El Congreso sancionó la enmienda que permitirá a Lula da Silva aumentar el gasto social
La iniciativa, considerada una “prioridad” por el próximo gobierno, habilita fondos por US$ 28.000 durante dos años para solventar ayudas a las familias más necesitadas
Luego de la aprobación en Diputados y del fuerte aval otorgado por el juez Gilmar Mendes del Supremo Tribunal Federal (STF), el Senado finalmente sancionó la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) reclamada por el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva y que le permitirá a su futuro gobierno a elevar el gasto social por encima del techo constitucional vigente.
La enmienda obtuvo en las dos sesiones en Diputados más de los 308 votos necesarios para su aprobación; y reunió en el Senado 63 votos a favor y 11 en contra también en dos votaciones. De esta forma, Lula da Silva contará con la herramienta necesaria para cumplir con su principal promesa de campaña, que consiste en mantener el plan Auxilio Brasil, heredero del plan Bolsa Familia implementado por el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en sus gobiernos.
El programa, lanzado por el presidente saliente Jair Bolsonaro implica una ayuda de carácter transitorio, que ahora se transformará en permanente como fue Bolsa Familia durante los dos gobierno de Lula da Silva, de R$ 600 (US$ 114) para las familias más necesitadas y un adicional de R$ 150 por niños y niñas menores de seis años.
Diputados ya había dado luz verde a la PEC al autorizar la liberación de R$ 145.000 millones (US$ 28.000 millones) fuera del tope de gastos en los próximos dos años para esas erogaciones, pero las negociaciones habían quedado trabadas en el Senado, recursos que han sido calificados como una “prioridad” por el gobierno entrante para enfrentar desde los primeros días los principales desafíos sociales de la mayor economía de América latina.
Según estima la Red Brasileña de Soberanía y Seguridad Alimentaria en base a datos oficiales, 33,1 millones de personas sobre una población total de 215 millones sufren hambre. En virtud de ello, el equipo de transición de Lula da Silva entabló una compleja y ardua negociación con el bloque legislativo de derecha conocido como “Centrao”, que mediante una red alianzas administra una parte sustancial del presupuesto federal de Brasil.
En la práctica, la aprobación del Senado llegó luego que Mendes considerara "jurídicamente posible" que "el eventual desembolso adicional de recursos con el objetivo de costear en 2023 el programa Auxilio Brasil puede ser viable mediante la apertura de crédito extraordinario", al considerar que “esos gastos no están incluidos en la base de cálculo y en los límites establecidos en el tope". Interpretación que abría la puerta para que el próximo gobierno gestionar los fondos incluso sin la aprobación del Congreso.
