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El derrotero del narco uruguayo que coordinaba envíos de cocaína a Europa
El nombre de Javier Eduardo González Rivero, el narcotraficante uruguayo detenido en Bolivia este sábado y que es acusado de ser parte de una organización internacional dedicada al trafico de cocaína, era buscado por la policía uruguaya mucho antes de que se lo vinculara a las drogas. Con un antecedente penal que data de 2006 por la comisión de un delito de estafa, en 2008 González Rivero le dio una paliza a un hombre de su ciudad natal, Trinidad (Flores), y lo dejó al borde de la muerte.
Para evitar ser detenido por aquella golpiza, González Rivero abandonó el país, para refugiarse durante un tiempo en Argentina, y más tarde en Bolivia, donde se mantuvo prófugo por diez años hasta que este sábado personal de Interpol lo detuvo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, próximo al centro de compras de Ventura Mall. Y aunque llevaba un documento falso, en el que figuraba con el nombre de Javier Eduardo Cáceres González, los efectivos sabían que era el hombre que buscaban desde hace años, cuando descubrieron que se había convertido en un narcotraficante internacional capaz de movilizar cientos de kilos de cocaína con destino al redituable mercado europeo.
Una cosa lleva a la otra
En 2009 la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas llevó adelante un operativo, bajo el nombre de “operación Atlas”, que permitió la incautación de 85,5 kilos de cocaína, la cual fue requisada en un vehículo que circulaba por ruta 3 y en una vivienda de la ciudad de Trinidad. Un hombre que fue detenido en aquella operación y enviado a la cárcel por el delito de tráfico de droga, acabaría –sin saberlo–poniendo a González Rivero en la mira de la policía una vez más.
Uno de los narcotraficantes detenidos por la “operación Atlas”, preso en el Penal de Libertad, mantuvo contactos con una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína en la región, y el envío de producto a Europa. Aquellas conversaciones, que fueron escuchados por la policía en el marco de una investigación que llevaba adelante el por entonces juez del crimen organizado, y hoy fiscal de Corte, Jorge Díaz, guiaron a los investigadores hacia el uruguayo radicado en Bolivia.
Tras meses de escuchas telefónicas al hombre preso en el Penal de Libertad, en abril de 2011, la policía llevó adelante la operación Maia, que incluyó allanamientos en Cerro Largo, Lavalleja y Maldonado, y que terminó con la incautación de 180 kilos de cocaína y el procesamiento de cinco uruguayos y un colombiano.
Los delincuentes descargaron la droga arrojándola desde una avioneta en un campo de Cerro Largo. Los efectivos, que vigilaban la operativa, esperaron a que cargaran la cocaína en dos autos y se retiraran del lugar, de modo de interceptarlos en la ruta. La investigación permitió determinar que los uruguayos eran los encargados de recibir el paquete de droga, al tiempo que el colombiano, que estaba radicado en Cardona, debía coordinar la logística.
De todas formas, dos ciudadanos uruguayos radicados en Bolivia habían sido los encargados de coordinar toda la operativa desde el exterior, dijo entonces Díaz en entrevista en radio El Espectador. “Las personas están identificadas y por la información que tenemos tienen documentación falsa por lo que dependemos de las autoridades internacionales para su captura”, había dicho el magistrado.
Esa información, de que circulaban con documentación falsificada, fue clave para capturarlos casi diez años después. Ahora, González Rivero deberá responder ante una Justicia que había logrado eludir.
Cada kilo de cocaína tiene un valor en el mercado minorista en Europa que asciende a US$ 40 mil, según señalaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.
