Ningún general eficiente se lanza a la batalla sin una estrategia que anticipe los posibles vaivenes y consecuencias de la lucha y la forma de hacerles frente. Esta previsión fue omitida por el presidente Tabaré Vázquez en la fracasada declaración de esencialidad de la educación, con resultados que afectarán adversamente al gobierno y al país durante largo tiempo. El traspié mayor ha sido desequilibrar la balanza institucional a favor del corporativismo sindical y en detrimento de la imagen y autoridad del Poder Ejecutivo, empezando por su cabeza. Los triunfantes sindicatos tienen ahora más fuerza para imponer sus demandas. Aunque levanten la ola de huelgas y ocupaciones, como se espera, saben que podrán volver a recurrir a sus exitosas movilizaciones si el naciente presupuesto no les concede lo que piden.
Hay dirigentes gremiales que reconocen la necesidad de cierta moderación en las exigencias salariales, para más o menos alinearlas con la empeorada situación de la economía. Así quedó evidenciado en un acuerdo alcanzado días atrás pero rechazado de inmediato por las asambleas de docentes, que desautorizaron a sus delegados en la negociación con el gobierno. Este hecho impulsó a Vázquez a disponer la esencialidad, sin organizar previamente el manejo efectivo del previsible levantamiento sindical. La medida tomó por sorpresa no solo a los sindicatos sino a dirigentes del Frente Amplio y a miembros de su propia administración. Presionado por la airada rebelión sindical y por la oposición de sectores de su Frente Amplio, con la pobre enseñanza pública irremisiblemente quebrada por semanas de huelgas y sin instrumentos para llevar a la práctica el papel del decreto, finalmente el gobierno tuvo que dar marcha atrás. Quedó por el camino su reiterada afirmación de que solo levantaría la esencialidad si al mismo tiempo los docentes deponían su rebelión.
Lo ocurrido culmina un proceso de errores iniciado con la llegada del Frente Amplio al poder hace 10 años. Con la intención loable de mejorar las condiciones laborales, le tendió una mano a los sindicatos, que prontamente se apoderaron del brazo y ahora le han llegado al cuello. El gobierno ha quedado con poco margen de acción y en las semanas próximas tendrá que hacer piruetas financieras, con un presupuesto anunciado como austero, para atender las demandas salariales de sindicatos públicos, no solo en la educación sino también en otras áreas en conflicto que se subirán a la cuádriga triunfal de maestros y profesores.
El énfasis en los reclamos salariales, el acrecido músculo gremial y la paralela debilidad en que ha quedado el Poder Ejecutivo, por otra parte, alejan aún más la posibilidad de que el sistema público de enseñanza encare reformas que todos conocen y que son indispensables para sacar al país de su pavoroso atraso educativo, pero que los sindicatos docentes trancan desde hace años. Al resumir el control de daños que tendrá que intentar el gobierno, la directora de Secundaria, Celsa Puente, dijo que ahora hay que “zurcir con diálogo y trabajo responsable para que no queden heridas”. Pero los zurcidos son siempre remiendos. La responsabilidad ha estado ausente y nada asegura que aparezca. Y no será fácil restañar las profundas heridas que le han quedado al gobierno, a la resquebrajada enseñanza pública y al futuro de nuestros jóvenes, especialmente los de menores recursos, víctimas finales de todo este desaguisado.
