La Cámara de Representantes dio media sanción a un proyecto de ley para defender el acceso a la anticoncepción en todo Estados Unidos, un texto impulsado por los temores de una decisión negativa de la Corte Suprema de mayoría republicana después de su cambio radical sobre el aborto.
El proyecto fue aprobado el jueves por 228 legisladores (todos los demócratas y ocho republicanos), mientras 195 republicanos se opusieron.
El texto ahora corre el riesgo de estancarse en el Senado, donde diez representantes republicanos de 50 tendrían que votar junto a los demócratas, lo que parece poco probable por las tensiones entre los dos partidos.
El dispositivo consagra en la ley federal el derecho a los anticonceptivos permitidos por las autoridades sanitarias, incluida la píldora del día después, fuertemente rechazada por los más radicales opositores al aborto.
También protege a los profesionales de la salud que recetan píldoras y DIU (dispositivo intra uterino).
El proyecto se introdujo como una emergencia después de la decisión del 24 de junio de la Corte Suprema de revocar el derecho al aborto que había estado garantizado durante casi cincuenta años, consignó la agencia de noticias AFP.
El juez conservador Clarence Thomas consideró entonces que otros derechos podrían ser revisados, incluido el de la anticoncepción o el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Si bien esta posición no parece ser compartida por la mayoría de sus colegas, ha despertado gran preocupación entre los legisladores demócratas, que se apresuraron a promover iniciativas legales antes de las elecciones intermedias de noviembre, en las que podrían perder el control del Congreso.
La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada dos proyectos de ley para garantizar el acceso al aborto, y otro el martes sobre el matrimonio homosexual.
Su ratificación por el Senado parece de todas maneras muy difícil.
El 8 de este mes, el presidente demócrata Joe Biden firmó una orden ejecutiva para proteger el aborto tras el controversial fallo de la Corte Suprema anulando ese derecho.
Pese a ello, el mandatario, que es católico, admitió que para una efectiva protección de esos derechos haría falta una ley federal que los consagrara, dando cobertura legal a las legislaciones estaduales.
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