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El Brexit al borde del abismo

La Unión Europea pone fecha límite al proceso de salida de Reino Unido del bloque
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29 de marzo de 2019 a las 05:02

Podría decirse que ni el propio primer ministro David Cameron, imaginó que el referéndum realizado en Gran Bretaña el 23 de junio de 2016, desataría una crisis política de impacto internacional. Se trató de un grave error de cálculo del mandatario, ya que por razones vinculadas con la política interna y, sin tener la obligación de hacerlo, dejó en manos del pueblo una consulta extremadamente sensible y compleja.

Si bien los resultados del referéndum mostraron suma paridad, una porción importante de los ciudadanos británicos se dejaron llevar por una contaminada campaña que responsabilizó a la Unión Europea de los actos terroristas en Londres, de las pérdidas de puestos de trabajo por culpa de la inmigración, o de los elevados costos de sostener la burocracia comunitaria de Bruselas, entre tantos otros reclamos. Más allá de que se trata de situaciones con efectos negativos que atraviesa no sólo Gran Bretaña sino también gran parte de Europa, no es posible adjudicarle la responsabilidad absoluta al bloque europeo. Además, este enfoque deja de lado todos los beneficios económicos, comerciales, sociales y políticos, que el Reino Unido ha obtenido desde su ingreso a la Unión en 1973. 

Lo acontecido durante el proceso del brexit, debe enmarcarse en un fenómeno más amplio. Por un lado, la crisis generalizada de algunas instituciones y organismos internacionales, lo que derivó en una desconfianza creciente de los ciudadanos hacia el sistema. Por otro lado, los propios errores de la Unión Europea, que avanzó en un proceso de profundización de sus objetivos y ampliación de sus miembros, justo en momentos en que crecían los reclamos contra la conformación de una sola Europa de valores. 

Lo cierto es que una vez tomada la decisión y activado por parte de Reino Unido el artículo 50 del Tratado de Lisboa, se inició el proceso denominado brexit que debería culminar el 29 de marzo de 2019. Desde el primer día, los encargados de negociar los términos de la separación, comenzaron a valorar la magnitud de lo que tenían por delante y lo que este proceso implicaría desde el punto de vista del esfuerzo negociador. De hecho, si bien los gastos en burocracia fue uno de los argumentos para la salida, el gobierno británico tuvo que crear un ministerio para atender dichos asuntos, mientras que para Bruselas, pasó a ocupar el lugar número uno de la agenda interna e internacional.

Es bueno recordar que la Unión Europea es el proceso de integración más ambicioso que existe a nivel global, logrando alcanzar entre sus 28 miembros un mercado común que implica la libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios. Este nivel de integración derivó en una armonización de tal magnitud, que en los países europeos, la normativa que no es europea es la excepción y no la regla. 

Los hechos fueron demostrando la complejidad de alcanzar un acuerdo entre las partes, ya no solo por las negociaciones vinculadas a los aspectos comerciales (salida de la unión aduanera, acuerdos con terceros y mantenimiento de preferencias arancelarias, entre otros), los vinculados al presupuesto, los aspectos migratorios y laborales, la normativa europea, o el tratamiento de las inversiones, sino también en lo que la salida de la Unión implicaría en términos políticos y fronterizos. 

Al respecto de este último tema, la futura relación entre Irlanda e Irlanda del Norte tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (impactos por la eventual constitución de una aduana que vaya contra los acuerdos de paz de 1998), es hoy el principal escollo para que el Parlamento Europeo apruebe el acuerdo.

En definitiva, tras dos negativas del Parlamento británico al acuerdo presentado por la primera ministra May, se acordó solicitarle a la Unión Europea una prórroga para el 30 de junio, lo que el Consejo Europeo, máximo órgano político del bloque, negó rotundamente. El presidente del Consejo, Donald Tusk, anunció que se aceptaba la prórroga del plazo previsto en el Tratado de Lisboa para el 22 de mayo, siempre y cuando el Parlamento apruebe el acuerdo alcanzado entre las partes. De no cumplirse con ese requisito, Reino Unido abandonaría el proceso de integración sin acuerdo el próximo 12 de abril.

La decisión de los miembros europeos alega razones jurídicas y políticas, haciendo especial mención al límite que impone las próximas elecciones del Parlamento Europeo (23 al 26 de mayo), donde no se prevé la participación de Reino Unido. En estos días, May juega sus últimas cartas, confirmando su dimisión si se aprueba el acuerdo que busca nuevas alternativas para el caso irlandés.
Mientras los plazos corren, cientos de miles de británicos e inmigrantes que viven en Reino Unido, toman las calles reclamando un nuevo referéndum que evite la caída al abismo. 

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