Óscar Dourado, involucrado en abigeato: “Fuimos estafados y perjudicados”

"Todos los involucrados compramos el ganado de buena fe y a través de medios formales", aseguró a través de un comunicado que envió a la prensa. Según esta versión, Dourado y los otros productores realizaron el pago a través de escritorios rurales o pantalla, intermediarios en estas operaciones, "al precio promedio de la tabla de consignatarios en el momento". 

"Si bien el Código Rural establece que la propiedad del ganado se fija con la marca de fuego, en la práctica la misma quedó en desuso", alegó Dourado, y explicó que hoy en día el movimiento de estos animales se controla mediante guías y caravanas porque así lo exige la trazabilidad. Esta falta de concordancia entre lo que establece el Código Rural y los avances del sector es "un vacío", según el empresario.

En el comunicado también manifiesta que la única persona que cometió abigeato "se quitó la vida y es solo él quien podría esclarecer este hecho", en referencia al dueño del campo de pastoreo en el que habían dejado los animales. 

Finalmente, Dourado reiteró en el comunicado que tanto él como los demás empresarios rurales ignoraban la procedencia ilícita del ganado cuando se concretó la compra y que, cuando se enteraron, los devolvieron o pagaron al verdadero dueño. 

La explicación del caso

En diciembre de 2018 se inició la investigación cuando un grupo de productores rurales denunció que no encontraban 300 vacas preñadas que administraban —valuadas en US$ 180.000— y que habían dejado a cargo de otro ganadero para su pastoreo. Las autoridades policiales de Rocha se dispusieron a trabajar en conjunto con el Ministerio de Ganadería.

El dueño del campo de pastoreo en el que habían dejado los animales se suicidó en el transcurso de la investigación, informó a El Observador el jefe de Policía del departamento, Claudio Pereyra. Finalmente, la Policía logró dar con el paradero de gran parte de las vacas (unas 270) en varios campos del departamento de Rocha. “Se logró establecer que hubo algunas irregularidades en esas compras, en la documentación, en las guías de propiedad y tránsito, en las marcas y caravanas (de trazabilidad)”, explicó Pereyra.

Los animales habían sido vendidos a 13 productores rurales de la zona —entre ellos el presidente de la Gremial Única del Taxi— que pactaron o con la Fiscalía o con el denunciante. Ocho de ellos llegaron a un "acuerdo preparatorio" con la defensa de la empresa propietaria de los animales robados, y los restantes acordaron con la Fiscalía la suspensión condicional del proceso, es decir, dejar sin efecto el juicio a cambio de cumplir con determinadas medidas, como devolver los animales a sus legítimos dueños. 

Dourado forma parte del último grupo de productores, a los que la empresa legítimamente propietaria del ganado hará una demanda por daños y perjuicios, según manifestó el abogado de la firma, Paulo Priliac, a El Observador. Esta demanda está sustentada en que tanto Dourado como los demás productores devolvieron cerca de 60 terneros –que parieron en los últimos días los bovinos– cuando según los cálculos de la empresa debería haber recibido más. 

Según pudo saber El Observador, Dourado se encuentra en negociaciones con la empresa víctima de este hecho con el objetivo de llegar a algún acuerdo económico extrajudicial que le permita evitar la demanda civil.