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El cambio a la reforma jubilatoria que pidió Cabildo Abierto y favorece a militares
Hay dos disposiciones centrales de la reforma de la seguridad social que conducen tanto a los socios de la coalición –en conversaciones informales– como al Frente Amplio a señalar a Cabildo Abierto por estar buscando, como trasfondo de sus exigencias, tener una bandera para esgrimir ante los militares.
El diputado de Fuerza Renovadora, Gustavo Olmos, publicó este lunes el impacto que las nuevas bonificaciones propuestas en el proyecto de ley del gobierno tendrían en determinados retiros de los militares, basado en los cálculos del economista Braulio Zelko, quien durante el último gobierno del Frente Amplio trabajó en la reforma de la caja militar de 2018 desde la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas.
Los números de la oposición concluyen que un sargento primero podría acceder a una tasa de reemplazo –relación entre la pasividad y el nivel de ingresos en actividad– 17% mayor de lo que podrían tener hoy sin dichas modificaciones; en el caso de un suboficial mayor, sería 12% mayor; 10% en el caso de los oficiales y 5% para los coroneles.
¿A qué se debe esa situación? La iniciativa, que aún está pendiente de ser votada en Diputados, faculta al Poder Ejecutivo a otorgar al personal militar combatiente y de comando una bonificación de siete años por cada cinco de servicio efectivo. Es decir que por cada cinco trabajados pueden computársele siete para la jubilación, lo que implica un suplemento de 40%.
Con el régimen vigente de la reforma de 2018, la bonificación es del 20%: se pueden computar seis por cada cinco trabajados. La duplicación –que equipara el caso de los militares al beneficio al que puede acogerse una parte del personal policial– se aprobó en la sesión del 28 de diciembre en que el Senado, con los votos del oficialismo, pasó el proyecto a la cámara baja.
Según reconstruyó El Observador, la medida –que no pasó por la comisión– fue un reclamo del senador cabildante Raúl Lozano a su colega blanco Sergio Botana, quien oficiaba esa noche de miembro informante. El legislador nacionalista fue quien hizo el nexo con el abogado Rodolfo Saldain, redactor de la reforma, quien terminó dando con la solución definitiva.
"A los cabos y los sargentos les retardan el retiro pero no los dejan llegar a los 65 años. Entonces quedaban con un ingreso más bajo que ahora. Como es el rango más meritorio, porque son los que estudian para conducir gente, para tareas de gestión, estudian para mecánico, albañil, decidimos que a esta gente no los podíamos matar. ¿Cómo lo logramos solucionar el terma de la baja densidad de aportes? Dándoles la bonificación", justificó Botana.
El director de los Servicios de las Fuerzas Armadas, Julio Ifrán, valoró semanas atrás como "muy importante" el nuevo artículo y recordó que "ya está establecido en la Comisión de Expertos en Seguridad Social que se deberían equiparar las bonificaciones del personal militar con las del personal policial". El subsecretario de Defensa, Rivera Elgue (de Cabildo Abierto), también defendió los cambios.
El último capítulo en torno a esa disposición fue el pedido de Manini Ríos a la ministra Azucena Arbeleche para que esas bonificaciones fueran una obligación. “Se entiende pertinente que no quede solamente como una facultad, sino que la misma sea establecida por ley”, indicó en el documento entregado durante las negociaciones con el Poder Ejecutivo.
Pese a que las conversaciones llegaron a buen puerto en otros aspectos, el gobierno no accedió a esa condición de Cabildo; en cambio, tranzaron en un punto medio para que la Comisión Técnica Permanente de los Servicios Bonificados –responsable de otorgar o no los suplementos– deba expedirse en 180 días.
Así lo transmitió Saldain a los diputados oficialistas –aunque no puso en duda los números esgrimidos por el FA, sí acusó que "da por bueno que el Ejecutivo hará uso de esa facultad– y confirmó El Observador.
"Esto tiene impactos fiscales", acusó el frenteamplista Olmos en Twitter. "Esta bonificación implica además un costo fiscal por el aumento del aporte patronal bonificado (que pasaría de 10,9% a 23,1%). Se trata de un cambio con impactos fiscales y en términos de equidad del sistema relevantes, que no fue respaldado técnicamente, y cuyos costos (pese a haber sido solicitados por la bancada del Frente Amplio) no fueron entregados por el MEF", añadió el diputado, quien en comisión había hecho la consulta.
Consultado por El Observador, Rodolfo Saldain reconoció que si se hace uso de la bonificación "va a implicar un mayor costo por dos vías: los complementos para las cuentas de ahorro de las personas comprendidas y porque implica mayor cantidad de años de trabajo, lo cual implica mayor jubilación también", indicó el redactor de la reforma, aunque aclaró que "no comprende oficialidad" y que el gasto solo puede verificarse una vez que se concedan.
Los años para el sueldo básico jubilatorio
El otro aspecto que en conversaciones informales de la misma coalición de gobierno lleva a interpretar como guiños de Manini Ríos a militares es la rebaja (de 25 a 20) de la cantidad de años considerados en el cálculo del sueldo básico jubilatorio, con el que luego se obtiene la tasa de reemplazo.
El diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, preguntó este lunes en la reunión con las autoridades "cuál es el impacto real de tomar el promedio de los 20 años dentro del promedio que hoy se toma en la caja Militar y en la Policial". "Ahí es donde existe la gran diferencia en cantidad de años", dijo.
Las dos instituciones toman hoy el promedio de los cinco mejores años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio, por lo que son las que tendrían el salto más grande a la hora de converger a un sistema previsional común, como establece el proyecto de ley.
Cabildo Abierto exigió en un principio que se tomara el promedio de los 15 mejores años para todo el régimen –bajo la premisa de que cuanto más atrás se toma, más baja será la pasividad– pero Manini Ríos moderó su reclamo al pedir los 20 mejores años, mientras negociaba con la ministra Arbeleche.
El gobierno defiende que aún con estos cambios la reforma "es mucho mejor que no hacer nada".
