La nueva gestión de gobierno comenzará a rodar oficialmente en menos de una semana y uno de sus ejes centrales será el área de economía. El equipo económico integrado por el Ministerio de Economía, y que tendrá un rol más protagónico de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Banco Central (BCU), manejará desde el vamos una agenda cargada de retos con la reducción del gasto público como prioridad. Al mismo tiempo deberá atender desafíos relacionados a la competitividad, la inflación, el empleo y la inversión, junto con otras reformas.
Como si esto fuera poco, el coronavirus se propagó a otros países y ahora dejó ser foco de atención de China (nuestro principal socio comercial) y ha puesto en vilo a los mercados, derramando una ola de pesimismo sobre la marcha de la economía global, además de ser un factor alcista para la cotización del dólar en la plaza doméstica.
Dentro del equipo económico hay un convencimiento que por el lado del gasto público hay varias ineficiencias sobre las cuales se puede echar mano apenas se tomen las riendas del poder el próximo lunes 2 de marzo, pero también son conscientes que el impacto de sus medidas sobre las principales variables deberían comenzar a dar sus frutos recién en 2021. Esto porque hay un efecto arrastre e inercia de la gestión actual con un Presupuesto del Frente Amplio que está culminando su ejecución y ajustes salariales que fueron definidos por la actual administración.
El gobierno electo no solo tendrá que instrumentar acciones concretas en dirección a revertir el deterioro fiscal, sino que deberá mostrar resultados rápidamente para mantener credibilidad. Las calificadoras de riesgo esperan por el plan de ajuste y por el proyecto de ley de Presupuesto que empezará a redactarse en días y deberá presentarse antes del 31 de agosto al Parlamento. Esta será una señal fundamental y piedra angular que las autoridades terminarán de pulir durante este semestre para cumplir los objetivos. Algunas calificadoras y analistas privados han puesto en duda que se pueda ejecutar un ajuste fiscal con impacto a corto plazo sin apelar a la suba impuestos como han descartado en más de una oportunidad las autoridades del futuro Ejecutivo.
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche reiteró el viernes pasado que el compromiso es ser más eficientes en el gasto para poder generar ahorros por US$ 900 millones en el sector público. “Eso es absolutamente posible. Ahí es donde se juega el partido más allá de los cambios institucionales que proponemos en la ley de urgente consideración. Generar ahorros depende del gobierno entrante, ya que este gobierno no ha sido capaz de realizarlos”, afirmó en rueda de prensa.
Cómo se comienzan a instrumentar esas medidas es algo sobre lo que las autoridades ya vienen trabajando hace meses. Ahora la tarea pasa porque los respectivos ministerios vayan interiorizando ese mensaje. Más allá de algún mecanismo legal a corto plazo que pueda aprobarse para reducir los gastos de funcionamiento del Estado, la tarea fundamental pasa porque el organigrama de los recientes designados, ministros, subsecretarios y directores transmitan ese mensaje de austeridad a sus carteras y controlen su puesta en práctica.
Presidencia
Otro de los temas urgentes refiere a la corrección de las tarifas públicas. Las nuevas autoridades ya manifestaron que habrá un ajuste en el precio de los servicios como forma de contemplar el aumento de los costos operativos de cada una de las empresas en 2019. De todas formas, se buscará que cada ente público haga el mayor esfuerzo para que ese aumento de precios sea el menor posible, pero siempre con el ojo sobre cómo ello pega en el resultado fiscal. Por otro lado, si bien el gobierno entrante se plantean introducir modificaciones en los mecanismos de fijación de las tarifas está claro que ello no ocurrirá al menos en este 2020.
Las pautas salariales
La nueva ronda de negociación colectiva es otro punto clave en el corto plazo. Los ministerios de Economía y de Trabajo resolverán en pocas semanas qué tipo de lineamientos guiarán los ajustes salariales en el sector privado. Entre 227 grupos que tienen convenios vigentes, hay 149 que vencerán dentro de los primeros seis meses de gobierno.
Según supo El Observador, para esa primera tanda de Consejos de Salarios el diseño de las pautas no tendría modificaciones significativas en comparación a las de la ronda pasada, que estuvieron basadas en ajustes nominales decrecientes más correctivos por inflación.
De todas maneras, no está claro si los mismo lineamientos se mantendrán para el resto de los grupos que deberán negociar con posterioridad y cuyos acuerdos caducan en diciembre de 2020 y a lo largo de 2021 o si habrá cambios en el modelo propuesto.
En enero pasado, el designado director de la OPP, Isaac Alfie manifestó su idea de analizar la posibilidad de una desindexación de los salarios en la medida que el sistema lo permita. “Es un problema de mediano plazo que requiere una coordinación bien importante. No son solo los salarios. Usted tiene que tener una política fiscal que respalde un programa de largo plazo para que esa desindexación sea consistente con una caída de la inflación y por lo tanto que no haya pérdida de salarios”, afirmó en rueda de prensa.
La inflación se aceleró casi un punto en 2019 y terminó el año en 8,8%. De esa forma quedó nuevamente por encima del rango meta (de entre 3% y 7%). Para 2020 no se espera una caída significativa de los precios. En los papeles se apunta a que la tendencia alcista del dólar (ahora exacerbado por el efecto coronavirus o la crisis de deuda que enfrenta Argentina) sumado a otros factores domésticos seguirá generando presiones alcista. Los pronósticos sitúan a la inflación en 8,2 % al cierre de este año y con una reducción a partir de 2021 que la llevaría a 7,7%, según la última encuesta de expectativas del BCU.
Es objetivo de las nuevas autoridades transitar gradualmente hacia una “meta creíble” de inflación que sea incluso menor a 5% (el centro del rango meta) hacia el final del período, según supo El Observador. Las proyecciones del equipo económico en estas y otras áreas se reflejarán con detalle en la ley de Presupuesto.
El elefante blanco
Otro de los temas donde las autoridades del equipo económico y el Ministerio de Trabajo esperan avanzar este año es sobre la reforma de la seguridad social. El objetivo que plantearon Alfie y el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres al presidente Luis Lacalle Pou en la primer reunión de gabinete de este mes, es que el proyecto de ley que se encargará de diseñar una comisión de expertos pueda ingresar al Parlamento antes de la primera mitad de 2021, y no para fines de ese año como se había sugerido en el anteproyecto de la ley de urgente consideración.
