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El derecho a llamarse república

Con un sistema político que prácticamente asegura que el Ejecutivo también tenga mayoría parlamentaria y con una ideología estatista, sin controles administrativos apropiados para las seudoempresas, la Justicia debe intervenir automáticamente.

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13 de marzo de 2018 a las 05:00

Gracias al accionar de un juez, que tuvo la inteligencia procesal de avanzar primero sobre el sector privado y luego recién refregarle en la cara al Estado su corrupción innegable, Brasil está haciendo honor a su denominación de República. Es cierto que ello le puede crear una situación política caótica, si el principal acusado, Lula da Silva se transforma en un instante en ex futuro presidente al terminar en la cárcel.

La revolución del juez Moro, con el inevitable recuerdo de la esperanzadora admonición de "aún hay jueces en Berlín" con que chocara Federico El Grande, recuerda a las nuevas generaciones desinteresadas en los detalles éticos, que un país se denomina república solo cuando en él los tres poderes se controlan y se limitan mutuamente. Y también enseña que la aplicación de la justicia no se puede ni debe postergar, retacear o alterar en nombre de otras consideraciones. El "roba pero hacen", o el "si va preso queman el país" o el temor al remanido alegato de persecución política –un cliché de los ladrones públicos– no tienen lugar en el ánimo de un juez ni de la justicia toda. O no debieran tenerlo.

Los griegos, que acuñaron los principios de democracia y república, creían en su mitología que la diosa de la Justicia, Themis, era ciega y, además, era hija directa de Urano y Gea, el cielo y la tierra, independiente de Zeus y de cualquier otro poder. Una forma de transmitir al pueblo los principios filosófico-políticos de los grandes pensadores.

Los otros socios fundadores del Mercosur deberían observar este proceso con algo más que una mirada escandalizada y de sorpresa. Frente a la decadencia cualitativa de la democracia, que ha transformado a la sociedad en una masa de pedigüeños y a los políticos en marketineros sin coraje, el concepto republicano aparece como el último baluarte de legitimidad institucional.

En ese contexto, Paraguay es un unicornio malévolo, ya que sus mecanismos de gobierno son misteriosos, siempre extraoficiales e hipócritas, una suerte de complicidad de toda la sociedad y una tolerancia incomprensible de sus socios que lo usan muchas veces como el santuario de la ilegalidad, el lugar donde lo negro se vuelve blanco, un milagro de la diplomacia universal. Basta analizar el crecimiento instantáneo de sus exportaciones agropecuarias en el momento exacto en que Cristina Fernández de Kirchner decidió sabotear al agro argentino. Su caracterización como república es un acto de voluntarismo.

Luego está el caso argentino, en el que este columnista es víctima experta, más que analista especializado. Al estar atravesada toda la política por la corrupción rampante –de la que el kirchnerismo no es el inventor sino un factor exponencial descarado e incompetente– el sistema judicial tiene ya incorporada esa endemia en su ADN. Cadenas de favores, juicios preventivos de autoconservación, chantajes de ida y vuelta y todo el sistema de protección de su retirada creado por la expresidente, que ahora actúa por su cuenta.

La Justicia argentina no controla a los políticos. Negocia con ellos, cualquiera fuera su signo partidario. Esto se verá claramente a medida que los mediáticos casos contra los ladrones kirchneristas devenguen en sobreseimientos, un modo de lavar el pasado delictivo por vía de la cosa juzgada. Tampoco avanzarán más allá de la pirotecnia tribunalicia los casos contra los funcionarios de Cambiemos, que parecen seguir usando en sus tareas públicas prácticas consideradas habilidades valiosas en el mundo privado, pero que son delitos en el sector estatal. Allí el concepto de República por ahora luce ser nada más que una formalidad para imprimir en los billetes de banco, sin que eso sea tomado en serio. Tampoco los billetes.

Uruguay parece tener otras características. Aquí debe hacerse la salvedad de que esta columna no dará un solo paso para disuadir la convicción profunda oriental de que en este medio no hay corrupción o ella no es representativa. No existen pruebas sólidas de lo contrario, ni tampoco hay cómo conseguirlas, de modo que tal intento sería poco serio, además de impiadoso. Pero sí es cierto que la necesidad de una justicia independiente y fuerte es todavía más importante en un país socialista, con gobiernos de inspiración trotskista y de alto control y participación del Estado en la economía, que además se arroga la potestad de manotear la riqueza y repartir equidad. Eso lo ha entendido claramente China, que ha emprendido una cruzada a muerte contra la corrupción, que probablemente fracase, de todos modos.

No es lo mismo el concepto de justicia que el sistema de justicia, cuando se habla de independencia y contralor entre los poderes. Cuando un funcionario es sospechado de una irregularidad y su acción es sometida a un ente partidario de conducta, eso es un hecho político, escasamente un acto republicano. Lo mismo vale si el órgano de contralor es administrativo, supuestamente apartidario, cuando los órganos administrativos responden a correligionarios políticos del sospechado.
Es común oír que esos son pasos previos y que lo mismo actuará la justicia. La experiencia dice que eso no es efectivo, que la actuación judicial es tan lejana de los hechos, las pruebas se han manoseado y manipulado tanto, la opinión pública se ha olvidado de tantas cosas, los "fallos" y recomendaciones de los tribunales partidarios son tan benévolos, que el resultado final no configura ningún tipo de contralor independiente, como requiere una república para ser tal.

Vale analizar el recientes ejemplo del caso de Gas Sayago, que es " investigada" por una comisión parlamentaria ad hoc, sin valor judicial ni penal alguno. La comisión pide datos sobre una cuestionadísima licitación. La empresa los envía, pero con un pedido de confidencialidad, que elevan sus "dueños" UTE y ANTEL, sin ninguna explicación para el secreto.

La confidencialidad es aprobada por la mayoría frenteamplista, obviamente, como en otros siete casos similares. Argumentos del presidente de la comisión: "evidentemente tiene que haber alguna razón de fondo, de lo contrario, no lo solicitarían". Posteriormente, y según informa El Observador, el diputado Walter Verri, colorado, que votó alineado con el Frente Amplio, sostuvo que no había razones para cambiar la costumbre.

Difícilmente pueda llamarse justicia a estos manejos. Ningún juez, ni de Berlín ni de Maldonado, aceptaría estos argumentos, ni tampoco los que se han esbozado para justificar la adjudicación. Se supone que en algún momento intervendrá o se expedirá el sistema judicial, pero si ello ocurriese, sería luego de la conveniente dilución del caso, y aún así, debería pasar por la prestidigitación estatutaria que también diluye las responsabilidades, ya que las decisiones conflictivas y cuestionadas habrán sido siempre tomadas por un colegiado difuso y anónimo, un Fuenteovejuna corporativo y confuso, no susceptible de sanción alguna.

Con un sistema político que prácticamente asegura que el Ejecutivo también tenga mayoría parlamentaria –ergo en las comisiones investigadoras– y con una ideología estatista, sin controles administrativos apropiados para las seudoempresas, la Justicia debería intervenir automáticamente en estos casos, sin perjuicio de todas las investigaciones o acciones de orden político que quiera realizar el Parlamento o los partidos. Esa intervención debe ser real, efectiva, instantánea y sin obstrucción legal o de ningún otro tipo. Y además, los órganos de conducción de esas empresas deben tener responsabilidades claras y exigibles, en caso de irregularidades.

Recién en ese momento se podrá lucir orgullosamente el nombre de República.
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