El brexit: un final incierto

El origen de esta crisis política se remonta al voto por el brexit de hace dos años, porque si bien fue a favor de un divorcio con la Unión Europea, dejó abierta la relación de futuro entre una ruptura a secas o una asociación al estilo de alguno de los acuerdos de la UE con otros grupos de países.   

Para peor, la negociación con los europeos debió realizarse en un marco político muy complicado. La UE reaccionó con reticencia ante toda forma de contemplación a favor de los británicos, temerosa de sentar un precedente que pudiera alentar a la deserción de otros socios. La debilidad política de May desató un enfrentamiento al interior de los conservadores para apurar su sucesión. Los laboristas apuntaron a la censura al gobierno y la convocatoria a nuevas elecciones. En estas condiciones tan precarias May firmó un acuerdo que en buena medida consagró las condiciones mínimas que debían estar en un divorcio tan complejo.    

Para peor, la negociación con los europeos debió realizarse en un marco político muy complicado.

Así, se estableció un período de transición hasta el fin del 2020, que podría ser extendido de común acuerdo, a fin de darse tiempo para una  negociación de más largo alcance. Hasta entonces, el Reino Unido (RU) dejaría de pertenecer a las instituciones políticas de la UE y por tanto no participaría en sus decisiones, aunque continuaría cumpliendo con sus leyes. Entretanto, nada cambiaría en el libre movimiento de bienes y personas. .  

El RU se comprometió a cumplir con sus compromisos financieros con la UE, que se estima son de entre £ 45.000 y £ 60.000 millones, más £ 14.000 millones de pasivos contingentes. El total incluye la contribución normal de los británicos al presupuesto de la UE de los dos próximos años y la parte que le corresponda de los pasivos con vencimiento en años posteriores.  El acuerdo mantuvo los derechos existentes de residencia y seguridad social para los más de tres millones de ciudadanos de la UE en el RU y para el millón de británicos que viven en el continente. Además, ambas partes mantendrían la jurisdicción de sus respectivas cortes de justicia en la interpretación del acuerdo de salida, pero coincidieron en un arbitraje independiente para resolver las cuestiones eventualmente en conflicto. Para los partidarios de continuar una relación con la UE, estos términos eran aceptables y además dejaban abierta a varias posibles salidas alternativas a una unión aduanera. 

Pero el punto más conflictivo del acuerdo fue el que buscó evitar una barrera física entre Irlanda del Norte y la República del Norte, para permitir el libre movimiento de bienes y personas entre ellas y prevenir así un retorno a los conflictos del pasado. A esta coincidencia se agregó un “backstop” o salvaguardia, que se pondría en marcha si en el futuro no se lograse un acuerdo definitivo, obligando al RU a permanecer dentro de “un único territorio de aduanas “, sujeto a las reglas comunitarias. 

El RU se comprometió a cumplir con sus compromisos financieros con la UE, que se estima son de entre £ 45.000 y £ 60.000 millones, más £ 14.000 millones de pasivos contingentes.

En esta eventualidad, entre el RU y la UE no habría tarifas aduaneras, pero si los británicos quisieran imponer sus aranceles a las importaciones de otros países extracomunitarios, ellos no podrían ser mayores que los que les impone la UE.

El “backstop” levantó una resistencia generalizada, pese a que era una solución para mantener una unión aduanera entre ambas partes sólo si no se llegase a otra salida para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas al fin del período de transición. Puesto que es una disposición que no podría ser cambiada en forma unilateral, la oposición hizo hincapié en que su continuidad indefinida era una amenaza para la integridad británica al entregar la última palabra a Bruselas.    

Ante esta oposición, y después de haber superado la moción de censura, May ha iniciado una negociación con las autoridades de la UE para agregar al acuerdo original alguna forma de reaseguro legal de que el “backstop” no será permanente. Ello pese a que hasta ahora, los europeos se han manifestado en contra de todo intento de renegociación del acuerdo.

Si en este marco tan complejo, May logra alguna forma de satisfacción a su pedido, habrá que ver si ello le permite recuperar la adhesión de los diputados que acaban de votar en su contra, para lograr entonces la aprobación parlamentaria a su proyecto de acuerdo en ocasión de la votación que tendrá lugar antes del 21 del mes próximo. 

A la distancia, es muy difícil arriesgar un pronóstico sobre el grado de  probabilidad de que ambas instancias puedan ser finalmente superadas. 

En caso afirmativo, para bien o para mal, el Reino Unido habrá superado una cuestión fundamental para su futuro, a la espera de un nuevo liderazgo político, teniendo en cuenta que May ya ha anunciado su intención de renuncia antes de la próxima elección. 

En cambio, un resultado negativo habrá de precipitar al brexit y a la isla a una crisis política que, además de otras movidas, debería pasar por la convocatoria a un nuevo referéndum.