles, les digo que hay que ser realista. Por ejemplo, el policía tiene que pagar la luz el 20 y no puede hacerlo, pero resulta que al narco que está preso le sobra la plata. Entonces, ahí es que lo engancha", explicó el director, quien cree que para los policías y funcionarios "es fácil corromperse" porque "hay posibilidades y hay gente con dinero del narco".

Educación en las cárceles: casi 3.000 reclusos no tuvieron cupo

Entre febrero y marzo de este año 7.862 personas privadas de libertad se anotaron para continuar sus estudios desde la cárcel, informó en la comisión parlamentaria la subdirectora técnica del INR, Lourdes Salinas. Sin embargo, de ese número hubo 2.774 reclusos que "no pudieron acceder a una plaza educativa en la primera parte del año", lamentó la propia funcionaria.

Según Salinas, esto se debe a "diferentes motivos". En primer lugar, detalló que el INR quiere "contar con una estructura idónea para que la mayor cantidad de privados de libertad puedan acceder a esos espacios educativos", por lo que "una de las necesidades es la ampliación y construcción de comunidades educativas", algo que según la subdirectora está "en proceso".

Luego entienden que es necesario sumar educadores y aumentar sus horas, incorporar "docentes especializados en dificultades de aprendizaje para acompañar los procesos de enseñanza", así como sumar a "operadores penitenciarios a los equipos de las comunidades educativas".

Además, las autoridades del Instituto pretenden aumentar los "espacios de acceso a educación digital en unidades con un número de población elevado". "Es necesario poder incrementar la educación de alfabetización digital para que las personas privadas de libertad estén al mismo nivel en el aspecto educativo que quienes se encuentran en libertad", afirmó Salinas.

Problemas en la cárcel de Canelones: "Si pudiéramos cerrarlo lo haríamos"

Mendoza reconoció que la Cárcel de Canelones, denunciada por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, "es un lugar inadecuado", pero expresó que como no pueden cerrarlo deben "mejorarlo".

"Sabemos que es un lugar inadecuado y si pudiéramos cerrarlo lo haríamos, pero no podemos, así que tenemos que mejorarlo. Aparte de cumplir las órdenes de la Justicia estamos planificando para que esté lo mejor posible y para que las personas que cumplen su pena allí, lo hagan en forma digna", dijo el director del INR.

El espacio con mayores problemas es el Módulo 2 de la cárcel, que Petit reportó a principios de mayo que está en unas "pésimas condiciones edilicias", y aseguró que 30 de las personas privadas de libertad que residen allí "no tienen celda". Cuando se difundió el reporte del comisionado, Mendoza anunció la reubicación de los reclusos afectados, y dijo que se iban a construir camas en las celdas.

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Las actuales autoridades del INR planeaban clausurar al Módulo 2 cuando tomaron el mando del organismo en 2020: "Conocíamos la problemática y nuestra intención, cuando entramos, fue cerrar. Inclusive, cerramos un sector, pero, como dije, con 3.000 (reclusos), a 1.000 por año, tuvimos que abrirlo porque no teníamos lugar", lamentó Mendoza.