El dilema entre más o menos regulación

Es común encontrar por ahí sentimientos extremos sobre los mercados. Hay quienes los aman y quienes los odian. Quienes entienden que en ellos se encuentra la clave del crecimiento y la prosperidad, y quienes prefieren depositar su confianza en los brazos protectores de un Estado fuerte y activo.

Los mercados son construcciones sociales maravillosas. Son un instrumento muy potente para fomentar la innovación y el progreso mediante la competencia. Sin embargo, muchas veces esos mercados poseen limitaciones que hacen que el resultado de esa disputa entre agentes no conduzca a un óptimo desde el punto de vista del bienestar de la sociedad.

Son varios los ejemplos de mercados en los cuales los desequilibrios de fuerza –o información– entre oferentes y demandantes llevan a que existan ventajas que van en desmedro de los intereses de la sociedad. Justamente para defender la competencia y los incentivos que se buscan fomentar con la buena salud de los mercados es que el Estado debe tener un rol activo en la regulación.

El equilibrio entre la libertad de los mercados y su regulación es el desafío que tiene todo gobierno. Si bien el peso del componente ideológico en esa actividad es grande e inevitable, hay un amplio campo para la intervención del saber técnico, capaz de entender las consecuencias de las distintas acciones y su efecto sobre la economía, la sociedad y las propias instituciones.

El remedio mal administrado puede ser peor que la enfermedad. Y cuando el diseño de la regulación no cuenta con un estudio serio y desinteresado de la problemática sobre la cual actuar, se corre el riesgo de pagar como sociedad un costo mayor que el que supone la inacción.

Por eso, ante cambios en la regulación siempre es fundamental conocer la fundamentación técnica que hay de fondo, más allá de la medida en sí. Es común en otros lados del mundo que un cambio normativo se vea acompañado por estudios publicados por los cuadros técnicos de la dependencia pública involucrada en el proyecto. Esos estudios tienen el valor de poder ser escrutados por expertos y son una base sobre la cual discutir. Pero en Uruguay no es común que esos estudios se hagan públicos, por más que las autoridades hacen permanente referencia a su existencia.

¿Cuál es el fundamento técnico detrás de que la Intendencia de Montevideo topee la cantidad de vehículos en el transporte por aplicaciones? ¿Qué consecuencias desde el punto de vista de los incentivos tienen las nuevas restricciones a los usuarios para cambiar de mutualista? ¿Cuál es el impacto social de limitar el uso de efectivo?

Una política pública bien diseñada no solo implica trazar una hoja de ruta para su implementación sino también una serie de objetivos realizables y sobre todo cuantificables, a partir de la cual evaluar sus resultados. La transparencia de esas metas y esas mediciones resulta fundamental para evaluar la capacidad de un gobierno a la hora de gestionar el poder.

No explicitar esos resultados le permite a las autoridades declarar exitosa cualquier política, incluso las que tuvieron resultados negativos. Al mismo tiempo, ayuda a justificar lo injustificable y abre la puerta a que intereses corporativos se cuelen por la ventana del marco regulatorio y se inscriban reglas a su favor.

Uruguay debe profesionalizar la gestión. Y eso no pasa por más o menos regulación. Eso tiene que ver con la transparencia, con darle sustento técnico a las decisiones y comunicarlo sin reservas. De actuar sobre la base de un diagnóstico, pero también evaluar resultados y corregir lo que haya que corregir.