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El director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, solicitó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) la anulación del proyecto Neptuno, la obra impulsada por la empresa pública que incluirá una planta potabilizadora y que estará a cargo de un consorcio privado.
Según la demanda, Ortuño presentó el recurso debido a que el proyecto "se resolvió por un procedimiento de urgencia, sin justificación razonable, y apartada de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Directorio, que supuso resolver un asunto trascendente y complejo, que implica asumir importantes riesgos y un costo millonario para la Administración, en 24 horas, sin tiempo para su debido análisis y estudio".
Otra de las razones fue que, según Ortuño, el directorio adoptó la "resolución sin contar con los informes de los servicios técnicos especializados de OSE correspondientes, ni tiempo razonable para estudio, análisis y asesoramiento sobre la documentación recibida 24 horas antes de su tratamiento, imprescindible para la toma de una decisión informada".
"Ninguna consecuencia grave se hubiera producido, si se hubiese resuelto el asunto con un tiempo suficiente – que diera todas las garantías necesarias- que permitiera analizar adecuadamente todos los aspectos sustantivos y determinantes que establecen las características, utilidad y conveniencia del proyecto finalmente puesto a consideración, con los informes técnicos imprescindibles", afirma Ortuño en la demanda.
"La forma y el tiempo de resolución definidos por la mayoría del Directorio con 24 horas para la lectura, el estudio y el análisis de la documentación y de la propuesta sometida a consideración, sin informes de los servicios técnicos de OSE correspondientes, impidieron adoptar una decisión con información necesaria para cumplir con la labor de emitir un voto informado, responsable y con apego a los principios de buena administración", agrega.
El 16 de noviembre, cuando anunció que iría a presentar el recurso ante el TCA, Ortuño sostuvo: "Por primera vez en 70 años potabilizaremos el agua en una planta que no será nuestra sino que será privada".
El proyecto fue presentado por cuatro empresas (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) en octubre de 2020 bajo un consorcio denominado “Aguas de Montevideo” y aceptado por el gobierno, que tras varios cambios y un estudio de factibilidad, resolvió que lo impulsará en una modalidad en la que los privados se encargarán de la construcción y el mantenimiento mientras que OSE se hará cargo de la operación.
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