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El error de la Justicia por el que liberaron a Sebastián Marset antes de tiempo
"Revócase por contrario imperio el decreto 191/2018, dejándosele sin efecto por no corresponder", zanjó la Justicia el 9 de mayo de 2019. Con ese decreto, el Poder Judicial asumía el error que había cometido el 26 de febrero de 2018 cuando liberó al narcotraficante Sebastián Marset, según consta en el expediente judicial al que accedió El Observador.
Marset había cumplido la pena que le correspondía por traer cocaína desde Bella Unión y Buenos Aires (le incautaron cerca de 200 kilogramos en el marco de la Operación Halcón). Lo habían detenido en flagrancia el 11 de octubre del 2013 y estuvo preso por ello hasta los primeros días de 2018. Si bien había sido condenado a 5 años y 6 meses de prisión, logró reducir pena por trabajo y estudio, luego de haber pedido la libertad condicional varias veces y que se le fuera negada.
Pero en mayo de 2019, la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard pidió al Instituto Técnico Forense (ITF) que le enviara la planilla de antecedentes judiciales de Marset. Allí constaba que tenía pendiente cumplir una pena de prisión de siete meses por receptación (esa sentencia había quedado firme el 24 de setiembre de 2013) y otra de 2 años y 9 meses por posesión de sustancias estupefacientes para no consumo (que había quedado firme el 12 de agosto de 2016).
Si bien las dos sentencias estaban firmes antes de que liberaran a Marset, esa descoordinación hizo que la Justicia no lo notara y lo liberara antes de tiempo. Tampoco se percató de ello el fiscal del caso, Luis Pacheco, que había pedido a la jueza que le extinguiera la pena. De hecho, el segundo expediente mencionado recién fue enviado desde el juzgado original hasta el juzgado de Crimen Organizado el 29 de marzo del 2019, cuando Marset ya estaba en libertad.
La pena por la Operación Halcón, figura como extinta en el expediente (porque esa sí la cumplió), a diferencia de las otras dos.
Una vez que en la Justicia se dieron cuenta del error, comenzó un periplo judicial en el que la Fiscalía pidió, a la luz de la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, unificarle las causas y formular una nueva pena a cumplir. El fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco pidió que la pena inicial, que era de 5 años y 6 meses, aumentara a 8 años y 6 meses (por todas las causas). La abogada de Marset, Mónica Umpiérrez, solicitó que fuera de 7 años. Pero la jueza Adriana Chamsarian le dio la razón a Pacheco el 23 de agosto de 2019 y la fijó en 8 años y 6 meses (siempre con el descuento de la prisión cumplida).
Umpiérrez en ese entonces pidió la libertad condicional de Marset, que ya hacía casi un año y medio que estaba libre, para que este no tuviera que volver a prisión. El saldo de pena que le faltaba por cumplir era de 2 años, 11 meses y 26 días, según un informe del juzgado de Crimen Organizado. Si se le hubiera aplicado la libertad condicional, tendría que haber estado vigente hasta el 28 de diciembre del 2020.
Pero el 17 de setiembre de 2019 asumieron la defensa del narco Alejandro y Carlos Balbi, que cambiaron la estrategia: pidieron revocar la solicitud de libertad condicional y apelaron la sentencia que unificaba las penas. En el tribunal de apelaciones consiguieron una rebaja, la pena unificada quedó fijada en 7 años y 10 meses (con el descuento de lo ya sufrido por la Operación Halcón).
Esa misma semana el juzgado había pedido que se averiguara sobre las condiciones de vida de Marset. Desde la jefatura de policía le respondieron con un informe que resume que estaba todo en orden, seguía viviendo en el lugar donde había fijado domicilio y según declaró su madre, había vuelto a trabajar.
En 2020 tanto el fiscal Pacheco como la jueza Chamsarian entendieron que le correspondía el beneficio de la libertad condicional (porque con lo que había cumplido en la cárcel ya había pasado dos tercios de la condena), que vencía el 28 de abril de ese año. En octubre la fiscalía pidió la extinción de la pena, cosa que la misma jueza concedió el 16 de octubre de 2020.
Qué hizo Marset luego de su liberación
En 2018 se le imputó el cargo más grave cuyo sobreseimiento lo ayudó a desembarcar en Paraguay. La fiscal de Atlántida Darviña Viera lo acusó de haber matado a su mejor amigo de la infancia por un problema de drogas. La víctima, que el 14 de agosto de ese año había ido a cenar con su cuñado, empezó a chatear con Marset después de cenar y lo citó para juntarse en el complejo de Las Toscas en donde vivía quien luego resultó asesinado.
Se reunieron en ese lugar y la víctima le pidió al cuñado que lo esperara en el auto. Cuando se estaba cambiando de asiento, el cuñado sintió un fuerte ruido y vio a un hombre disparándole a la víctima. Declaró que no había podido ver su cara porque estaba demasiado oscuro. El hombre pidió no morir en la calle, según el testigo que no dijo quién le disparó.
Estuvo preso en forma preventiva un par de meses, luego quedó liberado y la fiscalía pidió el sobreseimiento de Marset más de un año después por falta de pruebas. Fuentes de la causa dijeron a El Observador que tenían el convencimiento de que Marset lo mató porque entendía que le había robado pero no tenían pruebas para demostrarlo.
Marset actualmente es señalado por las autoridades por ser el "gerente de la Hidrovía" Paraná-Paraguay y el cabecilla del Primer Cartel Uruguayo (PCU) que saca cocaína al mundo a través de esa ruta fluvial. Además, es indagado por ser el presunto autor intelectual del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien lideró el operativo antidrogas más grande de la historia de Paraguay, donde cayeron varios socios de Marset.
